Hacienda obliga a la banca a informar de operaciones en efectivo de 3.000 euros.

Hacienda estudia crear una nueva obligación para que los bancos y las cajas de ahorros suministren información sobre las operaciones en efectivo por encima de los 3.000 euros. La medida se está ultimando con el sector financiero y afectará a todas las operaciones que podrían ser consideradas de "riesgo de fraude fiscal", según destacó el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña: Los técnicos de Hacienda (Gestha) se posicionaron ayer a favor de esta iniciativa. Se trata de una de las medidas estrella de la actualización del Plan de Prevención de Fraude Fiscal presentado ayer. Ocaña explicó que el acuerdo con las entidades financieras se alcanzará en 2009 y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2010. Las entidades empezarían a remitir, posiblemente una vez al año, una "declaración informativa" sobre operaciones de riesgo "importantes". No obstante, Ocaña precisó que Hacienda "no quiere que esta medida tenga costo" para las entidades financieras. Esta presentación en Madrid se produjo al mismo tiempo que se inauguraba en Valencia el Congreso de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado. Allí, Carlos Cervantes, el responsable máximo de la Inspección, apunté que esta medida supondrá una modificación del actual Reglamento de aplicación de los tributos. En la actualidad, las entidades financieras deben informar de cualquier cheque superior a 3.000 euros y cualquier disposición de efectivo sobre 100.000 euros en el ámbito del blanqueo de capitales. El planteamiento de Hacienda consiste en fijar un tope en el número de billetes y su tipo (no sólo los de 500 euros), y un límite en el importe de la disposición que se realice. Apuntó que esta medida " evitará a los bancos muchos requerimientos ", que es la operativa que ahora utiliza la administración tributaria. Sobre el seguimiento de los billetes de 500 euros, Cervantes afirmó que "hay más de 12.000 operaciones en marcha que están teniendo un éxito importante. Hasta ahora, hemos ingresado 200 millones en declaraciones extemporáneas y nos queda todavía por determinar el 80%". Cervantes destacó que, en estos años, Hacienda "ha profundizado en la actividad de la investigación". En este sentido, apuntó que "hay 100 funcionarios dedicados a esto a tiempo completo" y anuncié que su "idea" es" seguir aumentando las investigaciones", por lo que es probable que siga creciendo el número de efectivos dedicados a investigar. También destacó la cada vez mayor colaboración de Hacienda con los jueces en sede de medidas cautelares, lo que permite obtener pruebas sólidas. Cervantes también envió un mensaje a los inspectores: "Hay que mejorar la calidad de las liquidaciones para ganar un mayor número de litigios; en esto hay que ser exigentes". En la misma línea destacó la importancia de conseguir "el cobro, hablar más con la parte de recaudación", así como de seguir avanzando en las actuaciones de control: "Todavía tenemos que hacer procedimientos para ser eficaces". Operaciones intragrupos. Durante las jornadas de Valencia, también se analizó la nueva normativa para la valoración de operaciones intragrupo, esto es, las compra-ventas que realizan las empresas de una misma compañía, como adelantó EXPANSION el 7 de noviembre. "Nos permitirá luchar mas adecuadamente contra el fraude", afirmó Francisco de la Torre, secretario de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, para quien es fundamental que los inspectores "reciban más formación en este campo, ya que es novedoso para muchos de ellos". En cualquier caso, el Gobierno se considera inmerso en toda una renovación de sus mecanismos de lucha contra el fraude, en un momento de caída de la recaudación tributaria. En total, el nuevo Plan de Prevención de Fraude Fiscal incluye 140 medidas, entre las que destacan el mayor control en las aduanas para evitar el fraude en las transacciones de comercio exterior y la creación de un nuevo foro entre grandes empresas y la Agencia Tributaria para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales de los grandes contribuyentes. El director de la Agencia Tributaria, Luís Pedroche, precisó también ayer que pretenden reducir los riesgos fiscales para las empresas y los litigios, ya que la deuda suspendida de las grandes empresas por recursos ante los tribunales alcanza actualmente los 6.000 millones de euros. Además, se vigilarán sectores de riesgo como el inmobiliario y las tramas de IVA nacionales e internacionales y se impulsará la atención a la prevención del fraude en la fase recaudatoria.