El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) avaló ayer la decisión de 2013 de la Comisión Europea que declaró ilegal el sistema español de bonificaciones fiscales para los inversores en astilleros, conocido como tax lease, y obliga a España a recuperar el dinero.
La Justicia europea ha fallado así en un nuevo capítulo de un asunto que se remonta a 2013, cuando el entonces comisario de Competencia, Joaquín Almunia, pidió a las autoridades españolas que recuperaran las ayudas concedidas a los astilleros entre 2007 y 2011 tras concluir que este régimen vulneraba las normas de la UE en materia de ayudas públicas y alegar que Hacienda lo otorgaba de forma discrecional.
El Ministerio de Hacienda que capitaneaba en ese momento Cristóbal Montoro calculó que las ayudas que habían sido concedidas bajo este sistema fiscal y que debían ser recuperadas ascendían a 126 millones de euros, cifra que la Comisión puso en duda por considerar muy superior, lo que secunda Miguel Muñoz, socio responsable de procedimientos tributarios de PwC Tax & Legal Services. Cabe señalar que el sector naval español facturó 3.000 millones anuales de media entre 2007 y 2011 y que los créditos fiscales proporcionaban una reducción del precio de los buques de entre el 20% y 30%.
En todo caso, Alberto López, socio director de Fiscal de A&J Internacional, señala que la sentencia no afecta directamente a los astilleros y no van a tener responsabilidad, al igual que los armadores, pero sí los inversores.
La sentencia publicada ayer puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), la instancia superior, en un plazo de dos meses y diez días. La patronal de pequeños y medianos astilleros Pymar anunció ayer que va a recurrir.
El sistema denunciado hace siete años por Bruselas permitía generar créditos fiscales a las empresas que invertían en la construcción de buques para su posterior arrendamiento y venta a navieras, que a su vez los compraban con descuento. Las empresas rebajaban su factura fiscal, los astilleros recibían pedidos y generaban empleo y las navieras adquirían barcos más baratos.
El dictamen que ahora se revoca respondió a un recurso interpuesto por el Gobierno español contra el Ejecutivo comunitario y otro de Lico Leasing y Pymar, pero existen otros 63 de unas 80 empresas. Entre las empresas afectadas, están Telefónica, Santander, BBVA, Inditex, Gas Natural, Caixabank, Bankia, Banco Sabadell, Ikea, Eroski, etc. Alfonso Lamadrid y Rafael Calvo, socios de Garrigues que representan a más de 40 de ellos, señalan que pase lo que pase con el recurso, el caso seguirá vivo porque la sentencia apunta que hay argumentos de sus recursos que no trata, como la posible responsabilidad del armador.
La primera sentencia del TUE señaló que “la Comisión erró al declarar que existía una ventaja selectiva”, ya que podía ser obtenida por “cualquier operador”. Pero este fallo fue recurrido de nuevo por la Comisión ante el TJUE, que en 2018 ordenó al Tribunal General revisar el caso al considerar que no se había pronunciado sobre todos los motivos del recurso.
Almudena López del Pozo, consejera de Pymar, cree que “la sentencia no afecta en modo alguno al actual sistema de tax lease, que está plenamente vigente y que ha sido bendecido por la Comisión y los Tribunales Europeos. A pesar de lo anterior, no compartimos la sentencia, que no es firme y que recurriremos. Nos parece injusta y en contra, una vez más, de la industria naval española. Mientras tanto, y abundando en el trato desigual, el sistema holandés continúa sin investigarse”.
Fuente: EXPANSION
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