El comité de expertos que ha designado Hacienda para la reforma de la financiación autonómica pedirá que se armonice el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y que se cree un IVA colegiado para las CCAA. Estos son dos de los asuntos en los que los sabios han llegado a un acuerdo, a falta de cerrar otros en los que hay posturas encontradas antes de finalizar su informe. Estos expertos se reúnen hoy para abordar una de las principales cuestiones en liza: una eventual quita autonómica que cada vez gana más adeptos en el PSOE. El informe debería ser presentado a Hacienda a finales de julio. Hasta la fecha, ya se han alcanzado varios consensos.
En lo que respecta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, los expertos coinciden en la necesidad de armonizarlo. Se trata de uno de los tributos que generan más polémica ante la gran diferencia, de más de 30 puntos, entre lo que gravan comunidades como Andalucía y Asturias y otras como Madrid y Canarias, en las que está prácticamente bonificado en su totalidad, y los expertos coinciden en la necesidad de armonizarlo. Su propuesta es que el tipo se sitúe en una horquilla de entre el 3% y el 10%, lo que obligaría a Madrid y a Canarias a subirlo y a Andalucía y a Asturias a bajarlo.
Estas diferencias han dado lugar a una batalla entre presidentes autonómicos, que estalló en la Conferencia de Presidentes del pasado enero, en la que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, cargó contra “el dumping fiscal” de la Comunidad de Madrid. La dirigente socialista apuntó hacia una armonización “al alza” y se mostró en contra de recortar los máximos. Las protestas de ciudadanos afectados por los elevados tipos del impuesto en su comunidad le han llevado a declarar: “Que Rajoy se quede con el impuesto de Sucesiones porque ya está bien de engañar a los ciudadanos”.
La Comunidad Valenciana se ha sumado también a la exigencia de una armonización fiscal. Su presidente, Ximo Puig, asegura que existe una fuga de rentas y patrimonio desde su comunidad autónoma hacia la capital, aunque no ha ofrecido datos al respecto. El líder valenciano ha llegado a tildar a Madrid de “paraíso fiscal”.
En cambio, Madrid defiende la libertad en las competencias fiscales. Asegura que la baja tributación es consecuencia de la eficiencia en la gestión y un premio a los ciudadanos, además de haberse comprobado como un modelo que permite “la creación de empleo y la solidaridad autonómica”, como indica la presidenta regional, Cristina Cifuentes. Señala que pese a tener impuestos bajos son los que más recaudan, como en el IRPF. Baleares es el único territorio gobernado por los socialistas que se ha mostrado en contra de la armonización fiscal. Su presidenta, Francina Armengol, pide profundizar en el autogobierno, también en materia fiscal.
Estas diferencias finalmente parecen no haber afectado a los expertos, que han logrado un consenso en lo que respecta a la armonización de Sucesiones.
Esta propuesta es muy similar a la que ya planteó el comité de expertos que asesoró a Hacienda en la reforma fiscal de 2015. Aquel grupo de sabios, hizo una propuesta respecto al Impuesto sobre el Patrimonio que también se ha valorado ahora: su supresión, aunque finalmente parece que se ha optado por mantenerlo como está (ver información adjunta).
Una de las iniciativas más novedosas que presumiblemente contendrá el informe es la creación de un IVA colegiado. Esto es, una parte del tipo impositivo se decidiría –por unanimidad o mayoría muy cualificada– por las propias autonomías. La recaudación se destinaría en un 50% a un fondo de financiación autonómica.
El modelo, elaborado por el economista Ángel de la Fuente, prevé sustituir los actuales porcentajes de cesión del IVA por un modelo de un tramo independiente con tipos fijados por las comunidades por unanimidad. De este modo, se dotaría de mayor responsabilidad a las autonómicas en otro de los grandes impuestos.
Los ingresos del tramo autonómico se integrarían en un Fondo Básico de Financiación que sustituiría a los actuales fondos de Suficiencia, Cooperación y Competitividad. Es decir, habría un único fondo de nivelación vertical que reduciría la desigualdad en términos de financiación por habitante.
La institución encargada de adoptar la revisión será el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o algunos organismos vinculados al Senado. Esta iniciativa ha sido finalmente aprobada porque las comunidades creen que puede ser útil en situaciones de crisis tener la posibilidad de operar sobre el IVA y ante necesidades por la caída de ingresos y para la prestación de servicios públicos. Sin embargo, va a contar con un voto particular de Baleares, que se ha mostrado contraria a la medida.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de febrero la creación de la Comisión de Expertos para la reforma de la financiación. El comité de sabios sobre financiación autonómica cuenta con un representante de cada comunidad autónoma y con otro miembro en representación del Gobierno central. La presidencia recae en el catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Jaén, Manuel González Sánchez.
A propuesta del Estado también participan en la comisión la catedrática de Hacienda Pública de la Universidad de Cantabria, Natividad Fernández; el director de Fedea, Ángel de la Fuente; la profesora María Antonia Monés, y Manuel Lagares.
La rebelión de las ocho comunidades gobernadas por el PSOE y por Cataluña en el CPFF del pasado 29 de junio, que se ha mantenido a pesar de que Hacienda relajó a la semana siguiente los objetivos de déficit para 2018 y 2019 una décima, respectivamente, salvo en el caso de Extremadura, es un síntoma de que va a ser complicado que haya el consenso necesario para que la reforma de la financiación autonómica llegue a realizarse y entre en vigor en 2018, como preveía Hacienda. De hecho, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, trata de ligar la tramitación de los Presupuestos de 2018 a la reforma de la financiación para atraer al PSOE, sin demasiado éxito hasta la fecha.
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