Hacienda negocia a marchas forzadas con Bruselas para salvar el fondo de comercio.

Todo se ha acelerado. En cuestión de semanas el expediente sobre ayudas de Estado abierto por la Comisión Europea contra el fondo de comercio financiero ha pasado del letargo absoluto a quemar las manos de los negociadores de Bruselas y el Ministerio de Hacienda. Fuentes conocedoras de los contactos entre ambas partes aseguran a este periódico que la Dirección General de Tributos discute ya con la Comisión posibles modificaciones al artículo 12.5 del Impuesto de Sociedades, el que regula el polémico incentivo fiscal utilizado desde 2002 por las empresas españolas para mejorar sus ofertas de compra en el exterior. Desde el pasado verano (ver NEGOCIO del 17/07/08), y hasta hace apenas un mes, rezumaban optimismo las sociedades beneficiarias de esta ayuda, que desde 2002 permite deducir en 20 años, a un ritmo del 5% anual, la diferencia existente entre el precio de compra de una empresa extranjera y su valor contable. Por encima de los argumentos de defensa que manejaban el Gobierno y las empresas -no discriminación, no falseamiento de la competencia y fomento de la internacionalización-, los planes europeos anticrisis, y muy especialmente las ayudas estatales concedidas a la banca en todo el continente, eran el caldo de cultivo ideal para que la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, cabeza visible de la batalla contra el 12.5, plegara armas. Sin embargo, en las última semanas Hacienda ha podido comprobar que la herida abierta por las grandes operaciones beneficiarias del 12.5 -Iberdrola-Scottish Power, Santander-Abbey, Telefónica-O2 y Abertis-Sanef- sigue motivando fuertes presiones al Ejecutivo comunitario, especialmente por parte de Reino Unido, Francia y Alemania, hasta el punto de que, según las fuentes consultadas, Kroes estaría dispuesta a eliminar el fondo de comercio financiero si el Gobierno español no revisa el incentivo. El tiempo de maniobra es, además, escaso. En el entorno de las negociaciones se maneja julio como fecha posible para un eventual acuerdo, y como plazo límite el otoño próximo, dado que la comisaria holandesa está decidida a forzar un cambio de la norma española antes del cambio del Colegio de Comisarios, previsto para octubre o noviembre. "Aunque nos parezca discutible, Bruselas tiene claro que el 12.5 es de aplicación selectiva, de manera que si el Gobierno no negocia, eliminará el incentivo", asegura un experto conocedor de las negociaciones. Estrategia y talante. Dada la situación, las empresas comienzan ya a pedir a Hacienda un cambio radical de perspectiva. Consideran que Tributos deberá olvidar su defensa numantina del fondo de comercio y negociar a la baja. Son varias las cartas que se han puesto sobre la mesa (ver información adjunta). Para las empresas, un buen acuerdo pasaría por elevar el umbral de inversión necesario para aplicar el 12.5, actualmente el 5%. El problema, en este caso, es sencillo: Bruselas se ha quejado de la baja inversión que se requiere para aprovechar la ventaja fiscal, pero es dudoso que elevar el mínimo a, por ejemplo, el 25%, le resultara suficiente. A la inversa, las empresas rechazan de plano una eliminación del incentivo, no sólo por las ventajas fiscales ya aprovechadas; tampoco ven factible perder el incentivo por los años que restan por deducir el fondo de comercio en las operaciones efectuadas desde 2002. En las grandes operaciones, la pérdida de ayuda fiscal sería multimillonaria. "Se estaría rompiendo el principio de confianza legítima", subrayan las fuentes consultadas, dado que Bruselas no se interesó por el 12.5 hasta 2006, por el ruido que generó en Escocia la adquisición de la gran eléctrica local por parte de Iberdrola. Los más optimistas ven en la nueva actitud de la Comisión restos de maquillaje. Consideran que Kroes busca "salvar la cara" ante las grandes potencias de la UE y aceptará cambios aceptables para España. Sí reclaman al Gobierno, en todo caso, que el presidente Zapatero cuente con implicarse al máximo si la negociación se tuerce.