Guipúzcoa insiste en que mantendrá el Impuesto sobre el Patrimonio.

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La Diputación de Guipúzcoa, gobernada por PNV y EA, anunció ayer su deseo de descolgarse del acuerdo institucional alcanzado por los ejecutivos forales y el Gobierno vasco en torno a algunas cuestiones claves en el panorama fiscal. Así, mientras que la vicelehendakari anunció el pasado miércoles la decisión de suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio, el gabinete que preside Markel Olano ha decidido «mantenerlo y reformarlo». No es la única discrepancia. Fuentes de la Hacienda guipuzcoana declararon ayer a EL CORREO que sigue vigente la intención de aumentar la presión fiscal del Impuesto sobre la Renta -mediante la elevación del tipo de gravamen superior, que pasaría del 45% al 46% - y de cuestionar la continuidad de la desgravación de 400 euros para todos los asalariados, pensionistas y autónomos. En síntesis, hacer justo lo contrario de lo que han previsto Vizcaya y Álava y que, aparentemente al menos, cuenta con el respaldo del Gobierno vasco. Descoordinación. La coordinación de las reformas fiscales en Euskadi se ha convertido en un auténtico "carajal" desde hace ya algunos años, ante la incapacidad del Departamento de Hacienda del Ejecutivo autónomo de poner orden en los debates, conseguir que estos sean discretos y, sobre todo, garantizar el cumplimiento de los acuerdos. La consejería que dirige la "número dos" del Gobierno Vasco, Idoia Zenarruzabeitia, se ha convertido en una especie de oficina notarial: toma nota de los pactos y asiste impasible a la ruptura de los mismos, que no suele tardar mucho en llegar. El primer indicio grave de esta situación de descontrol se produjo en la segunda mitad de 2007, cuando se pactó la reforma del Impuesto sobre Sociedades y se decidió rebajar el tipo de gravamen del 32,6% al 28%. EA declaró la guerra a esta rebaja, provocó su bloqueo y, lo más importante, consiguió incluso que el PNV guipuzcoano se alinease con ella en la defensa de un tipo del 30%. El diputado general de Guipúzcoa, el peneuvista Olano, que compareció junto a Zenarruzabeitia el pasado miércoles, no manifestó entonces discrepancia alguna. Han bastado sin embargo 24 horas para que su Diputación se desmarque otra vez de los acuerdos institucionales. Analistas políticos consideran que detrás de estos movimientos hay razones profundas y muy ligadas al posicionamiento de cada formación de cara a la convocatoria de las elecciones autonómicas en la próxima primavera. Así, apuntan, hay que entender la presión que realiza EA en ese territorio, con propuestas fiscales propias no ya de la socialdemocracia sino incluso de la izquierda más asentada, como un intento de marcar diferencias y de explorar la posibilidad de pescar votos en el caladero abertzale más radical. El PNV, añaden quienes defienden esta hipótesis, "simplemente no se atreve a plantar cara a la situación y navega como puede en medio de una permanente indefinición". Se buscan apoyos. El problema, sin embargo, tiene ya dimensiones exageradas. Así, mientras que la Diputación de Guipúzcoa sostiene que va a mantener el Impuesto de Patrimonio, lo cierto es que no ha hecho una previsión de ingresos para 2009 sobre este gravamen. Al menos, los documentos que ha aportado para construir la previsión de ingresos fiscales del próximo año en el conjunto de la comunidad autónoma no tienen referencia alguna a este impuesto. Resulta, por tanto, extraordinariamente dificil adivinar cuáles son las intenciones reales. Para complicar todo un poco más, el gobierno de Olano no tiene aún definidas las alianzas políticas que necesita para sacar adelante esta reforma fiscal. Sí parece haber conseguido, sin embargo, una incipiente aproximación al Partido Popular para aprobar, un año más tarde de lo previsto, la rebaja del Impuesto de Sociedades. Como ya es conocido, Eusko Alkartasuna ha aceptado dar marcha atrás en la postura que había mantenido durante meses y admite rebajar el tipo al 28%. Por otra parte, el diputado general y el titular de la cartera de Hacienda de Guipúzcoa, Pello González de EA, comparecieron ayer ante las Juntas Generales de este territorio para explicar el impacto de la crisis económica en las cuentas públicas. El fisco guipuzcoano va a recaudar este año 247 millones de euros menos de los que había presupuestado.