El pacto para establecer un tipo mínimo del impuesto de sociedades alcanzado este fin de semana por los ministros de Finanzas del G7 supone, desde el punto de vista internacional e histórico, un paso inédito en pos de establecer unas reglas tributarias comunes en la aldea global, mientras que, en clave nacional, podría acelerar una parte crucial de la reforma fiscal que planea el Gobierno español. En concreto, según confirman fuentes oficiales, si acuerdo fructifica en un consenso internacional en las próximas semanas, España tratará de fijar el tipo mínimo de Sociedades ya desde 2022, adelantándose en un año al resto de grandes medidas impositivas que baraja.
Todo dependerá ahora del calendario internacional. Tras el acuerdo sellado por los titulares de Finanzas de EE UU, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Italia y Japón este sábado en Londres, se espera que los líderes de dichos países ratifiquen el acuerdo en la Cumbre del G-7 del próximo fin de semana en Cornualles (Inglaterra) como antesala a su impulso en el G-20, que se reunirá en julio en Venecia.
Será entonces cuando se termine de definir el universo de multinacionales sujeta a la medida, previsiblemente en función de su facturación anual y el porcentaje de esta que se produzca fuera de su país de origen. Deberá pactarse también definitivamente el tipo mínimo a aplicar, si bien todo apunta a que la cifra ganadora será el 15% defendido por Estados Unidos, que rebajó su propuesta inicial del 21% para amarrar un mayor consenso.
La Administración de Joe Biden no solo ha sido clave para desencallar un debate que llevaba años bloqueado por la postura contraria de su antecesor en la Casa Blanca, Donald Trump, sino que se ha convertido en una de las más proactivas en imponer el tipo global como fórmula para financiar sus ingentes planes de reactivación económica posCovid. Su empuje, reforzado ahora por el G-7 y previsiblemente en las próximas semanas por G-20 promete poner sobre la mesa un acuerdo multilateral en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) este mismo año.
De atarse, el Gobierno español tiene la intención de convertirse en uno de los países pioneros en la fijación del tipo mínimo, y de hacerlo ya desde 2022 si el calendario lo permite, admiten a este diario desde el Ministerio de Hacienda.
Después de todo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya venía posicionándose a favor de establecer un tipo mínimo de sociedades del 15% en el ámbito nacional antes si quiera de la vía libre al acuerdo global. La medida llegó ser incluida en el plan presupuestario para 2019 pactado por PSOE y Unidas Podemos que el Congreso acabó tumbando propiciando la primera de las dos elecciones generales de aquel año. Pero el plan siguió en el cajón a la espera de ser retomado.
La crisis abierta por el Covid, sin embargo, llevó al nuevo Gobierno de coalición a posponer esta medida, eliminándola de las cuentas de 2021. Para este ejercicio se mantuvo solo la rebaja del 100% al 95% de la exención sobre dividendos de filiales. En 2019, el Gobierno estimó que ambas medidas recaudarían unos 1.700 millones de euros mientras que el gravamen sobre dividendos que se ha acabado aprobando prevé recaudar 473 millones en 2021. Es decir que los antiguos cálculos del Gobierno apuntaban a una recaudación anual cercana a los 1.300 millones por el tipo mínimo de sociedades para el contexto precrisis.
Sin embargo, el nuevo Observatorio Fiscal de la UE rebajó la pasada semana esta cifra a solo 700 millones de incremento de la recaudación española por un pacto global sobre sociedades.
A falta de ver si el Gobierno cuenta con respaldos parlamentarios suficientes como para impulsar unos Presupuestos nuevos para 2022, el pacto global podría llevarle a impulsar el tipo mínimo mediante una regulación específica a fin de que esté operativo en el arranque del próximo año. La medida supondría una importante alza fiscal para las grandes compañías multinacionales un año antes de la puesta en marcha de la gran reforma tributaria que Hacienda baraja impulsar en 2023, siempre que para entonces es haya recuperado el nivel de PIB precrisis, y que debe iniciar el recorte de la brecha de ingresos con la UE. Todo depende ahora de la cuenta atrás hacia el pacto global.
EL ESQUEMA QUE MONTERO YA TRATÓ DE IMPULSAR
España cuenta con un tipo nominal del impuesto de sociedades del 25% para todas las compañías, independientemente de su tamaño y operativa global, excepto para banca y petroleras, a las que se aplica un tipo del 30%. Al estimar que gracias al uso de beneficios fiscales y otras estrategias tributarias el tipo efectivo que acaban pagando las compañías se sitúa de media muy por debajo de estos umbrales, el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez ya trató de impulsar un tipo mínimo del 15% en general, y del 18% para entidades financieras y de hidrocarburos, que facturasen más de 20 millones. La medida se incluyó en el fallido plan presupuestario de 2019, que rebajaba el tipo nominal de las pymes (con facturación de hasta un millón) al 23%. El nuevo Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos ha mantenido la intención de promover un tipo mínimo, si bien la crisis del Covid-19 le llevó a aparcarla temporalmente. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llegó a anunciar en abril que estudiaría retomarlo de cara a 2022 aunque no hubiera pacto global si bien luego matizó que esperaría a oír al comité de expertos para la reforma tributaria, que se pronunciará en febrero.
Fuente: www.cincodias.com
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