Hacienda debe preguntar por las dietas a la empresa y no al trabajador

No sólo los directivos, sino también miles de trabajadores reciben de manera habitual dietas por gastos de comidas, transporte o alojamiento, ya que sus obligaciones laborales les exigen realizar parte de sus tareas fuera de la oficina.

Estos pagos, que no tributan por IRPF siempre y cuando se cumplan determinados requisitos, están en el punto de mira de la Agencia Tributaria, que desde hace un par de años ha generalizado las inspecciones para comprobar que el gasto realmente se ha producido y que, además, está relacionado con la actividad laboral. 

Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 29 de enero, en un caso que ha llevado Ausum Asesores y Abogados, obliga a Hacienda a cambiar su forma de proceder ante tales comprobaciones. A partir de ahora, deberá acudir a la empresa, y no al trabajador, para probar la realidad del desplazamiento y sus motivos.

Para estos procedimientos de chequeo, el Alto Tribunal establece, por tanto, que se acuda a la empresa pagadora y no al empleado, ya que “es la propia compañía la que debe conservar la prueba de dichas dietas y, además, tiene la obligación de retener (o no) en función de la prueba que le aporte el empleado, por lo que es la que está en mejor posición para poder justificar que dichas dietas estaban exoneradas de gravamen”, según explica Alicia Lorenzo, socia de Ausum.

Termina así lo que la abogada encargada del caso califica de cierta indefensión ante estos procedimientos, puesto que “lo normal es que no tuvieran las pruebas necesarias para justificar que esas dietas cumplían los requisitos del Reglamento del IRPF para estar exoneradas de gravamen”. No en vano, lo habitual cuando se justifican gastos por parte de los empleados es entregar los documentos probatorios a los responsables de estas funciones de una empresa que, por otra parte, puede que ya no se trabaje en ella en el momento de la comprobación por parte de Hacienda.

El Supremo va más allá y señala, según indican desde Ausum, que “es a la Administración a quien se traslada la carga de la prueba y a quien corresponde, por tanto, acreditar la exclusión de exoneración de tales dietas, y ello en base a los principios de facilidad y disponibilidad probatoria de que dispone”.

Fuente: EXPANSION

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