Hacienda quiebra el espíritu de la RIC y crea inseguridad jurídica a las empresas.

- Hace años que la Reserva para Inversiones (RIC) está sujeta a la polémica por las diferentes interpretaciones de Hacienda y de los empresarios. ¿Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto? - El problema de la RIC es que se trata de un beneficio económico sobre un impuesto del Estado. Por lo tanto, el que controla, revisa y comprueba este incentivo fiscal es el Estado y su interpretación va siempre dirigida en perjuicio de la Reserva porque es la manera que tiene de no perder recaudación. Por ello, creo que este tipo de interpretaciones están atentando contra el espíritu de la RIC que es reinvertir los beneficios en Canarias y que no se lleven a otras partes. Lo que está consiguiendo la Agencia Tributaria con este tipo de interpretaciones es crear inseguridad jurídica entre las empresas y que el beneficio salga fuera. - El problema radica en el origen de los beneficios, es decir, si están vinculados o no a una actividad económica. ¿La normativa es clara en este aspecto? - La práctica de la Agencia Tributaria con la Reserva para Inversiones provocó una revisión en 2002 para que los defectos formales o procedimentales no supusieran una pérdida del derecho a aplicar la RIC y así tener más seguridad jurídica. Sin embargo, Hacienda siguió con la misma interpretación y cualquier tipo de defecto formal provocaba una sanción y una devolución a las arcas estatales del Impuesto de Sociedades no tributado. En 2006 se volvió a revisar pero hasta ahora los tribunales han seguido realizando una lectura restrictiva. Es un problema controvertido que no tendría que serlo porque si la empresa ha cumplido con el espíritu de la RIC, que es reinvertir los beneficios en Canarias, Hacienda no puede buscar un defecto formal para impedir la aplicación de ese incentivo fiscal porque está quebrando las expectativas creadas por ese derecho y provocando que esa inversión salga fuera de las Islas. - ¿Puede llegar esta cuestión al Tribunal Constitucional? - Hasta ahora no. El Tribunal Constitucional ha analizado el Régimen Económico y Fiscal (REF) y ha sentenciado que el diferencial de la tributación en Canarias con respecto al resto del Estado no conlleva un privilegio o un estatuto especial en el Archipiélago. Canarias tiene un problema de insularidad y debe ser compensada por el principio de solidaridad que emana de la Constitución, pero no se puede pedir que el fuero canario se incluya en el texto constitucional porque el tribunal ya ha dicho que el REF es algo meramente instrumental, es decir, que sirve para ayudar a Canarias a superar las dificultades que derivan de su condición insular. - ¿Entonces la Constitución no puede garantizar la permanencia del régimen canario en una reforma de la Carta Magna? - El REF se puede modificar e incluso suprimir por otro instrumento en cualquier momento. La Constitución garantiza el trámite pero no la propia existencia del REF. Lo que se defiende en Canarias es que debe ser garantizado en la Constitución de tal forma que cualquier modificación debe contar con la aprobación vinculante del Parlamento autonómico. El Tribunal Constitucional ha dicho que no, que el informe previo de Canarias no tiene carácter vinculante ya que el Estado en el ejercicio de sus competencias no puede quedar constreñido por la opinión de un parlamento autonómico. - ¿Usted es partidario de introducir el fuero canario de forma permanente en la Constitución? - Creo que no. Es más, creo que sobran en la Constitución algunos otros fueros, el REF canario no es un privilegio y los privilegios no deben consagrarse en el texto constitucional. Las singularidades económicas y fiscales de Canarias tienen un carácter instrumental para corregir las consecuencias negativas de la insularidad y no deben convertirse en un privilegio permanente e inalterable. Se puede matizar algunas cosas e incluir el concepto de lejanía al de la insularidad pero lo que no se va a hacer es introducir el REF como una garantía en la Constitución porque ya el Tribunal Constitucional lo ha descartado en su jurisprudencia.