La UE estudia prohibir los impuestos autonómicos a grandes superficies

La Comisión Europea se ha puesto en contacto con el Ministerio de Economía español para comunicarle que investiga los impuestos que han creado algunas comunidades autónomas para gravar las grandes superficies de distribución comercial, “porque muy probablemente sean incompatibles con el derecho comunitario”. Así lo anunció ayer el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, en la clausura de la Asamblea anual de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged, que agrupa a El Corte Inglés, Ikea, Carrefour y Alcampo, entre otras).

Ese matiz –“muy probablemente”– es importante, porque significa que Bruselas se inclina, de entrada, por declarar ilegales los tributos que Cataluña, Asturias, Canarias, Aragón, La Rioja y Navarra aplican a los locales comerciales de más de 2.500 metros cuadrados, por “motivos medioambientales”.

Si Bruselas declara que estos gravámenes son contrarios a la legalidad comunitaria, será un fallo de una gran importancia para el sector de la gran distribución que “obviamente tendrá repercusiones y obligará a las comunidades autónomas que han puesto esos impuestos a cambiar el diseño”, según García-Legaz.

El de las grandes superficies es un impuesto contra el que ha batallado mucho Anged, ya que, según los cálculos de la patronal de la gran distribución, el pago de 17 euros por metro cuadrado (la media exigida en las comunidades afectadas) se lleva entre el 35% y el 36% de su beneficio. Esa cifra es la que cobra, por ejemplo, Cataluña, impulsor y gran defensor de este tributo autonómico.

El presidente de Anged, Alfonso Merry del Val, recordó las palabras del comité de expertos fiscales del Gobierno, presidido por Manuel Lagares, respecto del impuesto sobre las grande superficies: “Es un tributo que discrimina a determinados medios de distribución y provoca un grave daño a la unidad de mercado y a la eficiencia del comercio”.

Cabe recordar que Islas Baleares se ha planteado implantar este impuesto y que Izquierda Unida presiona en Andalucía para que la Junta haga lo propio. Además, Navarra pensó incluso en elevar el gravamen, que en su caso comenzó siendo de 12 euros por metro cuadrado, el más bajo de los existentes.

Es decir, se trata de un gravamen que venía ganando protagonismo, por lo que el anuncio de García-Legaz, pese a referirse sólo al inicio del procedimiento, sentó como agua de mayo en la asamblea de Anged, a la que acudió una nutrida representación de lo más granado del sector de la distribución comercial (que, por cierto, guardó un minuto de silencio en memoria del presidente de El Corte Inglés recientemente fallecido, Isidoro Álvarez).

Merry del Val, cargó duramente contra “la prolija y asfixiante legislación comercial autonómica” y aseguró que esos “enfoques proteccionistas” han “dañado seriamente” a su sector “mediante la imposición de obstáculos a la inversión, la modernización y la creación de empleo”. Se trata, en su opinión, de “una política caduca que en el fondo ha perjudicado a los consumidores”.

El presidente de la patronal criticó varias veces a determinadas autonomías –sin citarlas–. Por ejemplo: “Frente a un consumidor cada vez más libre, el comercio padece un intervencionismo político que resulta inútil, salvo para aquellos que desean alimentar discursos demagógicos y enfrentamientos estériles”.