La reforma fiscal se enreda en el País Vasco tras el 22-M.

Hace un año, el lehendakari Patxi López decidió aplazar la reforma fiscal en Euskadi para evitar que el horizonte de las elecciones forales y municipales distorsionara el debate, en el que deben participar el Gobierno vasco y las tres Diputaciones forales, que tienen las competencias para regular y recaudar impuestos.Esta reforma es absolutamente necesaria, según el Ejecutivo, ante el hundimiento de la recaudación por la crisis y la necesidad de asegurar los ingresos necesarios para mantener el estado de bienestar. A la vista del resultado del 22-M, quizá el lehendakari esté arrepentido del retraso, dado el inusitado reparto de poder y la pluralidad del escenario institucional que han dejado las urnas, y que acabó de definirse ayer con la llegada del PP a la Diputación de Álava. Finalmente, el popular Javier de Andrés salió elegido diputado general con los 25 votos de PP y PSE, mientras que el nacionalista Xabier Agirre, que optaba a la reelección, se quedó con los 24 votos de PNV y Bildu tras la decisión de EB (versión vasca de IU) de no apoyarle. Posturas dispares Con el PP en Álava, el PNV en Vizcaya, Bildu en Guipúzcoa, y el PSE en el Gobierno autonómico, la negociación de un acuerdo sobre fiscalidad en el País Vasco se antoja una tarea endiablada. Por primera vez, estas cuatro grandes fuerzas políticas tienen poder institucional, y sus visiones no son precisamente coincidentes. El PSE quiere subir la presión fiscal, y ha adelantado algunas medidas que "suenan bien" a Bildu, pero que no gustan nada al PNV ni al PP (que apoya al Gobierno de López). En una reciente entrevista a EXPANSIÓN, el presidente de los populares vascos, Antonio Basagoiti, tendió la mano al PNV para evitar la subida de impuestos. A la vuelta del verano, el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) y el Consejo Vasco de Finanzas (CVF) -en los que se sientan Gobierno y Diputaciones para definir y armonizar la política tributaria en Euskadi- empezarán a negociar. Si alcanzan un pacto, éste se llevará en forma de proyecto de norma foral a las tres Juntas Generales (Cámaras provinciales), y allí la reforma fiscal tendrá que pasar la reválida y recabar el apoyo mayoritario de los grupos. Este procedimiento ha funcionado hasta ahora, aunque algunos expertos denuncian que un asunto de tanta trascendencia como la fiscalidad se decida en órganos cerrados y poco transparentes, y llegue ya pactado a las Juntas. Aunque si ha funcionado ha sido porque el PNV ha controlado las instituciones y, por ende, el debate económico y fiscal, y ha llamado al orden cuando alguna Diputación ha pretendido apartarse de la ortodoxia y de la armonización. Ahora, en cambio, la situación es muy distinta: el poder del PNV se limita a la Diputación de Vizcaya, y el PSE, en el Gobierno desde hace 2 años, quiere liderar el debate fiscal pese a no tener competencias, con el argumento de que casi el 90% de su presupuesto depende de la recaudación de las arcas forales. De hecho, las Diputaciones destinan al Ejecutivo el 70% de sus ingresos conjuntos, y se reparten el 30% restante en función del peso de cada provincia. El PNV pierde poder foral y económico En las dos últimas elecciones el PNV se ha visto apartado de sus principales feudos en el panorama institucional vasco: hace dos años perdió el Gobierno vasco, que quedó en manos de un PSE apoyado por el PP; hace dos semanas le ocurrió lo mismo en Guipúzcoa, donde Bildu se hizo con el poder, y ayer perdió su último bastión foral: la Diputación de Álava, que gobernará el PP. En ambos territorios, el PNV está dirigido por el ala más soberanista. La pérdida de poder institucional de los nacionalistas implica un fuerte deterioro de su protagonismo en el debate económico: tanto en el OCT como en el CVF se queda con un único representante de seis. La fortaleza del PNV se constriñe a la poderosa Vizcaya, desde donde tratará de mantener su influencia.