Las empresas pagarán a plazo el coste fiscal inicial de la nueva contabilidad.

La pretendida neutralidad fiscal del salto a las nuevas reglas contables quedará reconvertida en un pago a plazos. La Comisión de Economía del Congreso daba ayer luz verde al proyecto de la ley de medidas fiscales que incluye cambios en el impuesto de Sociedades referidos a la nueva contabilidad. Gracias a una enmienda de CIU transaccionada con el PSOE, el coste tributario de la llamada "primera aplicación" del plan contable se repartirá, anualmente y a partes iguales, entre 2008 y 2010. La medida, según fuentes tributarias consultadas, beneficiará especialmente a los grandes grupos volcados en la internacionalización que en le pasado se vieron en la necesidad de dotar provisiones por filiales en horas bajas, yque posteriormente comenzaron a dar buenos resultados. Con el nuevo plan contable, las plusvalías tácitas que surgen deben tener un reconocimiento fiscal inmediato, y ese impacto tributario es el que ahora el Congreso ha acordado diferir. La Comisión de Economía discutía ayer más de un centenar de enmiendas planteadas al proyecto de ley de supresión del gravamen del Impuesto de Patirmonio, tributo que se dejará de abonar a Hacienda con efectos 2008. El proyecto, transformado ya en toda una ley de acopañamiento a los presupuestos por la variedad de la normativa fiscal que revisa, incluye también una medida de calado para el desahogo del tejido empresarial: el establecimiento de una libertad de amortización de inversiones vinculadas con la actividad económica y que desarrollen en 2009 y 2010 empresas que mantengan al menos dos años el volumen medio de su plantilla. La libertad de amortizacón, un instrumento de diferimiento de impuestos que permite rebajar considerablemente la carga fiscal en el primer año de la inversión o atemperar la factura en varios ejercicios, no es una herramienta nueva y, de hecho, en tiempos de bonanza económica era comúnmente utilizado por las pymes, a las que Hacienda había decidido premiar cuando creaban empleo. Como apunta el director del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Luis del Amo, siendo muy positiva, la nueva medida puede "anular" el incentivo creado para las pymes, dado que ahora sacarán el mismo beneficio simplemente conservando puestos de trabajo. En materia de IVA, los pactos parlamentarios han eliminado el peaje fiscal creado por el proyecto de ley en los casos de fusiones de entidades financieras. En origen, la revisión normativa introducida por Hacienda no hacía sino trasladar a la normativa nacional jurisprudencia europea, pero la fórmula y el momento escogido por Tributos, con un proceso integrador de las cajas de ahorros ya iniciado, ha llevado al PSOE a dar marcha atrás en el Congreso a un cabio legal que sujetaba al impuesto al sector financiero, sector que, por sus características, no sepuede deducir más que una parte del IVA que soporta. EL IVA exprés. Dentro de las revisiones parlamentarias al articulado destaca igualmente la decisión de permitir a las empresas que figuran dentro del régimen especial de grupos de entidades -permite compensaciones tributarias internas- salir del mismo antes de febrero de 2009 sin cumplir el plazo mínimo de permanencia de tres años. Mediante esta salvedad normativa se pretende facilitar el acogimiento al nuevo régimen de devoluciones mensuales de IVA, un sistema que ha llevado a Hacienda a reclamar la rápida tramitación del proyecto de ley, de manera que el modelo pueda ponerse en marcha según lo previsto, el 1 de enero próximo. De los pactos políticos ha salido también la decisión de eliminar un precepto que daba a la Agencia Tributaria seis meses de plazo para investigar, si así lo considera oportuno, a las empresas acogidas a la devolución mensula del IVA. La Comisión de Economía ha entendido que Hacienda podría así generar retrasos en las devoluciones que hicieran inutil el sistema, pero algunos expertos creen que ha resultado peor el remedio que la enfermedad, dado que el sistema de vigilancia actual permite que "la inspección aproveche cualquier argucia para congelar el pago y devolver cuando quiera". El cambio propuesto por el Ministerio, señalan los mismos expertos, "al menos daba a los inspectores un plazo máximo de seis meses para retrasar la devolución" mientras buscaba posibles fraudes. Las enmiendas han incluido, a su vez, mejoras en IVA para las entidades sin ánimo de lucro, y permiten solicitar reintegros del impuesto liquidado y no cobrado tras un años de espera -antes dos-. El proyecto de ley pasa ahora el trámite del Senado, donde el PSOE ya vaticina nuevas modificaciones.