La aplicación de las tasas judiciales se aplaza varios días por falta de formularios

Los juzgados de toda España, y los de las capitales vascas en particular, habían recibido durante los últimos días un número de pleitos mayor de lo normal. Todos ellos fueron presentados «a uña de caballo» por procuradores que pretendían eludir las nuevas tasas judiciales, unas 'tarifas' que iban a estar vigentes a partir de hoy y que son mucho más caras para personas jurídicas y, por vez primera, para las personas físicas (es decir, los ciudadanos corrientes). Sin embargo, a última hora de ayer, el secretario de Estado de Justicia, Juan Bravo, anunció que su introducción se aplazaba «durante unos días o semanas» debido a que no han llegado a los juzgados los formularios de Hacienda que habrá que entregar como justificante de estos pagos. La nueva normativa -una ley publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE)- eleva hasta 800 euros las apelaciones civiles y contenciosas, y hasta 1.200 la casación en el Supremo. El objetivo declarado del Gobierno central es reducir la litigiosidad en España (nueve millones de asuntos al año), pero ha conseguido unir en su contra a todos los colectivos de la Justicia. Jueces, fiscales, secretarios, procuradores, letrados y consumidores han alertado de que los notables incrementos previstos -en algún caso de más del 100%- disuadirán de pleitear a los ciudadanos con menos ingresos. En cambio, las grandes empresas, bancos y aseguradoras, pueden permitirse esos gastos; con la posibilidad, además, de recuperarlos si el juez o tribunal impone las costas a la otra parte. La nueva ley introduce por vez primera tasas en la jurisdicción Social, de modo que un recurso de súplica costará 500 euros y el de casación 750 (en ambos casos, algo menos de lo previsto inicialmente en la primera propuesta del Gobierno). En la jurisdicción Civil, los procesos verbal y cambiario (este último para cobrar una letra de cambio) subirán de 90 a 150 euros. Los procesos ordinarios pasarán de costar 150 a 300 y el monitorio (para exigir deudas que figuren en un documento) aumentará de 50 a 100 euros. A estas nuevas sumas, que son fijas, los ciudadanos particulares tienen que añadir unas cantidades variables, que se determinan aplicando un porcentaje sobre el importe del pleito (0,5% hasta 100.000 euros y 0,25% por encima de esa cifra, con un tope de 10.000 euros). «Una involución» La reforma deja exentas de tasas las reclamaciones de menos de 2.000 euros, pero siempre que no exista oposición en el procedimiento, lo que ocurre el 60% de las veces. En conjunto, el Ministerio de Justicia espera recaudar 300 millones de euros anuales, un dinero que tiene previsto destinar a la Justicia gratuita, que lógicamente tampoco tiene tasas (igual que la jurisdicción penal). No obstante, el artículo 11 de la ley que hoy entra en vigor abre la posibilidad de aplicar las tasas judiciales en la Justicia gratuita por la vía de los presupuestos generales del Estado. Por ese motivo, ese artículo ha quedado en suspenso hasta enero de 2013. De forma paralela, la Administración judicial prevé bonificaciones en las tasas cuando los procedimientos se tramiten por vía informática, un sistema que todavía está en fase de implantación. Las críticas contra la reforma arreciaron ayer en todos los ámbitos: judiciales, políticos y sindicales. El PSOE y los sindicatos acusaron al Gobierno de haber creado una Justicia de «dos categorías», a la que se accederá en función de los ingresos económicos. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, denunció «una involución en la esencia misma de la democracia», y UGT recordó que el Tribunal Constitucional solo admite tasas a condición de que no impidan litigar. El Consejo Vasco de la Abogacía, que se reúne hoy con el presidente del Tribunal Superior del País Vasco, Juan Luis Ibarra, le trasladará el profundo malestar de los letrados. El juez decano de Bilbao, Alfonso González Guija, confesó ayer que las nuevas cantidades establecidas son «desmesuradas» y «no hacen iguales a los desiguales». «Habría que discriminar entre personas jurídicas, las grandes sociedades, que suponen el 40% de la litigiosidad en los juzgados civiles y mercantiles, del ciudadano que hace una reclamación». El magistrado Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz de Jueces para la Democracia en el País Vasco y magistrado de la Audiencia de Álava, acusó al Ministerio de Justicia de intentar desanimar a los ciudadanos de acudir a los juzgados en vez de invertir más en la Justicia. «Menos tasas y más jueces», resumió. UNA NORMATIVA QUE AFECTA A CASI TODO, DESDE UNA MULTA DE TRÁFICO A UNA HERENCIA O UNA NEGLIGENCIA MÉDICA El grueso de la población cuya unidad familiar supere el doble del salario mínimo interprofesional -es decir, 1.282 euros-, tendrá que pagar una tasa si acude a la Justicia. Despidos laborales, caseros que se niegan a devolver la fianza, inquilinos que dejan de pagar la renta, negligencias médicas, ahorros invertidos en preferentes, disputas sobre una herencia, problemas con la expareja en el reparto de bienes... Son muchos los asuntos que pueden tocar el bolsillo de los españoles. He aquí algunos ejemplos reales: Multas de tráfico. En las sanciones de tráfico es donde más se ve que se trata de una tasa disuasoria. En las multas sin retirada de puntos (hasta 100 euros) la tasa judicial es de 200, es decir, el doble. En las infracciones graves sin puntos (hasta 200 euros), la tasa equivale a la multa: 200 euros. Reclamación de cantidad. Un jubilado ha denunciado la pérdida de sus ahorros por las preferentes. No prospera la vía penal (exenta de tasas) y tiene que acudir a la civil. Los ahorros reclamados a la entidad financiera son 128.000 euros. Presentar solo la demanda le obligará a desembolsar 940 euros. Gremios. Un escayolista repara un techo al dueño de un piso por 90 euros. El cliente no le abona la factura tras varios intentos infructuosos y el profesional opta por recurrir a los tribunales para reclamar dicha cantidad. Deberá pagar 100 euros para iniciar el proceso judicial. O lo que es lo mismo, la tasa judicial es superior a lo que el escayolista pretende cobrar. Humedades en una vivienda. El propietario de una casa quiere que se arregle la terraza de donde proceden las filtraciones. No se sabe cuánto va a costar. La póliza de seguros de hogar, que garantiza la defensa jurídica gratuita, no cubre la tasa y si lo hace, es a costa de duplicar la prima del seguro. Total tasa: 450 euros. División de patrimonios. En un supuesto de división de un patrimonio común (una herencia entre hermanos) consistente en un piso de 300.000 euros, un apartamento en la playa de 60.000, 35.000 en el banco y un coche valorado en 5.000 euros, la tasa asciende a 2.300 euros. Negligencia en el parto. Unos padres reclamaron 600.000 euros de indemnización después de que su hija sufriera graves daños cerebrales por una negligencia médica en el parto. Los padres tuvieron que llegar al Supremo para que se les diera la razón (sentencia del 23 de diciembre de 2002). No tuvieron que pagar nada. Hoy abonarían 11.300 euros. Tetrapléjico en un accidente. El ocupante de un vehículo se queda tetrapléjico en un accidente y reclama a las compañías aseguradoras 1,3 millones de euros. Interponer la demanda le cuesta 6.050 euros; si tiene que recurrir en apelación, otros 6.550, y si tuviese que llegar al Tribunal Supremo, 6.950 euros. Total de la tasa: 19.550 euros.