Hoy entra en vigor el nuevo marco legal de lucha contra el fraude fiscal, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de ayer de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. La norma introduce la posiblidad de adoptar medidas cautelares vinculadas a supuestos de presuntos delitos contra la Hacienda Pública, así como la investigación patrimonial asociada a éstas, la limitación de pagos en efectivo a 2.500 euros o el establecimiento de nuevas obligaciones de informacion sobre bienes y derechos situados en el extranjero. En cuanto a la reducción del límite para realizar pagos directos en efectivo a particulares y empresarios, dicha medida entrará en vigor dentro de veinte días, retrasándose con respecto al resto del texto. La norma ha recibido duras críticas por parte de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), por suponer "una pérdida de los derechos y garantías del ciudadano, ya que contiene medidas que suponen un fuerte endurecimiento de las sanciones en situaciones que no tienen por qué venir determinadas por la existencia de un fraude a la Hacienda Pública". Además, en el transcurso de su tramitación parlamentaria, se introdujo a la norma una nueva redacción aclaratoria para el polémico artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores.
En vigor la norma que limitará el pago en efectivo a 2.500 euros.
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