El impuesto a las grandes fortunas, desde enero y de forma “temporal”

El Gobierno se ha decidido finalmente por crear un nuevo impuesto temporal como fórmula para pedir una contribución fiscal adicional a las mayores fortunas del país en el marco de la crisis inflacionista. Así lo anunció ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzando que su intención es tener el nuevo tributo en vigor el próximo 1 de enero. “Al igual que ha ocurrido en los impuestos a energéticas y banca, trabajaremos en una fórmula temporal”, detalló la ministra, lo que supondría replicar una vigencia acotada a dos ejercicios. Sin embargo, la ministra ya matizó que “posteriormente las circunstancias dirán si es necesario o no prorrogarlo”.

El objetivo del Gobierno es “pedir mayor esfuerzo a quienes más tienen” en “estos momentos de dificultad” marcados por el alza de precios que ha agravado la invasión rusa sobre Ucrania para seguir apoyando “a las clases medias trabajadoras” con medidas como la bonificación de los carburantes, la gratuidad de los transportes, el incremento de las becas o la rebaja fiscal de la factura energética.

Para ello, el Ejecutivo ha decidido crear una figura extraordinaria y temporal, como ya ha hecho al impulsar nuevos impuestos a banca y energéticas (llamado este último a ser sustituido por el propuesto por Bruselas). Igualmente, la idea es que su lanzamiento se vincule “a la entrada en vigor el 1 de enero de todo lo que son las obligaciones fiscales”, expuso Montero.

Al tratarse de una figura de nueva creación, su tramitación deberá de efectuarse en paralelo, pero por separado, de la del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que no puede ser usado para introducir nuevos impuestos.

“Hay que dejar trabajar a los técnicos”, pidió Montero al ser preguntada sobre cuáles serán los contribuyentes potenciales del nuevo impuesto y de qué forma someterá a gravamen sus fortunas. La ministra se limitó a matizar que “cuando hablamos de ricos estamos hablando de personas millonarias”, de gravar “al 1%” de los contribuyentes en favor de los intereses del otro 99%. Está por ver, en todo caso, a qué universo de ciudadanos se refiere la ministra. El número de “millonarios” –con patrimonio superior a un millón de euros– asciende a 1.132.000 personas en España, según Credit Suisse, mientras que el 1% de contribuyentes del IRPF supone algo más de 400.000 personas, y el tributo que históricamente ha gravado la riqueza en España, el Impuesto de Patrimonio, no llega a los 220.000 declarantes.

Patrimonio es un tributo estatal cedido a las comunidades autónomas que se aplica sobre las fortunas superiores a 700.000 euros (una vez descontados 300.000 euros del valor de la vivienda habitual). A partir de ahí, las comunidades tienen potestad para modular el alcance del gravamen y, de hecho, Madrid viene bonificándolo al 100%, lo que supone su inaplicación de facto. El reciente anuncio de Andalucía de que seguirá sus pasos, y el de Murcia de que estudia hacerlo, es el detonante que ha acelerado los planes tributarios del Ejecutivo. Ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó que la propuesta de estas dos regiones “realmente beneficia al territorio más poderoso por el efecto capitalidad, Madrid”.

Aun así, la ministra aseguró ayer que en Hacienda llevan “semanas trabajando de forma silenciosa” en el proyecto y fuentes de su departamento aseguran que el impuesto a los ricos hubiera visto la luz aunque el PP no hubiera reabierto el debate sobre la fiscalidad de la riqueza. Ahora bien, el gran problema que afronta Hacienda al diseñar el tributo es precisamente la necesidad de evitar una doble tributación, pues la nueva figura será complementaria a Patrimonio.

En el caso de los nuevos tributos a banca y energéticas, el Gobierno sorteó el riesgo de colisionar con el gravamen sobre beneficios que ya pagan en el Impuesto de Sociedades optando por una “prestación patrimonial pública de carácter no tributario” sobre el margen neto de intereses de las entidades financieras y la cifra de negocio de las energéticas. Pero en el caso de las grandes fortunas es difícil encontrar una base imponible efectiva diferente a la que ya grava Patrimonio.

Desde Unidas Podemos celebraron ayer el proyecto, que aseguraron desconocer, y lamentaron que Hacienda no aceptara la propuesta que lanzaron en junio y que ya abordaba este problema: un impuesto para fortunas de más de 10 millones con ocho tramos de gravamen y tipos del 3,6% al 5% (a partir de 150 millones). A partir de ahí, la cuantía modularía en función de si el contribuyente ya paga Patrimonio, fórmula que permitiría a Hacienda suavizar el solapamiento sin crear una figura discriminatoria que solo se aplique donde no opera Patrimonio como en Madrid o Andalucía. Anteriormente, Podemos también abogó por impulsar un gravamen del 2% sobre los patrimonios de más de un millón, cuyo tipo se elevaría al 2,5% desde los 10 millones; el 3% desde los 50 y el 3,5% a partir de 100 millones. Hacienda podría inspirarse ahora en algunas de las fórmulas del socio minoritario del Gobierno, si bien es poco probable que adopte su objetivo de recaudar 10.000 millones por esta vía. Las subidas fiscales a rentas altas aplicadas por el Ejecutivo en esta legislatura, la creación de un nuevo tramo de IRPF desde 300.000 euros y de otro desde los 200.000 sobre los rendimientos del ahorro, apenas han recaudado por ahora 339 millones.

Podemos y ERC, entre otros socios parlamentarios del Gobierno, reclamaron ayer que el tributo se haga permanente. Este promete ser un pulso relevante en la tramitación de la norma, cuya modalidad se decidirá en función del calendario. Lo normal sería que el Gobierno presentase un proyecto de ley para crear el tributo, si bien para ahorrarse los informes preceptivos y acelerar el proceso podría optar por dejar que sea registrada como proposición de ley por los grupos que sustentan al Gobierno, como ya hizo con los tributos a banca y petroleras. De hecho, la opción más rápida disponible, que no se descarta, es agregar el nuevo impuesto a grandes fortunas como enmienda a esa iniciativa durante el trámite parlamentario ya abierto. Todo dependerá del plazo que maneje Hacienda, que si quiere gravar las fortunas de 2022 y hacer caja en 2023 deberá tener la figura aprobada antes de final de año. De lo contrario, el tributo podría no liquidarse hasta 2024.

El anuncio de Hacienda fue tachado de “error” por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que pidió la desaparición de Patrimonio. Por su parte el Gobierno de Madrid, donde las grandes fortunas se ahorran 992 millones al año por la bonificación de Patrimonio, tildó el nuevo tributo de “injusto” y “destructivo”.

El tributo podría estar vigente dos años e incluirse como enmienda al de banca y energéticas

Fuente: EXPANSION

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