El Estado se blinda con una ley para que Euskadi pague la supermulta de las vacaciones fiscales.

El Gobierno central ha puesto un dique ante la posibilidad de que comiencen a llover sanciones de la Unión Europea por asuntos que han sido responsabilidad de gobiernos autonómicos o, como sucede con las vacaciones fiscales, de las diputaciones forales vascas. Aunque el único responsable institucional ante la Unión Europea seguirá siendo el Reino de España, a partir de ahora, el que rompe, paga. Así lo establece una disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible, publicada el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado, que no deja lugar a la duda: si hay sanciones comunitarias, el Estado pasará la factura al ente responsable. Esta ley, que fue aprobada por el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, es una venda antes de que llegue la herida. Así, su disposición adicional primera concreta que cuando un poder público, «en el ejercicio de sus competencias», incumpla obligaciones de la UE «dando lugar a que el Reino de España sea sancionado», será el responsable directo el encargado de asumir el pago. Incluso, ya fija que el asunto no será objeto de negociación y que será el Consejo de Ministros el que establezca «la responsabilidad» de la Administración afectada. También aclara que el Estado podrá retener cualquier transferencia que tenga que realizar a la institución sancionada, para compensar la multa. En el caso vasco la maquinaria sancionadora de la UE ya está en marcha. La Comisión considera que las diputaciones forales no han cumplido con su obligación de recuperar las ayudas fiscales concedidas en la década de los años 90 y que han sido calificadas como «ilegales» por el Tribunal de Luxemburgo. Dichas ayudas, en forma de deducciones tributarias, fueron aprobadas por las diputaciones mediante un cambio normativo del Impuesto de Sociedades. De confirmarse la sanción propuesta por la Comisión -debe ser el Tribunal de la UE quien lo haga-, el 'roto' económico puede alcanzar proporciones considerables. Es una sanción progresiva, que crece con el tiempo y que sólo se detendrá cuando la Comisión vea satisfechas sus exigencias. Esto es, cuando a su entender, todas las empresas que se beneficiaron de ayudas ilegales hayan devuelto la totalidad del importe. Según las estimaciones realizadas por las autoridades comunitarias, la cifra pendiente de recuperación se acerca a los 750 millones de euros. La multa acumulada hasta el momento se sitúa ya en 40 millones y su crecimiento será exponencial a partir del día en que se produzca el fallo del Tribunal: 236.044,80 euros por cada jornada que pase desde ese momento hasta que se recuperen las ayudas. Ya lo advirtió Solbes El exvicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos, Pedro Solbes, ya advirtió en 2007 a las diputaciones que el Gobierno central no estaba dispuesto a hacerse cargo de la sanción y les animó a «cumplir» los requerimientos de la UE. El gabinete de Zapatero ha decidido poner negro sobre blanco aquella advertencia, quizá porque el momento de pagar se acerca. El intrincado procedimiento que se sigue en la UE contra las ayudas fiscales vascas vivirá esta semana un momento clave. El próximo jueves se celebrará en Luxemburgo una vista en el Tribunal de Justicia -en su segunda y última instancia- para resolver un recurso de las diputaciones de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa contra la sentencia que en 2009 determinó que las haciendas forales estaban obligadas a recuperar las ayudas concedidas con las denominadas vacaciones fiscales. El recurso no pone en tela de juicio el fondo de la cuestión -no se discute que las ayudas fuesen ilegales-, sino que insiste en la idea de que las empresas las aplicaron en la «confianza legítima» de que hacían lo correcto, por lo que pide que se retire la obligación de recuperarlas. Los ejecutivos forales enviarán al juicio como representación a los diputados de Hacienda, al tiempo que desde el Gobierno vasco señalaron ayer que quizá también asista la viceconsejera de este área.