El gravamen de Patrimonio divide a las haciendas vascas.

Se fija el límite en 10 millones de facturación en vez de los 6 actuales. Si en el pasado fue el Impuesto de Sociedades el que marcó la "desarmonización fiscal" en el País Vasco, ahora será el de Patrimonio el que tomará el relevo. Hay, sin embargo, un denominador común: el teritorio que pugna por diferenciarse es Guipúzcoa. Las Juntas Generales de Vizcaya aprobaron ayer la derogación del Impuesto de Patrimonio, vigente en nuestro país desde mediados de la década de los 70 y que, al menos en su origen, pretendía controlar las grandes fortunas. La supresión tiene efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. El consejo de gobierno de la Diputación de Álava ha aprobado también un proyecto de norma similar, cuya ratificación en Juntas está garantizada con el respaldo, al menos, de los representantes de PNV y PSE y, previsiblemente, también los del Partido Popular. Estos mismos partidos apoyaron ayer la derogación en Vizcaya, mientras que el único representante de Eusko Alkartasuna en el parlamento foral vizcaíno optó por la abstención. Con esta medida, Vizcaya y Álava siguen el camino iniciado por la Administración central, que ya anunció la eliminación del tributo a principios de año, después de constatar que sólo incidía en las clases medias, mientras que las grandes fortunas conseguían sortearlos gracias a diseños de ingeniería fiscal. En el caso de Guipúzcoa, sin embargo, el panorama es diferente. El Ejecutivo foral guipuzcoano no ha adoptado iniciativa alguna para acabar con este gravamen y, más bien al contrario, se ha reafirmado en su idea de mantenerlo. PNV y EA en ese territorio, sólo allí y a la contra de lo que hacen sus compañéros de formación en Vizcaya y en Álava, han sellado un pacto de reforma fiscal que incluye la defensa del Impuesto sobre el Patrimonio. El escenario, en cualquier caso, parece de locos. Así, mientras que PNV y EA se afanan por mantener este impuesto en Guipúzcoa -supuestamente dirigido a los ricos-, el departamento de Hacienda del territorio no ha contado con ello a la hora de elaborar sus presupuestos para 2009. Los ingresos de este gravamen no figuran en las cuentas aprobadas por el Ejecutivo foral que preside el peneuvista Markel Olano. 180 millones. "Ya que el gabinete no ha aprobado un proyecto de norma que impulse la derogación -señalaron ayer fuentes de la Diputación guipuzcoana- es prácticamente seguro que seguirá vigente al finalizar el año. Aunque alguien quiera maniobrar ahora, ya no queda tiempo material para hacerlo". Esta figura tributaria, que afectaba a unos 40.000 contribuyentes vascos, ha reportado este año unos ingresos de 180 millones de euros a las arcas forales. De ellos, 54 coresponden a Guipúzcoa.