Nuevo paso contra el ‘Modelo 720’: Bruselas quiere indemnizaciones

La Comisión Europea está harta de que España escurra el bulto. Bruselas ha llevado al Tribunal europeo la nula sensibilidad del país con los damnificados por sus normativas contrarias al Derecho europeo. El Ejecutivo comunitario considera que España no asume la responsabilidad patrimonial -es decir, las indemnizaciones- cuando sus inventos legislativos son tumbados por la Justicia europea.

De este modo, ha pedido al Tribunal de Luxemburgo que tumbe las normativas españolas de 2015 que regulan cómo el Estado indemniza a los ciudadanos y empresas afectados por sus violaciones de las normativas comunitarias. “España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los principios de efectividad y de equivalencia como límites a la autonomía de que gozan los Estados miembros cuando establecen las condiciones de fondo y de forma que rigen su responsabilidad por daños causados a los particulares en violación del Derecho de la Unión”, asegura la Comisión Europea en la demanda.

El recurso afecta de pleno al ámbito tributario. En los últimos años, el Tribunal de Justicia de la UE ha dictado varias sentencias que condenan a España por aprobar y mantener normas tributarias que vulneraban el Derecho comunitario. El más claro ejemplo es el polémico Modelo 720 que el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, impulsó cuando estaba al frente del Ministerio. Este modelo exige a los ciudadanos informar sobre sus bienes en el extranjero y la normativa establece elevadas multas por presentarlo fuera de plazo ante la Agencia Tributaria.

Los fiscalistas consideraron entonces que semejante ocurrencia era un atropello al contribuyente en toda regla. En plena batalla europea contra la elusión fiscal -más bien, una suerte de expediciones de pesca fiscales-, la mayoría de profesionales dieron este asunto por perdido. En materia tributaria, desde Bruselas la única política en el asunto era “control, control y control” de las cuentas de los contribuyentes para asegurarse que ni un solo euro se escapaba al Fisco. Hasta que un abogado mallorquín apareció en escena. Alejandro del Campo, conocido por su amplia cartera de clientes internacionales, no se resignó a que Hacienda considerara una especie de delincuente de guante blanco a todo aquel que tenía cuentas o bienes en otros países. Cogió un avión, se plantó en Bruselas y denunció el Modelo 720 de Montoro ante la Comisión Europea.

Nadie daba un duro por el asunto. La sorpresa llegó en 2015, cuando la Comisión inició un procedimiento de infracción contra España. Avisó al Gobierno de que su normativa estaba en el límite de lo aceptable. La información corrió como la pólvora entre los fiscalistas. Aquel abogado mallorquín había arrancado unas líneas de sensatez a los burócratas de Bruselas. Nadie daba crédito.

Y lo imposible sucedió después. De las palabras, pasaron a los hechos. Hace ahora poco menos de un año, ante la inacción del Gobierno, la Comisión llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por el Modelo 720. En ese proceso están ahora las esperanzas de fiscalistas y, sobre todo, contribuyentes. Los expertos prevén que, en torno a finales del 2021, la Justicia europea terminará con las desproporcionadas sanciones y la imprescriptibilidad en el IRPF derivadas del Modelo 720. Algo que tendrá demoledores efectos y generará una responsabilidad patrimonial de España pocas veces vista antes. Quédese con el nombre: Asunto C-788/19. Será la tumba del Modelo 720. La esperanza está en que sea el fin de los disparos de Hacienda. El fin de las sanciones absolutamente desproporcionadas. El fin de las exigencias de IRPF sin respetar prescripciones ganadas en relación con bienes en el extranjero no declarados en plazo.

Muchos sucumbieron ante el Modelo 720. No todos los afectados han pleiteado hasta sentencia firme. Optaron por pagar las desproporcionadas sanciones y liquidaciones del IRPF sin impugnar. Ante la amenaza de la sanción del 150% -de locos- regularizaron voluntariamente su situación pagando en el IRPF sobre bienes prescritos. En manos de la Justicia europea está ahora resolver este asunto.

Una vez el Tribunal de Luxemburgo resuelva y anule estas sanciones, se abrirá un proceso millonario de reclamaciones de los contribuyentes afectados. Como bien saben los abogados, una cosa es ganar una sentencia y otra ejecutarla. ¿Se inventará España entonces un artilugio legislativo o jurisprudencial que impida a los contribuyentes recuperar lo que es suyo? Para garantizar que no pase, la Comisión Europea ha iniciado recurso para garantizar la responsabilidad patrimonial del Estado español.

Fuente: www.eleconomista.es