La CE sugiere a España que suba el IVA y la fiscalidad de la energía y que baje las cotizaciones.

El ejercicio de supervisión puesto ayer en marcha por la Comisión Europea, denominado "semestre europeo", combina la antigua revisión de los Planes de Estabilidad (donde se fijan los objetivos de déficit y deuda) con la evaluación de los Planes Nacionales de Reformas económicas que deben presentarse desde este año. Bruselas aúna así la vigilancia presupuestaria y la macroeconómica, para intentar evitar los graves desequilibrios incubados en varios países durante la primera década del euro. "Es una respuesta nacida del convencimiento de que nuestras economías son ahora más interdependientes que nunca", señaló en Estrasburgo el presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, tras la aprobación de las recomendaciones. España, a pesar de haber sido uno de los países donde esos desequilibrios se manifestaron de forma más dramática (en la balanza de pagos, en inflación, en explosión del sector inmobiliario) sale relativamente indemne de esta primera oleada de recomendaciones del organismo comunitario. Bruselas se limita a insistir en la necesidad de cumplir de manera estricta los objetivos de déficit para 2011 (6%) y 2012 (4,4%) y pide que se rematen medidas ya anunciadas como la reforma de las pensiones y del sistema de negociación salarial ( para ligar los incrementos a la productividad), o la reestructuración de las cajas de ahorro. La CE también sugiere, pero sin tono imperativo, la posibilidad de incrementar el IVA y los impuestos sobre la energía, en particular, sobre los combustibles, para facilitar una reducción de los costes laborales ligados a la seguridad social. Bruselas recuerda que la contribución a la seguridad social supone en España como media el 23% del salario, uno de los porcentajes más elevados de la zona euro. El documento también pide a España que contemple nuevas reformas del mercado laboral si las acometidas en 2010 y 2011 no producen los resultados esperados (reducción de hasta tres puntos en la tasa de paro estructural, según la información facilitada por el Gobierno al organismo comunitario). El texto aprobado ayer por la Comisión, sin embargo, no pone en duda la capacidad de España para lograr este año el ajuste presupuestario, a pesar de considerar demasiado optimistas las previsiones de crecimiento del Gobierno. Y en contra de lo previsto, tampoco hace demasiado hincapié en los derrapes fiscales del año pasado en las comunidades autónomas, que reconoce compensados por un ajuste mayor de lo previsto en la administración central. La Comisión solo insta a que se apliquen "estrictamente" los mecanismos de control de déficit y deuda ya existentes. Y apoya la propuesta del Gobierno de introducir en el futuro un techo de gasto para todas las Administraciones, incluidas las autonómicas en función del crecimiento del Producto Interior Bruto. La aparente benevolencia de la Comisión con España parece responder al hecho de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero, por exigencia de la UE, ya ha puesto en marcha desde mayo de 2010 muchas de las reformas reclamadas ahora por Bruselas a otros países. En ese mismo sentido, la CE no ha dirigido ninguna recomendación a los países que ya han sido intervenidos (Grecia, Irlanda y Portugal, en la zona euro; y Letonia y Rumanía, en la UE) y en cambio se muestra especialmente dura con Bélgica, Italia o Reino Unido. España parece situarse entre ambos bandos. Y la Comisión, a juzgar del documento, se daría de momento por satisfecha si el Gobierno consigue concluir todas las reformas iniciadas. La única tarea nueva que Bruselas encomienda para el futuro es la reducción de los contribuciones a la Seguridad Social. El departamento de Olli Rehn, comisario europeo de Asuntos Económicos, califica esas cuotas de "elevadas" y dañinas para la competitividad de las empresas españolas. Su reducción, según el equipo de Rehn, redundaría en beneficio de las empresas, pero también de los consumidores porque permitirían precios más bajos en la producción nacional. Rechazo de Hacienda El mismo departamento reconoce, sin embargo, que la medida debería ser neutral desde el punto de vista presupuestario, por lo que debería compensarse la inevitable caída de los ingresos de la seguridad social. Y apunta una polémica solución. "Dado que en España la fiscalidad indirecta y la de los productos derivados del petróleo son relativamente bajas se podría compensar la rebaja de las cuotas de la Seguridad Social con un incremento de los impuestos indirectos y de los especiales", plantea la CE en el documento de trabajo que sirve de base a sus recomendaciones. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, rechazó ayer mismo esa sugerencia, que calificó de "inoportuna" porque castigaría el consumo, con un aumento del IVA, y pondría en peligro la sostenibilidad de la seguridad social, con una reducción de las contribuciones. "Dentro de no sé cuantas legislaturas, cuando las reformas estén produciendo sus efectos, será el momento de ver qué dice la Comisión Europea", se desentendió Salgado. La tajante reacción de la ministra española ilustra las limitaciones del nuevo mecanismo de la Unión Europea para imponer disciplina presupuestaria y económica. La propia Comisión reconoce que carece de instrumentos para imponer su criterio (aunque desde el año que viene se introducirá un procedimiento por desequilibrios excesivos) y confía en que los mercados financieros se encarguen de disciplinar a los Gobiernos. Un arma tan poderosa como imprevisible.