Suiza pacta abrirse a la transparencia para evitar la tacha de paraíso fiscal.

Un acuerdo de última hora con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ha salvado a Suiza de recibir un soberano varapalo en materia de transparencia fiscal e intercambio de información tributaria. La amenaza de sanciones ha resultado clave para una apertura, al menos sobre el papel, en el tradicional candado suizo de la que ahora deberán tomar nota otros refugios fiscales que se encuentran bajo la lupa de la OCDE.Las negociaciones tienen su origen en los debates preparatorios del Peer Review ("Revisión entre iguales") sobre el régimen fiscal de la Confederación que la OCDE ha estado elaborando desde octubre de 2010. En el marco del mandato dado por el G20 en el verano de 2009, el organismo multilateral viene realizando informes, país por país, del grado de cumplimiento del estándar OCDE sobre transparencia e intercambio de información tributaria. En los primeros análisis (ver NEGOCIO del 18/11/09 y 03/02/11), países como Panamá, San Marino o las Islas Seychelles habían obtenido ya un sonoro suspenso de los inspectores de la OCDE, que obligaba a estos refugios fiscales a adaptar su legislación en cuestión de meses para no caer en la temida lista de países "no cooperativos". A la conclusión de los informes, aquellos estados que quedaran dentro de la lista negra estarían sujetos a proverbiales sanciones del G20 o de cualquier país miembro de la OCDE. En el caso de Suiza, y como queda reflejado en un documento que el Gobierno helvético trasladó en abril a la Asamblea Nacional (Parlamento), la OCDE también encontró motivos sobrados para el suspenso, pero esta vez -dado el peso político y económico del país alpino- la organización decidió negociar. La modificación legal acordada se basa en el protocolo de intercambio de información acordado con Estados Unidos hace un año, después de la amenaza de Washington de retirar la licencia al banco suizo UBS en EEUU si no aportaba datos sensibles sobre miles de clientes estadounidenses con cuentas en el Estado centroeuropeo.A partir de ahora, Suiza aceptará que el país que reclama la información tributaria sensible identifique al contribuyente requerido ofreciendo su nombre y dirección, o "por cualquier otro método", como podría ser una cuenta bancaria o un número de pasaporte. Además, la administración tributaria helvética permitirá que el país solicitante no identifique al sujeto o empresa que pudiera poseer la información requerida (un banco, generalmente) si ese Estado no cuenta con su identidad. En un buen número de ocasiones, explica el portavoz de los inspectores de Hacienda Francisco de la Torre, esas trabas hacen "imposible" el intercambio efectivo de información. El propio informe del Gobierno helvético a la Asamblea Nacional remarca que las modificaciones en la cláusula de intercambio de información con terceros países se deben cometer "con el fin de tener éxito en la primera fase del peer review y evitar cualquier acción en contra de la economía suiza en el G20". Líneas rojas El Gobierno de Berna no dará su brazo a torcer en otros aspectos conflictivos de la norma. Así, aclara que seguirá manteniendo sus preceptos sobre la protección jurídica de las personas involucradas en la solicitud de información, y que podrá llamar a la puerta de tres bancos ante una solicitud de asistencia informativa, pero "no va a preguntar a los 300 bancos que operan en Suiza"; es decir (ver información adjunta), que no aceptará solicitudes masivas. Con estas mejoras legales el Ejecutivo suizo da por seguro el visto bueno de la OCDE a su esquema legal en el informe que el organismo multilateral presentará durante la reunión del Foro Global sobre Transparencia a celebrar los próximos 31 de mayo y 1 de junio en el archipiélago caribeño de Bermudas. Suiza pasaría a la 'fase dos' del análisis, sobre cumplimiento efectivo de los acuerdos de intercambio. Para Eduardo Gracia, socio responsable de fiscalidad en Ashurst, los cambios anunciados por Suiza marcan el "mínimo" que impone la OCDE, y del que deberán tomar nota ahora otros refugios fiscales. En ese sentido, las modificaciones previstas suponen, según Gracia, "un gran avance", al favorecer un intercambio de información "mucho más real y efectivo". Aunque los inspectores consideran que el paso de Suiza "no es suficiente", De la Torre entiende que otras fórmulas de presión, como la amenaza de inclusión del país helvético en listas nacionales de paraísos "no serían realistas" para estados como España, con "relativo poder de negociación".

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