El 31 de marzo finaliza el periodo de gracia sobre los bienes ocultos en el extranjero

El próximo 31 de marzo finaliza el plazo dado por las diputaciones forales para que quienes tienen bienes en el extranjero -depósitos, cuentas, seguros o inmuebles- con un valor superior a 50.000 euros, presenten una declaración especial sobre los mismos. Las Haciendas forales han concedido así un año adicional a los contribuyentes afectados, en comparación con los plazos dados por el Gobierno central, que exigió esta declaración el 31 de marzo de 2013. Eso sí, después de haber concedido una mal llamada "amnistía fiscal", que permitía lavar el dinero negro por un módico precio. El 10% de lo ocultado, aunque, leída la letra pequeña, el gravamen real era variable y apenas superaba en buena parte de los casos el 4%. Y es que ambas cosas iban unidas y también lo están en el País Vasco, donde ha existido una "vía barata" para aflorar capitales depositados en el extranjero, que finalizará el próximo 31 de marzo. En la práctica, el plazo que queda de aquí al 31 de marzo es también el tiempo que tienen los defraudadores para ponerse al día a un precio módico, porque después las cosas se les van a complicar. Las diputaciones forales decidieron dar un año más de 'cuartelillo', porque eso permitía también ampliar las posibilidades de captar dinero oculto en el extranjero, de una forma callada y políticamente menos arriesgada que la "amnistía" de Cristóbal Montoro. Ambas estrategias, sin embargo, persiguen lo mismo. Fuentes del sector de los despachos de asesoría fiscal aseguran que el grueso de las regularizaciones se hicieron en el País Vasco el pasado año. Pese a ello, "siempre quedan rezagados", opina José María Durán, socio de la firma Rousaud, Costas y Durán, despacho que gestionó un buen número de operaciones en la campaña que impulsó el Ministerio de Hacienda. Tampoco pueden retrasarse mucho más, apuntan desde este mismo despacho, "porque las haciendas forales exigen que haya una reunión previa y hay que solicitar la fecha con mucha antelación". ¿Por qué ha existido una vía barata para aflorar el dinero y ahora se va a endurecer, como ya lo hizo en el Estado desde el 1 de abril del pasado año? Supongamos que un contribuyente vasco abrió una cuenta secreta en Suiza en el año 1980 -por cierto, algo más habitual de lo que pueda pensarse, a rebufo de la extorsión de ETA- y que ahora decide -él o sus herederos- legalizar la situación. Hasta el próximo 31 de marzo, si consigue que la entidad financiera suiza le acredite que el dinero está depositado desde hace más de cuatro años, no sólo evitará explicar el origen del mismo, por confesable que sea, sino que lo lavará por un precio arregladito. Tan sólo tendrá que pagar el impuesto correspondiente a los rendimientos -dividendos, intereses, etc- que haya obtenido en los últimos cuatro ejercicios. Pecata minuta. Sin embargo, a partir del próximo 1 de abril, las haciendas forales se van a poner un poco más duras. Así, si le cazan con una cuenta en Suiza el 2 de abril, quizá no le pidan demasiadas explicaciones sobre el origen de la fortuna -para el fisco todo el dinero es bueno si pasa por caja-, pero no le aplicarán descuentos. Considerarán que lo ha obtenido en el último ejercicio, lo que no sólo disparará el tipo de gravamen en el IRPF sino que, además, puede colocar a muchos contribuyentes frente a un tribunal y acusados de delito fiscal, si la deuda tributaria supera los 120.000 euros.