Nueva cumbre en Madrid para decidir si se recurre la sentencia del “tax lease”

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Nueva cumbre del sector naval. El ministro de Industria, Energía y Turismo español, José Manuel Soria, ha convocado hoy a empresas y sindicatos, así como a los representantes de las comunidades autónomas afectadas por la decisión de Bruselas de reclamar las ayudas recibidas -la denominadas tax lease-: Asturias, Galicia y Euskadi. La reunión de este lunes pretende estudiar el recurso que podría presentar el Estado contra la sentencia, ya que de proceder a ello, el plazo expira este mes. También estarán presentes miembros de la Abogacía del Estado, y los ministerios de Economía y Hacienda. Y es que la Abogacía del Estado es la que debe articular en nombre de España antes del 28 de septiembre ese posible recurso en respuesta a la decisión de la Comisión Europea del pasado 17 de julio de que Hacienda reclame a los inversores del sector las ayudas recibidas entre 2007 y 2011. Según confirmaron ayer fuentes del Gobierno vasco, Juan Ignacio García de Motiloa, viceconsejero de Industria, Desarrollo Económico y Competitividad acudirá a la cita, junto a los secretarios generales de los ministerios y sus homólogos del resto de comunidades afectadas. La decisión corresponde al Estado, que es el castigado y el que tiene la opción de interponer ese recurso o decidir no hacerlo. Según ha trascendido hasta ahora, el Gobierno español se muestra partidario aunque haya voces que creen que es mejor dotar de cierta estabilidad jurídica al sector en estos momentos tan delicados. Entre esas voces aparecen los agentes vascos. Como la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco, Arantza Tapia, que a finales de agosto pidió expresamente a Madrid que acate la resolución impuesta por la Comisión Europea y no judicialice el conflicto de los astilleros. Dar seguridad a los inversores debe ser ahora una prioridad. Pérdida de pedidos. Máxime cuando la inseguridad jurídica ha provocado la pérdida de pedidos. La Naval de Sestao es una de las empresas afectadas tras perder un pedido que suponía unos ingresos de casi 100 millones de euros y garantizaba la carga de trabajo para los próximos dos años. El Gobierno español tiene todavía pendiente cuantificar el dinero que deberán devolver los inversores que financiaron barcos con ese sistema de tax lease. Para los astilleros vascos, hasta ese momento no habrá seguridad jurídica para contratar más buques aunque el nuevo sistema haya nacido con la bendición del comisario europeo de Competitividad, Joaquín Almunia. Por ejemplo, en el caso de La Naval, ya suma la pérdida de dos contratos este año. El anterior estaba valorado en 220 millones. Y lo que es peor, el astillero se quedará sin carga de trabajo el próximo mes de enero. "Llevamos dos años prácticamente desde que se puso en marcha esto por parte del secretario de Competencia, y se ha producido una incertidumbre muy grande. Ha habido 35 barcos que no se han construido en Euskadi en ese tiempo", simplificó hace pocas semanas la propia Arantza Tapia.