Montero prepara un tijeretazo a las deducciones fiscales de las empresas

El Ministerio de Hacienda prepara un recorte de deducciones en el Impuesto sobre Sociedades que espera entre en vigor este año y pueda ofrecérselo a Bruselas dentro del paquete de medidas fiscales que compensarían sus políticas de gasto. Se trata de un tijeretazo en Sociedades adicional al que ya contiene el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos, que prevé introducir un tipo mínimo del 15%, del 18% para la banca y petroleras, y un gravamen del 5% a los dividendos. Así lo trasladan fuentes de Hacienda, que explican que están a la espera de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) finalice la segunda fase de su Spending Review o análisis del gasto en la que está estudiando la eficiencia de trece deducciones, tres de Sociedades, el impuesto que será revisado en primer lugar.

Una vez que la AIReF entregue su informe, Hacienda presentará el ajuste en las deducciones fiscales de las empresas, que espera que pueda introducir ya este año.

El informe preliminar de la AIReF apuntaba que iba a analizar trece deducciones fiscales que suponen cerca de 23.500 millones de euros. Los incentivos del Impuesto sobre Sociedades cuestionados por la Autoridad Fiscal son tres: la deducción a la I+D+i, a las donaciones y los tipos reducidos, que alcanza casi los 1.000 millones. Sin embargo, desde Hacienda advierten de que este análisis servirá a modo de guía, pero que el Fisco prepara su propia revisión de incentivos, con lo que es posible que decida eliminar deducciones que la AIReF no cuestione.

Así, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aludido a otras. Ha declarado en una reciente entrevista que hay “margen para nuevas medidas fiscales” y que el Gobierno “quiere estudiar a fondo el Impuesto sobre Sociedades” para “ver si las empresas realmente están usando los incentivos para la igualdad o la contratación de personas con discapacidad”. Los incentivos a la igualdad, de hecho, ni siquiera han entrado en vigor, los incluyó el propio Gobierno de Sánchez en los fallidos Presupuestos de 2019.

El margen es de 3.500 millones que suman los beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sociedades (ver cuadro adjunto) de un Presupuesto total de beneficios que asciende a 38.000 millones. Se trata de incentivos como las reservas de capitalización y nivelación que introdujo Cristóbal Montoro, que suponen 319 y 87 millones, respectivamente. O como los saldos pendientes de incentivos a la inversión de ejercicios anteriores, que alcanzan 344 millones, a lo que se suman las exenciones de entidades parcialmente exentas, de 295 millones, y del capital riesgo, de 89 millones.

El Impuesto sobre Sociedades es un blanco fácil para que los gobiernos realicen ajustes ante su supuesta baja capacidad recaudatoria, argumento con el que fiscalistas y expertos discrepan. En 2007, este impuesto alcanzó su máximo y recaudó 44.823 millones de euros, cuantía que con la crisis se redujo a poco más de 16.000 millones en 2010 y que la recuperación sólo ha llevado a los 24.838 millones que se reunieron en 2018.

Para Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas-Reaf, la recaudación de 2007 no puede ser una cifra de referencia y recuerda que los ingresos de Sociedades se encuentran actualmente en unos niveles parecidos o superiores a los de los países de nuestro entorno. Cabe recordar que en España suponen el 2,25% del PIB frente al 2,15% de Italia, el 2,87% de la media de la OCDE, el 2,06% de Francia o el 1,96% de Alemania.

Respecto al debate que azuza Hacienda sobre el tipo efectivo que pagan las empresas, a juicio de Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas, “lo que realmente reduce el tipo efectivo sobre el resultado contable es la exención por doble imposición (eso sí, para que las filiales extranjeras de los grupos españoles no paguen dos veces el impuesto) y las bases imponibles negativas (por las pérdidas de ejercicios anteriores)”.

Precisamente, una de las medidas que el Gobierno va a implantar en Sociedades es el gravamen del 5% de dividendos, que provoca una doble imposición y que tiene un efecto cascada por el que según la estructura de filiales, las sobreimposiciones pueden ser numerosas. El endurecimiento de determinados aspectos del impuesto es una de las fórmulas que utiliza a menudo Hacienda con fines recaudatorios y que resultan más fáciles de explicar que un recorte de beneficios fiscales que se suponen que premian actividades de carácter social e innovador.

En este sentido se sitúan los pagos fraccionados del impuesto, que los economistas consideran una subida de facto, ya que obliga a las empresas a adelantar parte del dinero que tendrán que abonar a Hacienda cuando liquiden el impuesto, lo que se mantiene año tras año. Se trata además de un mecanismo que ha sufrido importantes subidas, sobre todo en 2016 por parte de Montoro, alza sobre la que está pendiente que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Pero es que el Gobierno de Sánchez prevé incrementar aún más esta subida (ver información adjunta).

Las dos medidas ya acordadas en Sociedades, la imposición de un tipo mínimo sobre base y un gravamen del 5% a los dividendos, prevén recaudar 1.776 millones, según el Gobierno, de un total de 5.700 millones con otras iniciativas como la creación de una tasa Google o un alza a las Socimi que también afectarán a muchas empresas. La AIReF auguró una recaudación menor, de 4.500 millones. A esto se suma un golpe fiscal al diésel que se retoma. Montero anunció el martes que también están en estudio más impuestos verdes.

Fuente: EXPANSION

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