El Tribunal de Cuentas denuncia la posible inconstitucionalidad del Plan de Estímulo.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Nuñez, denunció ayer en el Congreso que el Gobierno incumplió el límite de gastos autorizado para 2008 y que también incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria para ese año, confirmando la información adelantada por El Economista. Pero no se paró sólo en el análisis cuantitativo sino que avanzó en su valoración de la Cuenta General del Estado correspondiente a dicho ejercicio, el primero de la crisis, para cuestionar seriamente la constitucionalidad y la eficacia de las medidas de Estímulo a la Economía y al Empleo del Gobierno. "Puede que algunas medidas como las aprobadas, y sobre todo su instrumentación jurídica, no sean totalmente conformes en cuanto al procedimiento utilizado, los reales decretos-leyes, con el artículo 134 de la Constitución" afirmó rotundamente Manuel Nuñez. Un artículo este de nuestra Carta Magna que obliga al Gobierno a aprobar los créditos extraordinarios a los Presupuestos mediante ley ordinaria y no mediante la fórmula del decreto-ley a la que recurrió el Ejecutivo de Rodriguez Zapatero para hurtar el debate de las medidas en el Parlamente. "Frente a la tramitación parlamentaria que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado conlleva, estas medidas, por adoptadas directamente aplicando la figura del decreto-ley, desvirtúan la misma tramitación parlamentaria y el propio contenido formal y material de los presupuestos", argumentó el presidente del organismo fiscalizador del Estado, para añadir que "sin duda, la vía utilizada ha supuesto una alteración sustantiva en la forma de aprobar estos créditos". Se refería el señor Nuñez a las medidas del citado Plan de Estímulo a la Economía y el Empleo, que incluía, entre otras, la rebaja de 400 euros en el IRPF (ya derogada), la supresión del gravamen sobre el Patrimonio, la supresión de las retenciones de los intereses de la Deuda Pública apra los no residentes, o las mejoras fiscales y financieras al alquiler y a la comrpa de viviendas protegidas. La elocuencia de los números. Un paquete de actuaciones cuya eficacia también cuestionó indirectamente Manuel Nuñez, cuando a preguntas del portavoz del Grupo Popular, Ramón Aguirre, concluyó que "los datos de la declaración (las cuentas presentadas por el Ejecutivo) son elocuentes". Una frase con la que intentaba resumir que "la evaluación interanual de las desviaciones observadas respecto a los datos inicialmente previstos son una clara manifestación del desajuste observado entre los planteamientos iniciales y la situación alcanzada en la ejecución de las políticas públicas diseñadas". Eso sí, eludió un pronunciamiento más rotundo al señalar que "no puedo entrar a hacer valoraciones definitivas" que corresponden a los grupos políticos. Desviaciones presupuestarias que también merecieron una respuesta contundente, puesto que "superaron en 6.364 millones el límite de gasto" y que llevaron a incumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria que "frente a una previsión positiva del 0,8 por ciento del PIB, se alcanzó un déficit del 2,02 por ciento, con una desviación del 2,9" Principio de transparencia. Con rotundidad, respondió también el presidente del Tribunal de Cuentas al requerimiento de Ramón Aguirre sobre si el Gobierno había cumplido el principio de transparencia en la elaboración de los presupuestos "Esperamos que en un plazo prudencial se pueda elevar a esta Comisión Mixta un informe específico con los resultados de esta fiscalización, pese a las dificultades encontradas en su realización". Responsables de esta institución explicaban a este periódico que con el término "dificultades" Manuel Nuñez aludía a la oposición mostrada por el Ministerio de Economía y Hacienda a admitir la citada fiscalización, alegando que el Tribunal de Cuentas es un órgano "a posteriori", que no debe fiscalizar los presupuestos antes de su definitiva ejecución. Y es que Nuñez, no tuvo reparos en destacar que "la transparencia es un elemento básico en la elaboración de los presupuestos", mientras admitía que lo que realmente persigue el Tribunal es que "a través de la fiscalización de la transparencia tuviésemos todos los datos necesarios para juzgar no lo que ya está presupuestado, sino lo que va a presupuestarse en función de las necesidades a las que hay que atender". Sí explicó el máximo responsable del organismo fiscalizador que "el objetivo de esta fiscalización de transparencia es analizar la calidad y la suficiencia de la información y la documentación que acompaña el proyecto de ley de presupuestos, como explicación y fundamento del objetivo de estabilidad presupuestaria y cuya emisión está prevista en la normativa reguladora del proceso de elaboración del proyecto". Recordó, a este respecto, que "la Comisión Europea y otros organismos internacionales someten a control de calidad los presupuestos de sus organismos y someten a la fiscalización de transparencia la elaboración de sus presupuestos" y concluyó asegurando que la fiscalización previa de los presupuestos en función de las necesidades "sería simplemente un elemento de credibilidad, un elemento de seguridad y, lo voy a decir, un motor de crecimiento económico".