El Gobierno aprueba mañana el nuevo plan contable con el rechazo de empresas y auditores.

MADRID. El Consejo de Ministro prevé aprobar mañana el nuevo plan general contable, que ha recibido el rechazo frontal de las empresas, que estarán obligadas a aplicarlo a partir del próximo 1 de enero, así como el de los auditores, que denuncian que a menos de 50 días de su entrada en vigor el plan «no está aprobado y es desconocido por la mayoría del sector». Fuentes de la patronal CEOE aseguraron ayer a ABC que, aunque han participado en los trabajos previos a la elaboración del plan, sus criterios no han sido tenidos en cuenta. Argumentan, además, que las nuevas normas son muy complejas y que la mayoría de las empresas, de tamaño medio y reducido, no serán capaces de aplicarlas. Denuncia la patronal que el Gobierno «ha querido ser más papista que el Papa» y que España será uno de los primeros países europeos en poner en marcha esta reforma, aunque la UE no obligaba a los Estados a hacerlo y pese a que supone una enorme complicación para las empresas españolas. Tampoco los auditores se muestran conformes con el plan elaborado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), organismo dependiente del Ministerio de Economía. El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Rafael Cámara, aseguró a ABC que las cuentas de las empresas españolas se verán afectadas por el «confuso e incompleto» Plan General Contable. Cámara recuerda que el Gobierno puso en marcha la reforma para adaptarse a las normas internacionales, pero el resultado final queda muy lejos de esa intención. Explica que este plan ocasionará efectos negativos para los empresarios que «tendrán dificultades de comparación con sus competidores europeos, inseguridad jurídica, incertidumbre y altos costes de adaptación». Los auditores han pedido, en este sentido, que las normas internacionales de contabilidad, las NIIF, se declararan normas subsidiarias del Plan de Contabilidad español, lo que permitiría cubrir las lagunas que deja la normativa española. De este modo, concluye Cámara, «España sigue un camino diferente al resto de los países desarrollados, pierde de vista la armonización contable, el lenguaje contable único que se impone día a día en una economía global. Poco puede converger una norma cuyo desarrollo sólo supone un 10% de las 2.500 páginas de texto que ocupan las normas internacionales que se querían trasponer». KPMG, una de las firmas auditoras que operan en España, también denunció ayer el escaso tiempo que van a tener las empresas españolas para adaptarse al nuevo plan contable. Según un estudio realizado por esta firma, a finales de verano el 80% de las empresas todavía no había adoptado medidas para aplicar la nueva normativa. A su juicio es esencial que las normas internacionales se tengan como subsidiarias porque de este modo se cubrirían los vacíos que el plan español va a dejar. Recuerdan además, que en España hay planes sectoriales que aplican empresas como las constructoras, inmobiliarias, los seguros, las eléctricas y las concesionarias, para las que se abre una enorme incertidumbre, ya que la nueva normativa dice que se mantienen los planes anteriores mientras no contradigan al plan general, lo que provoca una enorme inseguridad. Esta firma cree que la reforma contable no tendrá un efecto fiscal neutro, como dice Economía, sino que afectará a la cuantía de los impuestos que pagan las empresas.