La Comisión de Hacienda del Congreso dio ayer el visto bueno a los tres proyectos de ley que integran la reforma fiscal con el único voto favorable del PP. CiU y PNVse abstuvieron después de pactar enmiendas transaccionales y el resto de la oposición voto en contra. Los acuerdos cerrados a última hora supondrán una mejora para pensionistas, autónomos y reducirá el IVA de los comedores escolares. En un primer momento, la reforma fiscal contemplaba que las personas que se hubieran jubilado antes de 2011 tendrían derecho a aplicar una reducción del 30% -antes era del 40%- si rescataban su plan de pensiones en forma de capital (de golpe) antes del 31 de diciembre de 2016. Fecha que finalmente se amplía hasta el mismo día de 2018. La reducción se aplica sobre las aportaciones realizadas antes de 2006. En cualquier caso, este beneficio fiscal se mantiene siempre que el partícipe rescate de golpe su plan de pensiones en el momento de la jubilación o en los dos ejercicios siguientes.
Finalmente, el Gobierno aceptó una propuesta de CiU para dejar exento de IVAel servicio de comedor escolar cuando es prestado por terceros. Actualmente, solo estaba bonificado totalmente si el comedor era gestionado por el propio colegio. Además, estarán exentos los servicios de guardería fuera del horario escolar. El grupo nacionalista también pactó con el Gobierno que los autónomos puedan deducirse la totalidad de las aportaciones por contingencias comunes a mutualidades alternativas al RETA. Hasta ahora, se limitaba al 50%.
Otra novedad es que los beneficiarios de becas para investigación concedidas por fundaciones bancarias no deberán tributar en el IRPF por la ayuda recibida. CiU también acordó con el Gobierno establecer una reducción del 85% de la base imponible del impuesto especial sobre la electricidad en aquellas actividades industriales cuyo consumo energético represente al menos el 6% de su valor de producción. Inicialmente, el porcentaje era del 3%. La medida beneficia especialmente a empresas papeleras.
La mayoría de enmiendas de la oposición fueron rechazadas y se aprobaron la treintena presentadas por el PPa instancias de Hacienda. Una de ellas implica acatar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró contrario al derecho comunitario el trato fiscal que reciben los no residentes en el impuesto sobre sucesiones. Las comunidades tienen amplia competencia sobre este tributo y han aprobado diversas deducciones y bonificaciones. Sin embargo, los no residentes aplican la legislación estatal, que contempla menos beneficios fiscales. Para la Unión Europea supone un trato discriminatorio que un contribuyente alemán que hereda una vivienda en Baleares, Madrid u otra comunidad autónoma pague más que los residentes en esos territorios.
El cambio normativo aprobado ayer en el Congreso acaba con esta situación. La medida también beneficia a aquellos contribuyentes residentes que heredan un bien situado en el extranjero y que, hasta ahora, también aplicaban la legislación estatal y no la de su comunidad autónoma de residencia. En el impuesto sobre el patrimonio, los no residentes también están sujetos a la legislación estatal y, por lo tanto, no pueden beneficiarse de las deducciones aprobadas por las comunidades autónomas. Por ejemplo, Madrid bonifica al 100% el tributo. Para evitar otra sentencia contraria de los tribunales europeos, Hacienda también incluyó una enmienda a la reforma fiscal para poner fin a esta discriminación. Otra novedad introducida durante el trámite parlamentario es el envío de un borrador de declaración a los no residentes.
La parte esencial de la reforma fiscal no sufrió ningún cambio en el Congreso. Hacienda tiene interés en que el texto normativo se apruebe cuanto antes para que las empresas tengan margen suficiente para aplicar en las nóminas de enero la reducción fiscal del IRPF. El portavoz de Hacienda socialista, Pedro Saura, lamentó la ausencia diálogo del PP y aseguró que el Gobierno ha optado por “pasar el rodillo”. En su opinión, la reforma tributaria beneficia a los ricos frente a la clase media y baja. Hacienda, en cambio, asegura que son las rentas bajas quienes salen ganando. Según las estimaciones del Gobierno, la reforma del IRPF permitirá un ahorro de 5.980 millones entre 2015 y 2016
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