Trabajo quiere perdonar multas de hasta 187.000 euros a los ‘sumergidos’.

El plan contra la economía sumergida que prepara el Ejecutivo tiene una doble cara: la de recompensa y la de castigo. Por ahora, el Gobierno ha centrado más su atención en esta última, con el anuncio de que se redoblarán las sanciones a quienes contraten trabajadores irregulares. Ahora bien, el programa en ciernes también contempla "la exención de sanciones administrativas" para las sociedades que operan en B, según el borrador de trabajo al que ha tenido acceso EXPANSIÓN. Esta medida abre la puerta a que se perdonen -total o parcialmente- multas de hasta 187.815 euros. El Ejecutivo está estudiando este plan con los agentes sociales, a los que ha puesto al corriente de las líneas maestras que está dispuesto a tocar. Entre ellas se incluye el compromiso de que "las empresas que se acojan voluntariamente al proceso de regularización no serán objeto de sanciones administrativas por la declaración y reconomiento de los derechos de los trabajadores afectados y de la Seguridad Social". La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) en vigor considera como una "infracción grave" no haber dado de alta a un trabajador local (esto es, a un residente nacional) y penaliza esta acción con sanciones de entre 629 y 6.259 euros por empresa. Si el empleado es de origen extranjero, se tilda de "muy grave" y la empresa en cuestión está obligada a pagar entre 6.251 euros y 187.815 euros por cada trabajador en situación irregular. Pese al impacto económico, los juristas consultados quitan hierro a la medida, porque es una práctica habitual que a una sociedad que aflora economía sumergida se le condone la sanción correspondiente, con tal de que se comprometa a ponerse al día con los pagos de la Seguridad Social y otros impuestos. Es decir, siempre y cuando estén dispuestos a cooperar. Otro de los puntos de la amnistía que intenta llevar a buen puerto el Ministerio de Trabajo tiene que ver, precisamente, con los pagos de las cuotas sociales. El Ejecutivo plantea "la concesión de procesos especiales y ágiles sobre las cuotas de Seguridad Social derivadas de la regularización durante un periodo amplio", así como "la exención de los recargos por mora y facilitar la contratación". Lo que no detalla el borrador -seguramente el primero de muchos- es si a la Seguridad Social le saldrán a cuenta estas recetas: por un lado perderá recaudación vía recargos y, por otro, ganará nuevas altas de cotizantes si el plan es exitoso. Los laboralistas consultados ven como una nota positiva el hecho de que, a diferencia de lo que ocurrió con el programa de regularización de inmigrantes de 2005, el Gobierno quiere permitir que los empleados que afloren tengan cualquier tipo de contrato (temporal o indefinido), un argumento clave para las empresas indecisas. Pese a que quedan cabos por atar, el Gobierno deja clara su convicción de que la regularización en ciernes tiene que presentar "suficientes estímulos positivos por sí mismo, más allá de la mera percepción negativa del anticipo del incremento de las sanciones", que entrará en funcionamiento tras el periodo de gracia y se anunciará con campañas publicitarias.El Ministerio de Traabjo quiere pisar el acelerador: considera que "la pérdida de ingresos públicos del trabajo no declarado dificulta la reducción del déficit". Hacienda: ¿'Poli bueno o poli malo' de esta campaña? Una de las grandes incógnitas del plan para aflorar empleo sumergido es qué papel desempeñará Hacienda. El secretario de Estado del ramo, Carlos Ocaña, dejó claro durante la presentación de la Campaña de la Renta 2010 que su división seguirá tratando igual a quienes afloren su actividad. Es decir, sancionando cuando se debe. La actitud de Hacienda es, a priori, contradictoria con el espíritu benévolo que quiere implantar Trabajo de forma temporal. Para los expertos las posiciones tan distintas entre uno y otro departamento es absurda, ya que en la práctica ningún profesional sumergido querrá aflorar si sabe de ante mano que Hacienda le hará pagar lo suyo. Donde sí habrá colaboración, y así se desprende del borrador sobre la mesa, es durante la "segunda fase" del plan, momento en el que se desarrollarán "235.000 inspecciones" tras detectar a las empresas fraudulentas a través de "cruces de las bases de datos" entre la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el antiguo Inem. Por cierto, la hoja de ruta del Ejecutivo deja claro que las ventajas del periodo de "regularización" -cuya fecha de implantación está en el aire- no afectarán a los profesionales que se hayan sumergido una vez aprobada la ley, sino "sólo" a los que estaban "con anterioridad" en la economía ilegal. Del mismo modo, durante el proceso de regularización, no operará amnistía alguna en el ámbito administrativo.