El Gobierno español está utilizando todos los recursos a su alcance para que las empresas españolas que realizaron adquisiciones en el extranjero puedan aplicarse las bonificaciones fiscales que se diseñaron para tal fin, a pesar de que la Comisión Europea las ha vetado en repetidas ocasiones.
El pasado 5 de junio, el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), integrado en el Ministerio de Hacienda y dependiente de él, planteó dos cuestiones sobre este asunto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Como la opinión de esta institución judicial es vinculante tanto para los Estados como para la Comisión, la petición del Gobierno podría acabar dejando sin efecto varias decisiones del Ejecutivo comunitario que limitaban esta ayuda tributaria.
La bonificación fiscal en cuestión es la amortización del fondo de comercio de las compañías extranjeras adquiridas por empresas españolas. Esta amortización permite reducir contablemente el beneficio bruto de una compañía y, automáticamente, rebajar su factura con el Fisco. La Comisión Europea ha cuestionado el sistema en tres ocasiones: en 2009 cuando declaró ilegal esta bonificación en adquisiciones de empresas de la UE; en 2011 cuando amplió la medida a las compras de empresas de fuera de la UE; y en 2013, cuando inició una investigación sobre la aplicación de esta ayuda en el caso de compras realizadas de forma indirecta (a través de un hólding empresarial), y las prohibió preventivamente.
La petición del Gobierno
Concretamente, el organismo del Ministerio de Hacienda inquiere al Tribunal Europeo sobre la legitimidad de aplicar esa ventaja fiscal, y pregunta si no debería anularse la medida adoptada por la Comisión en 2013. La petición de decisión prejudicial forma parte de un proceso iniciado por Banco Santander, pero el TEAC no tenía ninguna obligación de llevar el asunto a la justicia europea.
Precisamente hoy se espera que la Comisión Europea anuncie la conclusión de la investigación de 2013. Según publicó ayer el diario El País, el Ejecutivo comunitario declarará ilegal la bonificación, prohibirá su aplicación futura y obligará a las empresas que la han aplicado a abonar los impuestos no pagados. Según esta información, empresas como Telefónica, Banco Santander, Iberdrola, Abertis y la filial española de AXA se verían afectadas.
El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, quiso quitar hierro ayer a esta medida. Según Ferre, España se ha limitado a aplicar dos “decisiones” de la Comisión y aseguró que el impacto de los incentivos será reducido porque desde 2012 Hacienda ha recortado esta exención del 5% al 1%. Precisamente, en marzo de 2012, días antes de endurecer este tipo de deducciones en el Impuesto sobre Sociedades y de anunciar la amnistía fiscal, el Fisco permitió a las multinacionales aplicarse este potente incentivo de forma retroactiva.
Fuentes jurídicas manifestaban ayer su sorpresa por las cuestiones planteadas, ya que el TEAC pregunta por una decisión, la de 2009, que España no recurrió y, por tanto, acató. Además, la otra decisión, la que se inició en 2013, no se va a resolver definitivamente hasta hoy.
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