Las diputaciones son optimistas ante el nuevo juicio a las vacaciones fiscales.

La fiscalidad vasca, de nuevo, será hoy objeto de enjuiciamiento ante el Tribunal de la Unión Europea. El caso no es novedoso y gira en torno a la deducción instaurada en 1993 y que se denominó coloquialmente vacaciones fiscales. En medio de una situación de profunda depresión económica, suponían la exención total del Impuesto de Sociedades, por un periodo de 10 años, para todas las empresas de nueva creación que cumpliesen determinadas condiciones en materia de inversión y creación de puestos de trabajo. Las diputaciones vascas se muestran optimistas ante este procedimiento, si bien expertos en la materia consideran que las posibilidades de éxito son escasas. Aunque hay juicios pendientes por otras figuras fiscales que han resultado polémicas, la de hoy es la última posibilidad de salvar los muebles en el asunto de las vacaciones, y su resultado también condicionará el resto. La vista que se celebrará a partir de las nueve y media de la mañana en Luxemburgo es la última instancia para resolver el recurso contra la sentencia de septiembre de 2009. Aquella decisión de la Corte comunitaria partía del principio de que los beneficios fiscales concedidos a las empresas eran ilegales -el fondo del asunto había sido ya juzgado en los años 2006 y 2007- y se limitó a confirmar, como pedía la Comisión, que las ayudas debían ser recuperadas. Una batalla en la que la UE parece encelada y que ha supuesto, de forma paralela, la apertura de un expediente sancionador que estará también en manos de los tribunales en breve. La Comisión exige la confirmación de una multa millonaria a España por no haber recuperado aquellos impuestos que, estima -hasta ahora con el respaldo de los jueces-, fueron perdonados de una forma injustificada. El abogado bilbaíno Ignacio Sáenz-Cortabarría coordina la defensa de las tres diputaciones vascas, si bien también en este caso se ha personado como parte de la defensa y por primera vez el Estado español. En el lado 'atacante' y en defensa de la sentencia de primera instancia estarán la Comisión Europea y el Gobierno de la Rioja. Cuestiones técnicas En el primer juicio, las diputaciones defendieron que no era exigible recuperar las ayudas fiscales concedidas -incluso aunque las medidas aprobadas no estuviesen en línea con el ordenamiento comunitario- porque ello causaría un perjuicio injustificable a las empresas. Estas, sostuvieron entonces las diputaciones, actuaron de buena fe y en la creencia de que aplicaban una legislación válida, aprobada por el órgano competente para ello: las propias diputaciones. También cuestionaron la gestión realizada por la Comisión, al considerar que tardó nada menos que ocho años en levantar su voz por primera vez contra estas medidas. Un silencio tan prolongado que, insistieron los ejecutivos forales, incrementó en las empresas la convicción de que estaban haciendo lo correcto. El juicio de hoy versará menos sobre el fondo y más sobre cuestiones técnicas del procedimiento, para intentar demostrar que el Tribunal cometió un «error de derecho» en su sentencia de primera instancia y que «no fue un proceso justo». La vista es el principio del fin para una larga película. No cabe otro recurso sobre este mismo tema. Si el fallo es favorable a las diputaciones será una victoria contundente que, previsiblemente, se extendería al resto de incentivos fiscales. No sería necesario recuperar las ayudas y, por tanto, tampoco tendría sentido la imposición de una multa. Sin embargo, si el fallo ratifica los varapalos anteriores, la recuperación será ineludible y la multa probablemente también.