El Gobierno aumenta el cobro de impuestos autonómicos a las empresas

El paquete de medidas anticrisis que lanzó el Gobierno a principio de verano, y que aún deberá esperar hasta finalizar el año para entrar en vigor, parece haberse centrado en algunas materias un tanto alejadas del frenazo económico. Al margen de la tardanza en la tramitación, el texto definitivo trasladado a las Cortes ha recogido un incremento del ámbito de aplicación de los impuestos autonómicos sobre las empresas. Algo que suena más a cesión de recursos a las arcas territoriales que a incentivos empresariales para solventar el fuerte impacto económico que atraviesa España y el resto de economías. El cambio, en concreto, aparece recogido en el artículo 73 del proyecto, donde se modifica la normativa del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD). El retoque es de apariencia técnica y, de hecho, no ha sido comentada oficialmente en los avances del plan que ha realizado en repetidas ocasiones el Ejecutivo. El cambio supone que las aportaciones que realicen los socios a las compañías del grupo - a partir de la entrada en vigor del texto - deberán tributar por la vertiente empresarial del ITP, el impuesto conocido como Operaciones Societarias y cuyo tipo es de 1ª de la cuantía traspasada. Hasta ahora, este tipo de aportaciones pagaba este impuesto sólo si se destinaban a reponer pérdidas de las compañías. Ahora se aplicará siempre con una única salvedad, que el traspaso de dinero amplíe el capital social, algo que no será recibido por las empresas como un gran alivio puesto que en ese supuesto ya actualmente se está exigiendo el pago fiscal. El Gobierno, sin embargo, es consciente de que este peaje puede poner en apuros a las transacciones entre compañías que se realizan, con especial intensidad, en situaciones de crisis. Los expertos consultados por EXPANSIÓN destacan que las inyecciones de dinero entre filiales con el fin de ayudar suelen sobrepasar las pérdidas, "puesto que de lo que se trata es de relanzar los negocios y evitar precisamente que vuelvan a situarse en pérdidas". Por ello, ha decidido modificar el Impuesto de Sociedades. Actualmente, las aportaciones destinadas a filiales que no sean para compensar pérdidas pagan por este tributo (con un tipo del 0%). Eso sí, ese porcentaje del 30·% se paga sobre los beneficios finales de la empresa, por lo que si al final del ejercicio el volumen de gastos cubre ese traspaso y la empresa cierra sin beneficios, lo cierto es que Hacienda no cobra. Los asesores no ocultan su temor a un incremento de la presión fiscal por este motivo. Hasta ahora, pagaban posiblemente menos y, además, los inspectores que lo controlaban eran los de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, más acostumbrados a las operaciones empresariales. Ahora se aplicará, independientemente de los beneficios o pérdidas de la empresa y, además, se encargarán de exigirlo unos inspectores autonómicos recién introducidos en este tipo de valoraciones. La mala salud de las finanzas regionales, golpeadas por la caída de sus impuestos -muy ligados hasta ahora a la construcción y al consumo - termina de atemorizar a las empresas y asesores. El maquillaje técnico del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales supone, en la práctica, una nueva cesión competencial para las comunidades autónomas que pasarán a controlar con lupa este tipo de operaciones societarias. A pesar de las críticas que el ministro de Economía, Pedro Solbes, ha recibido por su falta de concreción a la hora de definir el nuevo modelo de financiación de las comunidades, el vicepresidente parece que ya ha comenzado a diseñar el nuevo marco de reparto de fondos antes de sentarse a debatir con todos los consejeros de Hacienda. Entre otras cosas, el Ejecutivo se ha comprometido a compensar a las comunidades autónomas por la supresión de tributos cedidos como el de Patrimonio, o por medidas de gran calado financiero como la Ley de Dependencia. Curiosamente, Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia son las cuatro autonomías que más recaudan por ITP -más del 10% de sus ingresos totales- . Es decir, las cuatro que por su peso económico en España tendrán también más capacidad de inspeccionar las aportaciones entre empresas de un mismo grupo. Tras el agrio debate del verano en torno a la reforma financiera. Solbes argumenta ahora que todo "ha vuelto a la casilla cero", después de haber defendido a capa y espada sus "bases para la negociación". Hacienda volverá a escuchar una por una las peticiones autonómicas. Aunque, de momento, ya ha cedido un nuevo campo fiscal, con clara repercusión para las empresas.