Holcim evita una multa porque el Fisco solicitó excesiva documentación.

La Audiencia Nacional respalda a Holcim en un pleito contra Hacienda y le exime de pagar más de 24 millones de euros por fraude fiscal. Y ni siquiera juzga si las filiales de la gran cementera en España hacían una planificación tributaria ilícita, sino que le quita toda la razón al Fisco porque incurrió en defectos formales y le imputó a la multinacional retrasos en la presentación de la documentación de operaciones vinculadas que no eran tales. Esta sentencia tiene gran importancia para las empresas y sus asesores fiscales, en concreto, de grandes multinacionales, que deben procesar documentos e informes de otros continentes y que ven cómo la inspección les imputa dilaciones continuamente y concluye que no cumplen con lo requerido. El caso se remonta a una inspección de la Delegación de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria (AEAT) porque las filiales de Holcim habían recibido préstamos del grupo para la compra de empresas, lo que derivó en gastos financieros muy elevados en España que compensaban los beneficios de las sociedades durante los ejercicios 1998 a 2001. La AEAT entendió que estos préstamos constituían fraude de ley porque disminuía sus impuestos en España. Sin embargo, Holcim se ha librado de estas acusaciones porque la Audiencia Nacional no admite como dilación que en el caso de petición de documentación compleja el plazo mínimo de 10 días se convierta en el máximo y a partir de ahí el retraso sea "culpa" del contribuyente. La Audiencia estima que "no basta con que objetivamente se produzca un retraso para que haya dilación, sino que es preciso evaluar aunque sea de modo sucinto, tanto su significación en la marcha del procedimiento como las circunstancias que han dificultado la aportación en tiempo de la documentación requerida". En definitiva, la sentencia resume que "no toda superación del plazo con que cuenta el obligado tributario da lugar por sí sola y al margen de la evolución de las circunsatancias concurrentes a la existencia de una dilación imputable al administrado". De esta forma, las inspecciones pueden durar un año salvo que Hacienda las extienda a dos si su complejidad lo requiere. En este caso, el Fisco alegó que Holcim excedió los 24 meses, en un procedimiento en el que hubo numerosos requerimientos de información que la multinacional debía responder en otras jurisdicciones, por ejempo, Bélgica. Holcim tiene más de 80.000 empleados en 70 países. Los asesores fiscales constatan las dificultades que supone recabar información de varios Estados. En este contexto, la Audiencia Nacional cree que "debe jugar un papel esencial el principio de proporcionalidad, de manera que ese plazo mínimo será exigible cuando la aportación de documentación sea sencilla, pero en absoluto puede mantenerse cuando la aportación de datos sea compleja o se refiera a datos de dificil búsqueda". Por último, la sentencia considera que "aceptar que la Administración, unilateralmente, puede interpretar la Ley de una manera tan alejada del sentido común y ensanchar a capricho los plazos máximos mediante el fácil recurso de multiplicar las posibilidades de apreciación de dilaciones indebidas, es tanto como consagrar que el plazo no lo fija la Ley sino la Inspección, en cada caso, a su conveniencia, para soslayar los efectos desfavorables de normas imperativas". Y concluye la Audiencia: "Conviene recordar que si la Administración está constitucionalmente obligada a servir con objetividad los intereses generales, que no son los suyos propios, sino los de los ciudadanos a los que sirve, no puede quedar a su voluntada la determinación de plazos máximos que ya tienen en la ley no sólo su configuración, sino también sus excepciones y efectos".