Los afectados por ERTE podrán rescatar sus planes de pensiones

El Gobierno permitirá rescatar planes de pensiones sin tener que pagar a Hacienda a los afectados por ERTE, tanto a trabajadores como a empresarios, y a autónomos que cesen su actividad por causa del Covid-19. Así lo prevé el Real Decreto-ley que aprobó ayer el Consejo de Ministros, entre una catarata de más de 50 medidas para paliar los efectos de la crisis del coronavirus.

El Decreto establece que durante seis meses se podrán hacer efectivos los derechos consolidados en aportaciones a planes de pensiones, incluidos los planes de previsión social empresarial, asegurados y de mutualidades de previsión social, para afectados por ERTE por el Covid-19. Esto afecta tanto a trabajadores como empresarios y autónomos, por un importe que no podrá superar el salario dejado de percibir mientras se mantenga la vigencia del ERTE o los ingresos netos estimados que se hayan dejado percibir por el cese de actividad o la suspensión de apertura al público del establecimiento.

Hasta este momento, los planes de pensiones sólo podían rescatarse sin coste para el ahorrador en una corta lista de supuestos como la jubilación, el fallecimiento y la situación de dependencia o de incapacidad permanente, al ser un producto ilíquido. El Gobierno aprobó en enero la habilitación de una ventana de rescate de los planes de pensiones a los 10 años cuyo desarrollo empezó el Ejecutivo del PP.

Los planes de pensiones colectivos o de empleo son minoritarios en España, con sólo 1,9 millones de partícipes, aunque ofrecen más rentabilidad que los planes individuales, que están mucho más extendidos.

Al cierre de 2019, según datos de Inverco, en España había 9,5 millones de planes de pensiones abiertos: con 7,5 millones de partícipes en individuales, que suman 79.850 millones de inversión, y 1,98 millones en planes de empleo, con un patrimonio de 35.170 millones. En términos netos, unos 8 millones de españoles participan en algún plan ya que hay ciudadanos que tienen más de uno.

Para fomentar el ahorro y compensar la restricción en la disponibilidad, los planes de pensiones están fiscalmente incentivados en el momento de la aportación, con hasta un máximo de 8.000 euros anuales, cantidad que rebajó la reforma fiscal del PP en 2014 desde dos topes, de 12.500 euros y 10.000 euros.

El presupuesto de beneficios fiscales preveía en las fallidas Cuentas de 2019 un gasto de 814 millones de euros en el incentivo fiscal a los planes de pensiones, uno de los que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) está analizando en su revisión de gastos. Podemos es partidario de su eliminación, lo que no ha contado con el beneplácito de Hacienda.

Además, el Decreto aprobado ayer prevé que las cotizaciones de formación profesional podrán aplicarse a la financiación de la protección por desempleo.

Fuente: EXPANSION