La armonización de Sociedades en la Unión Europea perjudicará a España.

La propuesta de Directiva de armonización de Sociedades que se negocia en la UE supone un importante reto para España y el resto de Estados porque supondrá cambios en la legislación y la estructura del impuesto. Estos cambios recibieron ayer un empujón definitivo por Merkel y Sarkozy, que no sólo pretenden unir las bases del Impuesto, como hasta ahora se postulaba, sino que quieren ir más lejos y armonizar tipos. Algunos informes extranjeros aseguran que España saldrá bien parada en lo que a recaudación se refiere por la Directiva europea, pero la mayoría de los expertos españoles no lo comparte. Los fiscalistas que ha consultado este diario apuntan que la cuestión radica en la llamada ventanilla única. Es decir, que las empresas elegirán un Estado en el que presentar toda su declaración fiscal. Estos analistas detallan que los grupos de empresas elegirán el Estado miembro cuya Hacienda sea más eficaz y conla que tengan mejor trato. Fuentes conocedoras de los procesos certifican que la Agencia Tributaria no es el organismo con la mejor reputación para las multinacionales. En contraste con, por ejemplo, Bélgica, conocida por su flexibilidad y contacto directo con las empresas. Según comentó el inspector del Estado Eduardo Sanz Gadea en un encuentro sobre este Impuesto, es en los asuntos político-administrativos, "donde se atisba la médula de la soberanía". Estos asuntos están "miopemente desatendidos en no pocas ocasiones porque son unas normas, como las de gestión, que no pertenecen al núcleo del tributo".En consecuencia, apuntó Sanz Gadea, "la posición ha de derivar de una decisión política, no técnica. Y en esa tarea política se intuye que la concurrencia, o no, de la fragmentación entre países centrales y periféricos, y la posición que presumiblemente vaya a ocupar un determinado país". Es decir, que España perderá posiciones administrativas y de competitividad si se produce una previsible deslocalización de la gestión fiscal hacia Agencias más atractivas. Según apuntan fuentes conocedoras de las reuniones en Bruselas, los miembros de la Agencia que representan a España están manteniendo un perfil poco reivindicativo. Por otra parte, España deberá afrontar más retos porque la base fiscal va a tener más diferencias que en la actualidad con la contabilidad, del país y, en segundo lugar, porque establece un nuevo marco de prescripciones con consecuencias penales y tributarias. De esta forma, mientras que en España el plazo de prescripción es de 4 años, la Directiva contempla tres plazos de 3, 6 y 12 años. Además, cuando se recurra un acta, no se podrá suspender el pago de la deuda, a diferencia de España, según comentaron los asistentes a un foro sobre la armonización que organizó KPMG. Si prosperan, estas directrices de la propuesta de Directiva crearán en España dos sistemas a la hora de calcular la base imposible, aunque es previsible que la normativa nacional acabe convergiendo con la de la UE. Además, a los expertos españoles no les salen los cálculos sobre los beneficios de la armonización para las empresas. En cuanto a las bases del tributo, Eduardo Sanfrutos, socio responsable de Tributación de Empresas de Ernst&Young, recuerda que "España tiene un sistema muy ventajoso respecto a las deducciones, y podría salir perjudicada en el proceso".