Los alcaldes exprimen a la gran empresa en busca de liquidez.

El fin del sueño del ladrillo y la crisis económica ha supuesto un varapalo para las arcas municipales, que se han vaciado de golpe. La mayoría de alcaldes ha contraatacado con subidas de impuestos. Todos los tributos locales, de media, han registrado incrementos, según el último ranking tributario publicado por el Ayuntamiento de Madrid. El IAE es, con diferencia, el impuesto que ha sufrido una mayor subida. El tipo medio se ha incrementado un 9,3% desde 2007. El PP eliminó en 2002 la obligación de pagar este tributo a los autónomos y a sociedades que facturan menos de un millón. En la práctica, ello supone que el 84% de las sociedades está exenta de abonar este tributo. Sin embargo, el resto de empresas, que suelen ser grandes compañías, son las que sufren los mayores varapalos fiscales. La legislación estatal establece hasta seis tramos en función de los ingresos. En cualquier caso, los municipios tienen competencia para incrementar los gravámenes siempre y cuando no superen el 3,8%. Desde 2007, más de la mitad de las capitales de provincia han elevado el IAE y, durante este año, 16 municipios han elegido la misma senda. Destaca Zaragoza cuyo tipo medio se ha incrementado un 10%. Por otro lado, el IBI, el tributo local que grava a los propietarios de vivienda y que supone más de la mitad del conjunto de los ingresos locales, también ha sufrido un aumento progresivo. El tipo se ha elevado un 3% desde 2007. Sin embargo, no es necesario subir el gravamen para encarecer la factura fiscal. La base imponible del IBI se determina en función del valor catastral de la vivienda, lo que significa que un incremento de la valoración de la casa por parte del Catastro supone en la práctica una subida impositiva. Madrid, por ejemplo, no subió este año el impuesto ni lo hará en el siguiente, sin embargo, la factura fiscal será mayor por los aumentos catastrales. En términos homogéneos, Lérida, Tarragona y Almería son las capitales de provincia con un IBI más alto. En el lado contrario, Lugo, La Coruña y Gerona son los municipios que menos castigan fiscalmente la propiedad de una vivienda. Solo ocho capitales se atreven a bajar tipos impositivos Un alcalde que reduzca impuestos puede considerarse, en los malos tiempos que corren, una especie en peligro de extinción. Solo ocho de los 52 ayuntamientos de capitales de provincia han aprobado a lo largo de este año una reducción de los gravámenes locales. Además, en seis casos se ha tratado de una rebaja de tipos en IBI que suele compensarse por un incremento de los valores catastrales. Ello implica que el recorte del tributo no disminuye la factura fiscal. Así, solo dos capitales -Ávila y Orense- en toda España pueden presumir de haber reducido en la práctica algún impuesto local. Ávila redujo este año del 3,410% al 3,2%, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO). Orense, por su parte, hizo lo propio con el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Se conoce como el impuesto de plusvalía municipal y grava la revalorización de un inmueble en el momento de venderse. Si bien solo dos municipios han rebajado esos tributos, la mayoría de los municipios tampoco los ha subido. Sin embargo, ello tiene cierta trampa. Buena parte de los ayuntamientos ya aplica los tipos máximos que permite la legislación. Por ejemplo, más de la mitad de los municipios mantiene un gravamen del 4% en el ICIO, un límite que la Ley de Haciendas Locales impide sobrepasar. En el caso del impuesto de plusvalías, hasta 20 municipios aplican un tipo del 30%, el máximo permitido.