Industria impone un “tax lease” que encarecerá los barcos un 9%.

El Ministerio de Industria puso ayer fin a tres meses de incertidumbre en la industria naval española al anunciar por primera vez y de forma oficial ante la patronal de los astilleros españoles Uninave la entrada en vigor de una fórmula provisional alternativa al tax lease que Bruselas ordenó bloquear el pasado 27 de junio, y que permitirá la vuelta a la contratación naval en el plazo de una semana. El director general de Industria, Jesús Candil, fue el encargado de presentar ante la junta general de Uninave celebrada en Madrid la nueva herramienta fiscal y financiera diseñada de forma unilateral por el Gobierno de España (ministerios de Economía e Industria), mientras, de forma paralela, la Dirección General para la Competencia de la CE resuelve la investigación abierta al anterior tax lease, denunciado por un grupo de países europeos encabezados por Holanda, por supuesta vulneración de la libre competencia en el seno de la UE. Según fuentes de la citada reunión, Candil explicó a los astilleros que el Gobierno tiene ya avanzadas las conversaciones con bancos y estructuradores financieros para que en el plazo de cinco días la Dirección General de Tributos, que hace tres meses cerró la ventanilla de admisión de buques financiados con el antiguo tax lease por orden de Bruselas, autorice de nuevo la entrada de expedientes de contratación de barcos planteados con la nueva fiscalidad. Hasta aquí las buenas noticias, porque el sector ya tiene confirmación oficial de un ansiado nuevo tax lease. Pero el problema es la letra pequeña impuesta por Economía e Industria para que Bruselas no ponga objeciones y que, en la práctica, limita el margen de rentabilidad financiera a un máximo del 21 %, frente al 30 % que permitía el sistema anterior, lo que se traduce en un encarecimiento de la fiscalidad normal de los buques que se fabricarán en España a partir de la entrada en vigor de la nueva fórmula del 9 %. Menos competitivos Con esta pérdida de competitividad manifiesta, la gran incógnita ahora de cara al futuro es si las armadoras que tienen buques firmados o en negociaciones avanzadas con los astilleros gallegos a la espera del nuevo tax lease (entre tres y cinco unidades pendientes) siguen interesadas en seguir adelante con las operaciones. El anterior sistema español de arrendamiento fiscal para la contratación de buques que, según Bruselas, podría haber distorsionado la libre competencia, ha permitido la construcción de 273 barcos entre el 1 de enero del 2020 y el 30 de junio del 2010 por un valor total de 8.727 millones de euros.