Los administradores pagarán por no darse de alta como autónomos

Los administradores de sociedades mercantiles españolas tendrán que pagar una media de 15.000 euros por persona debido a un cambio de criterio de la Seguridad Social. Una modificación que, según denuncia Arrabe Asesores, supondrá aplicar, en plena crisis, una retroactividad de cuatro años. El cambio afectará a todos los administradores y consejeros delegados de sociedades mercantiles que no estén dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), de forma que, teniendo en cuenta que en España hay cerca de un millón de sociedades, podrían resultar afectadas unas 140.000 empresas. Así, el Estado tiene en su mano obtener unos ingresos extra de más de dos millones de euros, en su mayor parte "a costa de las pequeñas y medianas empresas", según las cifras comunicadas por Arrabe Asesores. El problema parte de una normativa ya existente, que preveía la necesidad de que estos profesionales constaran inscritos, aunque la Administración "no lo ha exigido hasta ahora". Además, la Seguridad Social no propone un plazo de adaptación, sino que aplicará directamente el efecto retroactivo y la sanción, de modo que "lo que hasta ahora admitía la Seguridad Social deja de tener validez". Cambio de criterioHasta ahora, cuando los administradores o consejeros delegados de una sociedad mercantil (con carácter solidario y que además fuesen titulares de un porcentaje igual o superior al 25 por ciento del capital) cursaban el alta ante la Seguridad Social en el RETA, era suficiente con que uno de ellos se diese de alta para cumplir con los requisitos exigidos por la Tesorería. En cambio, desde diciembre tienen que estar todos dados de alta. Un cambio que se está comunicando en estos días a las sociedades afectadas. Así, normalmente cuando se constituía una pequeña sociedad mercantil, se solía dar de alta en el RETA a un solo administrador. Sin embargo, con el cambio de criterio, un administrador que lleve cuatro años en esta situación y que se vea obligado a regularizar su situación con retroactividad puede tener que hacer frente a un pago mínimo de 15.000 euros, entre cuotas no ingresadas y recargos por ingresos fuera de plazo.