La inspección pide un chequeo urgente de 10 exparaísos fiscales.

Conscientes de las considerables restricciones presupuestarias que sufrirá la Administración en los próximos tiempos y que quizá cualquier mejora legal en beneficio de la lucha contra el fraude tardaría un tiempo en dar sus frutos, los inspectores de Hacienda entienden que hay medidas que la Agencia Tributaria puede tomar de manera urgente sin gastar más dinero. Una de ellas pasa por dar una vuelta de tuerca al mensaje de lucha contra la opacidad de los paraísos fiscales lanzado por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría a comienzos de enero. Más que destacar la explotación de la información relevante que se pueda obtener a partir de ahora de ciertos territorios supuestamente comprometidos con la transparencia, los inspectores entienden que el objetivo debe ser revisar si estos países realmente ofrecen tal información y, en caso contrario, devolverlos a la antigua lista negra española de paraísos. En la actualidad, España mantiene en vigor convenios tributarios que incluyen intercambio de información con una decena de países que, hasta entonces, figuraban en la lista nacional de paraísos fiscales. Entre ellos, destacan por su importancia para las autoridades tributarias españolas el de Andorra, con efectos 2010; los de Panamá y Bahamas en 2011, y el de una plaza financiera de primer orden como es Singapur (enero de 2012).Lo que plantean los inspectores es que a estos diez territorios -en breve se sumarían acuerdos con otros países clave, caso de Hong Kong, Bermudas y las Islas Caimán)- se les pase el examen de la solicitud urgente de información, aunque los casos consultados puedan ser de escasa relevancia tributaria. De esta manera, se podría comprobar con relativa rapidez -los tiempos de respuesta no suelen ser cortos- si el compromiso de los exparaísos con la transparencia es real para, en caso contrario, volver a considerarlos territorios opacos, que se reactiven para ellos los blindajes antielusión de la normativa tributaria española y evitar así un foco de fraude que consideran en absoluto desdeñable. Deducciones, bajo lupa Junto a ello, la inspección de Hacienda propone también un plan sistemático de control de las deducciones vigentes en el Impuesto sobre Sociedades, de manera que, más allá de las revisiones habituales de cualquier declaración societaria anual, se destinaran medios a la comprobación específica de las deducciones. Este ejercicio vendría acompañado de una comprobación de los efectos económicos que han tenido las propias deducciones, con idea de eliminar cuanto antes aquellas que se consideren inútiles o se hayan desvirtuado frente a los propósitos con que se diseñaron. La puesta en marcha de las nuevas reglas de contabilidad en 2008 es, igualmente, motivo de interés especial para los inspectores, que reclaman un foco de atención sobre ciertas operaciones alejadas, a su entender, de los cauces marcados por la normativa tributaria. Junto a estas propuestas y otras que consideran obvias, como la explotación de los datos de consumo eléctrico aportados por las compañías energéticas, los inspectores reclaman el desarrollo de aplicaciones informáticas para que las nuevas vías de información masiva sobre contribuyentes que está abriendo la Agencia Tributaria -caso de la presentación telemática del modelo 340 de libros registro del IVA- no solo sirva para la inspección, sino también para el ámbito de la recaudación. El planteamiento pasa, en este caso, por aprovechar esa nueva información para favorecer la inmediatez de los embargos preventivos. Para la inspección, todas estas medidas no son las más importantes que debe acometer la Agencia Tributaria para mejorar su recaudación, pero sí algunas de las más relevantes de entre aquellas que puede llevar a cabo hasta que se decidan grandes cambios normativos y se levanten las restricciones presupuestarias.