La UE obliga a las empresas españolas a devolver ayudas fiscales

Ya es oficial. Las empresas españolas que aplicaron la última variante de las bonificaciones fiscales a la adquisición de compañías en el extranjero deberán abonar al Estado los impuestos que pagaron de menos en ejercicios anteriores, según anunció ayer la Comisión Europea en un comunicado.

Esta decisión cierra una investigación iniciada en 2013 sobre una práctica autorizada por la Hacienda española: la amortización del fondo de comercio de las empresas extranjeras adquiridas a través de un hólding empresarial. Esta amortización disminuye contablemente el beneficio bruto de la compañía y automáticamente reduce los impuestos.

La Comisión no ha desvelado el nombre de las compañías implicadas, pero algunos han ido trascendiendo. La autorización de Hacienda se produjo tras una consulta de Telefónica sobre la posibilidad de aplicar la bonificación a la compra de la operadora brasileña Vivo. Banco Santander, por su parte, llevó este caso al Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), que a su vez ha trasladado una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo. La concesionaria de autopistas Abertis, por su parte, también aplicó esta figura fiscal por la compra de la francesa Sanef. Un portavoz de la compañía aseguró ayer que la decisión “tendrá un pequeño impacto en caja”, aunque éste será “bastante menor” de 20 millones de euros.

Fuentes de las empresas afectadas apuntan que no tiene sentido esta decisión de Joaquín Almunia de publicar este expediente a pocos días de que se conozcan las sentencias de la justicia europea de los expedientes anteriores, que, si son contrarias a la Comisión, anularían el nuevo.

El Gobierno, por su parte, minimizó el impacto. “No es un problema demasiado importante para nadie”, aseguró ayer Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, quien “tomará las medidas oportunas” tras estudiar el caso.

La de ayer, es la tercera vez que Bruselas declara ilegal alguna variante de estas ayudas. La primera fue en 2009 cuando declaró ilegal esta bonificación en compras directas de empresas de la Unión Europea; y la segunda en 2011 cuando amplió la medida a las compras de empresas de fuera de la UE.