Pymes y autónomos piden elevar el techo de facturación para aplazar el IVA

Sólo el pasado año, los autónomos tuvieron que pagar 976,8 millones de euros en concepto de Impuesto de Valor Añadido por facturas no cobradas. El sistema del IVA de caja, que entrará en vigor de forma voluntaria el 1 de enero de 2014, permitirá que pymes y autónomos vean satisfecha su "reivindicación histórica" de aplazar el pago de este impuesto hasta que cobren sus facturas, algo especialmente importante en un momento de estrechamiento del crédito, caída de la actividad y con la morosidad en cotas históricas. La reforma es bienvenida por pymes y autónomos aunque prácticamente la totalidad de asociaciones consultadas coinciden en que hay que ampliar por encima de los dos millones el techo de facturación para poder acogerse, a la vez que reclaman mecanismos para evitar los que algunos llaman "efectos adversos", es decir que las empresas o administraciones terminen castigando a los proveedores que decidan acogerse al nuevo modelo al arrastrarles a una modalidad de pago que les resta liquidez. Injusticia histórica El presidente de Cepyme, Jesús Terciado, recuerda que la aplicación del IVA de caja es un "petición histórica" y una promesa electoral largamente incumplida -"hasta Aznar lo incluyó en su programa", dice-. "Siempre nos ha parecido muy injusto tener que pagar un impuesto cuando no se ha cobrado la factura y especialmente cuando no nos ha pagado una administración pública", afirma. El representante empresarial denuncia las trabas del Ministerio de Hacienda, uno de los grandes perjudicados al ver aplazada parte de la recaudación, para que las pymes se acojan al modelo. "Hay indicios de que habrá mayor control fiscal con el IVA de caja lo que puede hacer que algunas se lo piensen". El presidente de Cepyme reconoce la complejidad para implantar el nuevo sistema, muy similar al que en su momento presentó la patronal y que está refrendado por una directiva comunitaria, aunque cree que se puede mejorar, por lo que su organización pide "que se suba el umbral de 2 millones hasta seis, con lo cual prácticamente el 98 por ciento de las pymes podrían acogerse frente al 90 por ciento de la propuesta actual. Técnicamente el sistema es de caja doble porque hace que las empresas que se acojan al pago aplazado también tengan que pagar sus facturas para descontarse el IVA soportado. Eso permite que administraciones y grandes compañías, especialmente en sectores como el de la distribución, en el que son muy importantes los movimientos de caja, puedan elegir sólo a aquellos proveedores que mantengan el actual sistema de devengo y no perder liquidez. "En el caso de la administración, la liquidación de ese IVA quizá no afectará tanto pero lo lógico es que en las licitaciones no haya algún elemento que pueda discriminar al que se acoge. Pero las empresas privadas, en las que puede suponer un problema de liquidez, pueden tomar una decisión u otra en estos momentos de liquidez tan reducida, por lo que no sé cómo, pero habría que tener en cuenta esta cautela". Otro de los "problemas a los que hay que buscar solución" es que la empresa que se acoja voluntariamente y "ve que se ha equivocado" no puede salir en dos años. También Cepyme reclama que "no suponga una cargas añadidas a las que ya tenemos", algo que en principio no tiene por qué porque "nos han dicho que sería posible solamente cambiar algún elemento de la contabilidad para poderlo implementar". Aunque desde Cepyme no se achaca al actual sistema de devengo la causa de las 500.000 pymes y autónomos que han desaparecido, Terciado reconoce que "ha sido una de las razones importantes porque se une a la situación de financiación cerrada y a que la morosidad ha aumentado muchísimo entre empresas y administraciones". Terciado desconoce el volumen de dinero que deben adelantar actualmente pymes y autónomos y recuerda en ese sentido que hace un par de semanas el comisario de Industria le ha nombrado, junto a un representante de CEOE delegados ante la UE para vigilar la morosidad en dos facetas: una en la normativa, para que se adapte a la directiva comunitaria sobre morosidad, que entra en vigor esta misma semana, y otra estudiar la evolución de la morosidad tanto pública como privada. "Ahora mismo estamos buscando los mecanismos de información. Falta mucha transparencia, especialmente, en el sector privado". Pocos autónomos Para Upta la entrada en vigor del IVA de caja no tendrá los efectos esperados en el colectivo de autónomos en lo que a liquidez se refiere. Esta medida, que en un primer momento se planteó sólo para aquellas empresas que emitieran facturas a cuenta de las Administraciones Públicas y posteriormente ha sido ampliada por el Gobierno a todas las relaciones interempresariales queda limitada a autónomos que coticen por estimación directa, cuyo número apenas ronda el millón. Los sectores que directamente se verán beneficiados por el nuevo sistema de cotización voluntaria de IVA de caja serán principalmente los relacionados con el transporte, la construcción y la venta al por mayor, colectivos que tan sólo suponen un tercio del total de autónomos cotizantes por la vía de estimación directa y de los que, según cifras estimadas de esta organización podrían acogerse en torno al 50 por ciento, es decir, un máximo de 150.000. Para Upta, "es muy poco probable que los autónomos del pequeño comercio y la hostelería, se acojan a esta medida y lo normal es que sigan empleando el sistema de devengo". Para Sebastián Reyna, secretario general de Upta, la aplicación del IVA de caja "es una medida que debería funcionar en un "sistema menos moroso" ya que conlleva dos problemas, el primero la imposibilidad de compensar el IVA deducido hasta el momento de su ingreso, lo que retrasa el momento del cobro del IVA recuperable, y el segundo, el establecimiento por parte de Hacienda de un complemento administrativo o de control sobre las facturas, lo que complica la gestión contable de los autónomos". Las medianas y grandes "empresas clientes" se verían también afectadas por el nuevo sistema de tributación, ya que no podrán aplicarse las deducciones hasta el momento en el que abonen la factura. Además se generará un problema contable que en palabras de Reyna "ha provocado cierto nerviosismo en este tipo de empresas, puesto que les obligará a crear una cuenta especial puente que contabilice las facturas pendientes de liquidación de IVA y compensación, lo cual implica una reestructuración de los sistemas informáticos contables cuyos efectos podrían derivar en un proceso de selección adversa". No es el mismo caso el de aquellos autónomos que facturan a las Administraciones Públicas, para quienes la medida sí será más beneficiosa y podría solucionar, parcialmente, los problemas de liquidez de los trabajadores por cuenta propia adjudicatarios de los servicios públicos de las AAPP, no obstante y aun contando con este colectivo su volumen no es significativo en el grueso total. En líneas generales para Upta "la complejidad de la gestión que implica el cambio al IVA de caja frenará a muchos autónomos, por lo que los efectos reales serán muy limitados". Menos tensiones de tesorería Desde ATA se aplaude la medida porque "no es lógico que los autónomos financien a Hacienda pagando el IVA de facturas sin cobrar y que no saben si se van a cobrar. Es lógico pagarlo cuando se ha cobrado", afirma Francisco de Palacio, vicepresidente de la organización, quien asegura que esta medida presenta varias ventajas para el colectivo de autónomos. Una de las más importantes es que "se evitan las tensiones de tesorería cada trimestre. Sin duda, va a aliviar porque presenta beneficios para la liquidez y no hay que adelantar un dinero que no se ha cobrado por lo que se aliviarán esas tensiones de liquidez". Y es que tan sólo en el año 2012, según datos de ATA, los autónomos adelantaron en concepto de IVA un total de 976,8 millones de euros correspondientes a facturas emitidas y no cobradas. Entre los inconvenientes señala que ahora el autónomo "tendrá que llevar un libro de contabilidad, y es más complejo, pero que va a ser más rentable porque el autónomo va a tener más control sobre su contabilidad y eso siempre es una ventaja". Además, la Agencia Tributaria también va tener un mayor control fiscal. Aparte, según explica "habrá que ver si se genera alguna distorsión. Hay que impedir que las grandes empresas que han estado funcionando con proveedores en el sistema de devengo y que pasen al IVA de caja dejen de operar con ellos y prefieran proveedores que siguen en el sistema actual porque les resulta más cómodo" desde el punto de vista contable. Una situación para la que apunta que sería necesario "incluir un mecanismo para vigilar". "Hay que trabajar para diseñar un buen mecanismo y garantizar que la medida no tenga un efecto negativo para los autónomos que opten por el IVA de caja". Acerca de si esta medida podría contribuir a aumentar el fraude fiscal, Francisco de Palacio señala que "va a haber más gestión y más control sobre las cuentas. No tiene por qué haber más fraude con esta medida por sí que en otros mecanismos". El presidente de la Comisión Fiscal de la patronal de la Pequeña y Mediana Empresa (PIMEC), Joan María Gimeno, se muestra muy satisfecho con la medida anunciada por el Gobierno. "Es una medida que hemos pedido hace mucho tiempo y que, en estos momentos en que las empresas tienen muy poca tesorería y mucha morosidad, facilitará las cosas a las pymes", considera. "Existen cientos de pymes que tiene que pedir aplazamientos y fraccionamientos en los ingresos del IVA, pero eso exige avales o garantías y como no las tienen eso se traduce en intereses de demora y recargos que acaban hundiendo a la compañía". Para Gimeno, uno de los problemas que presenta la nueva normativa es precisamente su limitación a empresas que facturen menos de dos millones de euros. "Nosotros consideramos que debería subirse ese límite hasta los 10 millones de facturación o, al menos, hasta los 6 millones que es la frontera actual que define a una pymes o a una gran empresa a la hora de liquidar el IVA", explica. Según advierte, la limitación a sólo dos millones supondrá un obstáculo para la pymes que vendan sus productos o servicios a empresas de mayor tamaño, ya que la nueva reglamentación exonera de ingresar el IVA hasta que se cobre la factura, pero "tampoco permite deducir el IVA soportado, lo que puede ser un engorro para las compañías que no se acojan a este nuevo sistema". En su opinión, "cuanto más amplio sea el sistema será mejor, ya que así todo el mundo estará dentro de él y el funcionamiento será más fácil". Pese a ello, Gimeno ve muchas más ventajas que inconvenientes en la iniciativa del Gobierno y considera que "aunque supondrá un aumento de los trámites, cualquier empresa con un contabilidad normal podrá resolverlos sin muchos problemas". Entre las ventajas, apunta a que "la morosidad actual será mucho más llevadera para las pymes" y destaca que ahora las empresas están realizando "un papel de recaudadores del IVA que supone un esfuerzo desmesurado, al menos, para las de menor tamaño". Gimeno reconoce que actualmente ya existía el sistema de rectificación de factura en caso de que una empresa no cobre de su proveedor, pero "sus trámites son muy complicados y no es en absoluto efectivo". También sugiere que hubieran existido otros "sistemas alternativos más sencillos para las empresas como ingresar el IVA tres meses más tarde y no al mes siguiente, de esta forma se absorbería buena parte de la morosidad", pero admite que "habría un periodo de tres meses en que el Hacienda no ingresaría nada por IVA", algo que el Estado no puede permitirse. Retrasar la facturación De hecho, uno de los asuntos que Hacienda sigue negociando con las patronales es un régimen transitorio para la aplicación de la normativa que debe entrar en vigor en enero de 2014. "Hacienda quiere evitar que a finales de este año las empresas dejen de facturar, para hacerlo en enero de 2014 y poder acogerse así a la nueva normativa", apunta. Uno de los sectores más afectados en positivo por el desembolso del IVA antes de cobrarlo es el sanitario. Es por ello que Manuel Vilches, director de Operaciones del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) y director del Hospital Nisa Pardo, se congratula. No obstante, le saca faltas a esta iniciativa. "Llega tarde. Además, a las empresas que facturen más de la cantidad señalada (y que tampoco tienen por qué ser muy grandes) no les va a afectar y van a seguir sufriendo el retraso en los pagos. Además, en nuestro caso se añade un tercer problema y es que somos finalistas, es decir, como el acto sanitario en sí no genera IVA, nosotros soportamos el impuesto, pero no podemos repercutirlo. Lo tenemos que asumir prácticamente entero, pero seguiremos sufriendo las demoras habituales en los pagos". Reconoce que es una medida muy positiva que permitirá que "el dinero esté en las manos de quien lo necesita y cree empleo, es decir los inversores y las pymes y autónomos". También afirma que el sustituir el criterio de devengo por el criterio de caja complica bastante el control pero, a grandes rasgos, "se va a poder respirar un poco, ya que adelantar el dinero que no has cobrado es difícil y más, cuando los clientes escasean y pagan tarde y mal". Entre estos clientes señala a la Administración, "que muy pocas veces cumple con los plazos establecidos por la Ley de Morosidad". A pesar de la importante incidencia que esta materia puede tener en el sector de la gran distribución comercial, la Asociación de Grandes Empresas de Distribución (Anged) indica que no tiene ninguna opinión al respecto y tampoco confirma que haya empezado a estudiar cómo afectará este próximo cambio tributario a sus asociados. Alguna de las grandes cadenas de distribución consultadas por elEconomista explica que están a la espera de ver cómo queda finalmente redactada la ley que se apruebe para conocer con exactitud todos sus detalles e implicaciones. Desde el grupo Eroski indican que ellos actuarán, como hacen siempre, aplicando lo que estipule la ley.