El Supremo obliga a Hacienda a renovar la inspección a empresas.

Hacienda está renovando sus protocolos para inspeccionar empresas ante su fracaso en los tribunales. Así lo ha reconocido Juan Cano, director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria (AEAT), en alusión a las sentencias del Supremo que sentaron Jurisprudencia y dictaron que sólo se puede inspeccionar el domicilio de las personas físicas con permiso del titular de la empresa o de un juez. Además de estos fallos, que adelantó EXPANSIÓN el pasado 2 de agosto, el Alto Tribunal se ha pronunciado en esta línea en las últimas semanas. Cano repasó los errores de la Agencia en el XX Congreso de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Admitió que las inspecciones de empresas no se motivan o coordinan todo lo necesario y que la AEAT debe estar al tanto de la Jurisprudencia. De esta forma, Cano abogó por desarrollar un sistema de petición inmediata en el que haya una coordinación previa con el juez. Asimismo, llamó a depurar los informes para que los tribunales no detecten las incoherencias que ahora se están presentando. En el protocolo se detallará qué se puede hacer en cada momento, cómo gestionar si a los inspectores les expulsan de las dependencias de la empresa, en definitiva qué herramientas utilizar para garantizar las actuaciones. Compañías como Telefónica, Santander, Iberdrola, Acerinox o Endesa, que reciben a la Inspección con asiduidad, preparan con sus asesores la adaptación a las nuevas directrices el celo extremo de la Agencia. Por su parte, Francisco de la Torre, portavoz de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, celebra que la AEAT "promueva las inspecciones en las empresas" y que, "a diferencia de la dirección anterior, las apoye y dé facilidades a los inspectores". De la Torre aprueba, ante las sentencias del Supremo, que la Agencia "actualice su protocolo" y reconoce que los inspectores se enfrentan a "numerosos imprevistos en las inspecciones en las empresas". De esta forma, detalla, "a veces, incluso, se encuentran con que los jueces anulan autos judiciales de entrada por no estar motivados, con lo que se arruinan años de trabajo". Respecto a las sentencias que han cambiado la línea del Supremo, Teresa González Martínez, asociada del Área de Tributación de Empresas de Ernst & Young Abogados, entiende que refuerzan la protección del domicilio constitucionalmente protegido de una compañía. Es decir, las dependencias en las que se toman decisiones y donde se guardan el archivo y los secretos industriales. Todo esto atañe especialmente a la mediana y pequeña empresa. Las firmas grandes son conscientes de que deben colaborar. De hecho, el pasado 20 de julio, el Foral de Grandes Empresas (Santander, BBVA, Telefónica, Vodafone, Gas Natural Fenosa, Iberdrola o Repsol) aprobó el código de buenas prácticas tributarias, con el que mejorar la colaboración con la AEAT. La batalla de las grandes compañías es más sofisticada. Y se libra respecto a la prescripción y documentación. Por ejemplo, la empresa alega que no puede aportar la documentación que se le exige y el juez le concede que no ha retrasado de forma artificial el proceso. O la firma presenta un informe que corrobora las pruebas y los tribunales fallan a su favor, ya que creen que no se puede confundir la prueba con la dilación. Desde el Área de Impuesto sobre Sociedades de KPMG Abogados se recomienda verificar que los ejercicios objeto de inspección no estén prescritos y monitorizar que durante la inspección no pasen seis meses sin actuaciones. Las empresas están ganando pleitos aunque Iberia o Porcelanosa no han tenido suerte.