La rebaja fiscal a las empresas vascas reabre la pugna con el resto de España.

La fiscalidad empresarial vasca tiene abierto desde ayer un nuevo frente de batalla, surgido por primera vez dentro de Euskadi. La Diputación de Guipúzcoa, gobernada en minoría por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Eusko Alkartasuna (EA), ha roto la unidad fiscal en la comunidad autónoma al aprobar un Impuesto de Sociedades que fija el tipo general en el 30%, dos puntos por encima del que aplican Álava y Vizcaya, aunque inferior al anterior (32,6%) y al del resto de España (32,5%). Desde que las instituciones forales recuperaron sus competencias tributarias, con el Concierto Económico de 1981, las tres diputaciones han armonizado siempre los pilares de su regulación fiscal -en especial el Impuesto de Sociedades-, de modo que las empresas alavesas, vizcaínas y guipuzcoanas han gravado sus beneficios a un tipo común, normalmente inferior al del conjunto nacional, y se han aplicado incentivos muy similares. Este ventajoso tratamiento ha desencadenado una auténtica guerra en los tribunales contra la fiscalidad vasca, encabezada primero por el Gobierno central, y en los últimos años, por las autonomías vecinas. Acualmente, las medidas fiscales forales tienen varios procesos pendientes en el Tribunal de la UE y en la Justicia española (entre ellos, los últimos recursos de Castilla y León y de La Rioja contra el tipo del 28% vigente en Álava y Vizcaya). En Bruselas, la Comisión Europea espera recibir el día 11 la lista de las empresas que se beneficiaron de ventajas impositivas consideradas ilegales -en concreto las minivacaciones fiscales y el crédito tributario del 45%-, que ahora tendrá que devolver. En este panorama, la decisión de Guipúzcoa de distanciarse de Vizcaya y Álava "tira piedras sobre nuestro propio tejado, ya que lanza una imagen de desacuerdo en lugar de mostrar unidad frente a los ataques que vienen de fuera", en opinión de un economista. La iniciativa tampoco ayuda a la pretensión del PNV de blindar el Concierto limitando las posibilidades de recurrir judicialmente las normas fiscales. Los nacionalistas quieren hacer realidad esta reivindicación a cambio de su apoyo a los Presupuestos para 2008. Lejos de estas consideraciones, la aprobación en Guipúzcoa de un tipo de Sociedades más alto que el de Vizcaya y Álava parece responder a razones políticas. EA empezó a marcar distancias del PNV en materia fiscal en vísperas de las elecciones del 27-M -a las que se presentaron por separado- abogando por un tipo "no inferior al 30%", frente al 28% defendido por los peneuvistas. Este distanciamiento impidió la aprobación del tributo en Guipúzcoa. Ahora, EA ha impuesto su voluntad a su socio en la Diputación foral, subrayando de paso su "carácter socialdemócrata". Y ello en un momento tenso en las relaciones mutuas, después de que los dirigentes de EA hayan acusado al PNV -del que es aliado también en Álava y en el Ejecutivo vasco- de buscar el pacto con el PSE y de abandonar las tesis en favor de la consulta de autodeterminación. Negociación con el PSE. PNV y EA van a tener que negociar enGuipúzcoa apoyos políticos para sacar adelante el impuesto en las Juntas Generales o Parlamento provincial, donde no tienen mayoría. Ambos partidos intentarán acordar la norma con el PSE, aunque esta formación -que fue la más votada el 27-M en ese territorio- no pondrá fácil su respaldo. Los socialistas han mostrado ya su disposición a negociar, aunque recordando que su apuesta es un tipo del 32,5% -el aprobado para 2007 en la reforma fiscal estatal-. Según sus dirigentes, PNV y EA deberán "acercarse al máximo" a este nivel para logar su apoyo. El PSE votó en contra de las normas de Sociedades en Vizcaya y Álava. A día de hoy, por tanto, las empresas de Guipúzcoa no saben con certeza cómo se gravarán sus beneficios de este ejercicio. El Gobierno de Vitoria evitó ayer hacer comentarios sobre la ruptura de la unidad fiscal vasca, argumentando que no es definitiva. Como último recurso para restaurar la unidad tributaria, Vitoria podría desempolvar la Ley de Armonización Fiscal, que no ha utilizado hasta ahora, y que faculta al Parlamento Vasco para coordinar la regulación tributaria foral. El PNV ha defendido esta posibilidad, aunque el Gobierno no parece muy dispuesto a abrir esta vía, que podría introducir más inseguridad y replantear el reparto de competencias entre las instituciones vascas. Además el PNV no contaría en el Parlamento con apoyos -ni siquiera los de sus socios- para armonizar la fiscalidad en torno a un tipo del 28%.