La amenaza silenciosa de los impuestos.

«Lean mis labios. No habrá nuevos impuestos». Era 1988 y George Bush padre afrontaba el fenomenal reto de suceder al carismático presidente Reagan como candidato republicano en la carrera hacia la Casa Blanca. Lo hacía entre el escepticismo de los suyos y la desconfianza de la ciudadanía, que intuía un futuro con más impuestos ante la necesidad de corregir un déficit público desbocado por el gasto militar. La frase volteó los sondeos de opinión y convenció a los asesores políticos de medio mundo de que el camino más corto al afecto de los electores pasa garantizar que sus bolsillos no se tocarán. La realidad marcó luego su propio camino y Bush elevó los impuestos hasta en tres ocasiones. En España, la estrategia del 'no new taxes' suele funcionar. La última prueba es reciente. Después de años criticando cualquier medida que pudiera elevar la presión fiscal, el recién estrenado Gobierno del PP no tardó ni una semana en aprobar sendas subidas de los impuestos de la renta y bienes inmuebles, que exigirán 6.250 millones de euros a los contribuyentes. En su descargo, argumentan que la situación de las cuentas públicas es aún peor de lo que esperaban -el déficit de 2011 se disparó al 8,51% en términos de PIB frente al 6% previsto- y comprometen su palabra en que afrontarán lo que queda del ajuste solo a golpe de reducción del gasto. Su propósito dista mucho de ser sencillo. Aún después de haber suavizado el objetivo de déficit para este año -desde el 4,4% del PIB comprometido ante la UE hasta el 5,8%-, el tijeretazo que afrontan las administraciones públicas no será inferior a 30.000 millones, de los cuales unos 17.000 deberán detraerse del gasto autonómico, 12.000 de los presupuestos del Estado y el resto será ahorro municipal. El recorte apenas tiene precedentes en los países desarrollados, reconocen los expertos. Y el reto se complica por las dificultades que ha demostrado la Administración para reducir su gasto. El duro decreto de ajuste anunciado por Zapatero en mayo de 2010, que rebajó un 5% el sueldo de dos millones y medio de funcionarios, congeló siete millones de pensiones y eliminó de un plumazo el cheque-bebé y los 400 euros 'solo' redujo en 15.000 millones el gasto público, ni siquiera un tercio de los 50.000 anunciados. Mientras, los impopulares cierres de plantas hospitalarias, ajustes en plantillas de la enseñanza pública y eliminación de pagas a empleados públicos a duras penas han alcanzado para compensar el desplome de sus ingresos -se esperaba recaudar 19.000 millones con las medidas fiscales en 2011 que se quedaron en 7.000- y ni siquiera les han permitido reducir los números rojos en sus cuentas. ¿Es entonces posible un reto de tal magnitud sólo con recortes de gastos? En opinión de un ex alto cargo de Hacienda en el último Gobierno socialista, el margen de maniobra es muy limitado. «La mitad del presupuesto está comprometido de antemano por aportaciones a la UE, gastos de personal e intereses de la deuda, y el margen para ajustar la inversión pública y el gasto ministerial es ya muy exiguo tras tres ejercicios de ajuste duro». Gustavo Nombela, profesor de la London School of Economics, avisa de que un recorte masivo del gasto tendría efectos nocivos sobre la ya deprimida actividad económica. «El proceso sólo será sostenible con una combinación inteligente de ajustes selectivos en el gasto y medidas por el lado de los ingresos». Su tesis no difiere mucho de la receta aplicada por los principales países de la UE: combinar reducciones de gasto con una activa política fiscal, sobre todo, en el IVA, la imposición personal a las rentas más altas y los nuevos impuestos a la banca, tres vías que, en teoría, el Gobierno no contempla ahora. IVA, principal candidato Claro que una cosa son las declaraciones y otra los hechos. Desde el Banco de España, la OCDE, la Comisión Europea y el FMI se ha instado a España a seguir dicha fórmula, usando el IVA como opción más plausible para incrementar el flujo de ingresos de las arcas públicas. El FMI ha recomendado expresamente el alza del tipo general de este impuesto hasta el 20%, lo que aportaría una recaudación extra de 5.000 millones de euros. Luis del Amo, gerente del Registro de Asesores Fiscales, coincide con esta tesis. «Si se quiere elevar los ingresos a corto plazo, el IVA es la opción más razonable; en el IRPF ya no hay margen de actuación, los tributos especiales (carburantes, alcohol y tabaco) no tienen la suficiente potencia recaudatoria y la necesaria reforma del Impuesto de Sociedades sólo aportaría recursos a medio plazo». Para Francisco de la Torre, de la Asociación de Inspectores de Hacienda, «si el Gobierno quiere, no ya cumplir el objetivo de déficit, sino reducirlo en cierta medida, va a ser inevitable que suba el IVA». José María Mollinedo, de la organización de subinspectores de Hacienda (Gestha), defiende que el marco fiscal ofrece otras palancas: supresión de deducciones ineficaces en el IRPF o del trato preferente a las rentas de capital sobre las del trabajo, las sicav (sociedades de inversión de las rentas altas) y las 'vías de escape' en el impuesto de Sociedades. «Sólo elevando la presión fiscal sobre las empresas de mayor tamaño para equiparar su imposición real a la de las 'pymes' se obtendrían 13.000 millones anuales», afirma. Un dato: en 2011, los hogares pagaron 69.803 millones en impuestos, cinco veces más que las empresas (16.611). José Manuel de Bunes, socio de Arco Asesores y exdirector general de Tributos, advierte que en un contexto inestable como el actual cualquier retoque impositivo debe ser muy medido. «Si se toca el IVA, habrá que medir bien sus efectos porque una subida excesiva podría tener un efecto tremendo sobre un consumo ya decaído». Ante la tozuda realidad del déficit, es probable que el Gobierno olvide sus palabras y atienda más a los labios de los expertos y de los organismos internacionales. El ejemplo de irlanda «El proceso de ajuste al que se enfrenta España no tiene precedentes en los países desarrollados». Esta es la contundente conclusión a la que llega el Servicio de Estudios del BBVA tras analizar uno por uno 173 procesos de ajuste presupuestario llevados a cabo en 17 países desarrollados del área OCDE en los últimos 30 años. Su informe solo identifica tres precedentes de países que lograron en su día reducir el déficit en una cuantía cercana a cuatro puntos de su PIB en un solo ejercicio y en un contexto de crecimiento negativo, es decir, las condiciones en las que afronta España este año. El caso más reciente es el de Irlanda, que en 2009 consiguió rebajar en 4,7 puntos su déficit en medio de un crecimiento negativo del 7%. Lo hizo en buena medida gracias a una agresiva política fiscal. Y es que el análisis de la entidad financiera ofrece otra conclusión decididamente reveladora. En todos esos casos de 'éxito', el ajuste se produjo esencialmente por la vía de una mejora de los ingresos públicos (impuestos, tasas, ...)y, solo en menor medida, mediante reducciones del gasto.