La UE denuncia a España por no implantar las normas antiblanqueo

La Comisión Europea (CE) culminó ayer el procedimiento abierto contra España, por no adoptar las medidas necesarias en la lucha contra el blanqueo de capitales, y denunció al Gobierno español ante el Tribunal de Justicia de la UE, para que le sancione por incumplimiento de la normativa europea. España, junto con Bélgica, Irlanda, y Suecia no han incorporado aún en su legislación nacional la tercera Directiva contra el blanqueo de capitales, cuyo plazo espiraba el 15 de diciembre de 2007. Esta Directiva, aprobada en 2005, incorpora esencialmente en el derecho comunitario las cuarenta recomendaciones que había aprobado el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de la OCDE, donde se integran las normas más importantes de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La normativa europea endurece el régimen de lucha contra el blanqueo de capitales, sobre todo en el sector financiero, así como en el entorno de los abogados, notarios, contables, corredores de la propiedad inmobiliaria y casinos. El ámbito de aplicación se amplía también a los proveedores de servicios, así como a todos los proveedores de bienes cuando los pagos efectuados en metálico superen los 15.000 euros. Además, la Directiva entre otros elementos, impone instrumentos de control en la lucha contra el blanqueo de dinero, gracias a la identificación del cliente, conservación de datos, formación del personal, etc., para reforzar la lucha contra la financiación del terrorismo. Finalmente esta normativa incorpora requisitos y salvaguardas complementarios para situaciones de mayor riesgo, como por ejemplo, para las transacciones con bancos corresponsales situados fuera de la UE. Vertederos. Por otro lado, la CE dio un ultimátum a España, antes de levarla de nuevo ante el Tribunal europeo, por la deficiente aplicación en España de la legislación sobre el tratamiento de residuos. España todavía tiene que clausurar y rehabilitar 87 vertederos ilegales que reciben unas 660.000 toneladas de residuos cada año. Además, muchos de los vertederos ilegales que se han clausurado necesitan una rehabilitación urgente. La directiva controla la explotación de los vertederos, para proteger la salud humana y el medio ambiente, contra los peligros potenciales que entrañan los residuos. La normativa comunitaria exige el reciclado y la transformación de los residuos para poder reutilizarlos, además de prohibir el abandono, el vertido y la eliminación incontrolada de residuos. Los estados deben establecer una red integrada y adecuada de instalaciones de eliminación.