Siete CCAA del PP reavivarán el Impuesto sobre el Patrimonio.

Un impuesto "injusto; un "mal mensaje". Así recibía el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, poco antes de las elecciones de noviembre, la decisión de la ex ministra de Economía, Elena Salgado, de recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio a petición del entonces candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero el mensaje político no siempre cuadra con las necesidades regionales. Son las comunidades autónomas quienes tenían la última palabra sobre la reactivación o no del tributo patrimonial y, una vez que Rajoy permitió a cada región gobernada por el PP (11 de 17) decidir por su cuenta, el resultado salta a la vista. A día de hoy, al menos siete CCAA populares han tomado ya medidas, o están a punto de hacerlo por acción u omisión, para resucitar Patrimonio en los términos marcados por Salgado: con un mínimo exento de 700.000 euros, una exención por vivienda habitual hasta 300.000 euros y un tipo máximo del 2,5%. Según datos recabados por NEGOCIO, los gobiernos del PP en Aragón, Cantabria, Castilla y León, Murcia y La Rioja imitarán la decisión ya tomada por José Antonio Monago en Extremadura y la ya aprobada el pasado octubre por Alberto Núñez Feijóo en Galicia. Estas siete comunidades populares, en unos casos no haciendo uso de sus competencias y dejando que sea aplicable por defecto la norma estatal, en otros recogiendo directamente el esquema de Salgado, recuperarán Patrimonio. En el otro lado del espectro se sitúan Madrid, Baleares y la Comunidad Valenciana, que aplicarán una bonificación del gravamen del 100%. El Ejecutivo de Esperanza Aguirre no ha establecido modificación alguna en la Ley de Medidas Fiscales para 2012 aprobada ayer, por lo que prima la bonificación preexistente en la normativa regional sobre la ley estatal. Marcha atrás de Cospedal La duda persiste en Castilla-La Mancha. Aunque en su día la presidenta María Dolores de Cospedal se mostró partidaria de introducir también la bonificación del 100%, fuentes jurídicas consultadas dudan muy seriamente de que el incentivo entre en funcionamiento. Castilla-La Mancha no había desarrollado competencias propias en Patrimonio, por lo que, de no introducir explícitamente la bonificación, asumiría de facto la norma estatal. Fuentes de la Presidencia manchega consultadas ayer por este diario reconocían que "en lo que resta de semana no está prevista" modificación alguna en la normativa regional en materia de Patrimonio. Y el calendario es decisivo. Los gobiernos regionales deben aprobar los cambios legales que consideren oportunos antes de fin de año, ya que Patrimonio es un impuesto que se devenga el 31 de diciembre y a partir de entonces es exigible, aunque el momento de la declaración coincida con el del IRPF, en la primavera de 2012. Junto a estas siete u ocho regiones gobernadas por el PP que reactivarán el impuesto, lo mismo harán otras dos CCAA también con gran peso del PP: Asturias -en manos del Foro Asturias de Álvarez-Cascos- y Navarra -UPN no gobierna con los populares, pero sí que se presentó en coalición con el PP en las últimas elecciones generales-. La lista de comunidades que también resucitarán el tributo la completan Cataluña -donde los grupos de presión económicos lograron elevar el mínimo exento autonómico, que estaba fijado en apenas 108.200 euros-, Canarias, Andalucía y también el País Vasco, a través de sus diputaciones forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Andalucía -que aplica una escala del impuesto distinta a la estatal, con un tipo máximo superior (2,75%)- y las diputaciones de Álava y Vizcaya -con un mínimo exento algo más alto, de 800.000 euros- son los únicos territorios que reactivarán el impuesto en términos diferentes a los definidos por Salgado.