Las empresas tratan de zanjar el conflicto fiscal de las emisiones de deuda anónimas.

Una situación "totalmente caótica". Con esta elocuencia define una gran casa de liquidación y compensación de valores financieros el panorama al que se enfrentan en los últimos meses las empresas y bancos españoles a la hora de lanzar sus emisiones de deuda. El motivo, un mal encaje práctico del polémico decreto de julio pasado (ver NEGOCIO del 11 de octubre) por el que el Gobierno de Zapatero decidió, en contra del criterio de la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos, liberar a todos los inversores no residentes, incluyendo a aquellos que operan desde paraísos fiscales, de la obligación de identificarse ante las autoridades españolas.En realidad, después de aquello la Agencia Tributaria y la Dirección de Tributos han lanzado a los emisores el mensaje de que, a su juicio, las exigencias de información no variaron, y ahora las empresas tratan de convencer al nuevo Gobierno de la necesidad de contar con seguridad jurídica para no hacer del tributario un problema más a sumar a la evidente dificultad que hoy por hoy tiene, de por sí, colocar deuda en el mercado. Desde el primer momento, la redacción del decreto de julio pasado no convenció a los emisores privados, que se declaraban totalmente ajenos a su contenido. Ciertamente, grandes empresas, especialmente financieras, hicieron el intento de acabar con las obligaciones de identificación a no residentes en el año 2008, aprovechando que el Gobierno había dado el paso, igualmente polémico, de eliminar la retención vigente para los intereses de la deuda adquirida desde un paraíso fiscal. Entonces la negativa de la Agencia y de Tributos cerró el debate, pero el pasado verano, con la prima de riesgo rebasando la barrera de los 400 puntos, fuentes financieras sostienen que fue el Tesoro, fundamentalmente, quien convenció a la exministra Elena Salgado de que el anonimato para la deuda pública ayudaría a paliar la crisis de confianza en el bono español. Por extensión, la medida se trasladó también a las emisiones privadas. El problema es que el propio decreto de julio deja la puerta abierta a Tributos y a la Agencia para mantener sus tesis contrarias al anonimato, al subrayar que las nuevas reglas previstas para los emisores e intermediarios se aplicarán "sin perjuicio de las obligaciones de información establecidas con carácter general en la normativa tributaria". A partir de ahí, y siempre mediante conversaciones informales, sin ningún documento en el que figurase su posición, Hacienda dio a entender a los emisores que la obligación de identificar seguía en pie, y que no disponer de la información a requerimiento de la inspección podría acarrear las correspondientes sanciones. Aunque las conversaciones con Tributos se iniciaron, el parón electoral y el posterior traspaso de poderes -solo completado muy recientemente en el caso de la Dirección General- el asunto se quedó en nevera. Únicamente se produjo en estos meses un amago de acercamiento con la Agencia Tributaria antes de final de año, aprovechando la, hasta la fecha, última cita del Foro de Grandes Empresas. Pero no se llegó a ninguna conclusión clara. Iniciado el nuevo año, grandes grupos como Telefónica, Repsol, Iberdrola o Gas Natural-Fenosa tuvieron que lanzar sus emisiones de deuda agendadas sin una solución al conflicto, y ahí comenzó el problema real. ¿Debían seguir reclamando a las casas de compensación la identidad de todos los bonistas? ¿Solo de los nacionales? ¿Debía primar la premisa del anonimato que marcaba el decreto de agosto? Desconcierto Al final, la mayoría de empresas optaron por solicitar la misma información que estaban pidiendo antes del decreto - es decir, la de todos los inversores-, con idea de mantenerla a disposición de Hacienda para el caso de que efectivamente la acabe requiriendo a medida que se vayan liquidando intereses. De esta forma, en buena medida el decreto del anonimato se ha convertido en papel mojado y, eso sí, las empresas tienen que asumir un sobreprecio de gestión al reclamar a las casas de liquidación de valores una información que, según entienden las casas, ya no es legalmente exigible, aunque Hacienda la reclame. No sin ironía, los emisores se preguntan ahora si el Tesoro también sigue reclamando la identidad de sus inversores, siendo consciente de que, difícilmente, la inspección tributaria levantará actas contra el organismo público emisor. Sin embargo, en los últimos días los grandes emisores están retomando los contactos con el Gobierno, hasta el punto de que las casas de compensación estiman que ese diálogo puede llegar a buen puerto "en las próximas semanas". Una alternativa Antes de las elecciones, el PP barajaba una alternativa al sorpresivo texto lanzado por Salgado en julio. Se trataría de recuperar el sistema de retención, pero únicamente para deuda adquirida desde paraísos; el resto tampoco tendría que identificarse. Este modelo contaría con el beneplácito de los grandes emisores