Los grandes patrimonios cuentan con tres meses adicionales para llevar a cabo la trampa legal que les permite retirar dinero de sus sicav (sociedades de inversión de capital variable) sin pasar por el fisco. A pesar de que el Gobierno anunció el pasado viernes una medida que acaba con esta maniobra, todo apunta a que no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2011, ofreciendo tres meses adicionales para que los grandes inversores españoles recuperen capital de sus sicav sin pagar peaje fiscal. Esta operativa para diferir impuestos está al alcance de las sociedades que tienen un patrimonio superior a los 10 millones de euros. En torno a 900 sicav españolas, un 30% del total, cumple estos requisitos, según los últimos datos de la CNMV, y aprovechar el tiempo extra que podría ofrecer el Gobierno. El hecho de que el cambio de las sicav se haya incluido en los Presupuestos Generales de 2011 hace que los expertos esperen que entre en vigor a partir del próximo año. Aún así, existe la posibilidad de que esta modificación se apruebe con efecto retroactivo desde el mismo día de su anuncio. "No es una opción de gran rigor jurídico, pero se puede hacer mediante una enmienda en el Senado en el último minuto. Lamentablemente, aunque se haga así y ese dinero en concreto no se escape, la medida va a incrementar la fuga de capitales, porque deja la imagen de la seguridad jurídica de España por los suelos", explica Francisco de la Torre, secretario general de los Inspectores de Hacienda del Estado, (IHE). La entrada en vigor de esta modificación se conocerá el próximo jueves, cuando se desarrolle el proyecto de ley del Congreso. Tranquilidad sectorial La medida ha sido acogida favorablemente desde el sector de la inversión colectiva. "El Gobierno ha hecho un buen trabajo. Ha evitado el populismo y ha aprobado una medida que limita un juego fiscal que se desarrollaba desde hace tiempo. La nueva regulación equipara la tributación de las sicav a la de los fondos, algo muy razonable", asegura Íñigo Susaeta, socio director general de Arcano Investment Advisor. Desde las entidades de banca privada respiran aliviadas ya que consideran que el anuncio de este cambio legal supone que el Gobierno no contempla elevar el Impuesto de Sociedades de las sicav, una posibilidad que ha provocado la fuga de algunas sociedades a países como Luxemburgo e Irlanda. "La medida no modifica el fondo de las sicav, por lo que se demuestra que el Gobierno cree que la fiscalidad de estas sociedades es adecuada", asegura Ángel Martínez-Aldama, director general de Inverco. Actualmente, las sicav tributan al 1% por el Impuesto de Sociedades y por entre el 19% y el 21% cuando los accionistas reembolsas sus participaciones. Centenares de grandes patrimonios han empleado la figura de la reducción de capital desde que estalló la crisis en verano de 2007. Entre ellos figuran sicav como las de Amancio Ortega, la familia Del Pino o los Polanco. Esta fórmula suponía una ventaja comparativa para los accionistas de las sicav frente a otras vías de inversión, según explican desde el ministerio de Economía y Hacienda. "Se ha detectado una fórmula de diferimiento de tributación en las sicav que rompe la neutralidad de la norma fiscal ante las diferentes formas de inversión", señalan desde Economía. Polémica La fiscalidad de las sicav ha sido objeto de polémica desde que estalló la crisis. El Gobierno barajó elevar el Impuesto de Sociedades de estos vehículos de inversión ante la presión de algunos partidos políticos por elevar la tributación a los grandes patrimonios, aunque al final lo desechó. Desde Gestha, la asociación de los técnicos del Ministerio de Hacienda, solicitan límites accionariales para que las sicav no sean vehículos con ventajas fiscales para un sólo accionista. "En algunos casos, son instituciones de inversión privada, no colectiva", asegura José María Mollinedo, secretario general de Gestha. Por su parte, Salvador Ruiz Gallud, socio de Équipo Económico, cree que la medida ha llegado en el momento menos adecuado, "cuando debemos evitar en todo lo posible introducir inquietud en los inversores extranjeros". Miedo a los cambios del último momento 1. El Gobierno tiene que decidir si hace retroactivos los cambios en torno a las sicav, aunque sería una medida complicada. 2. Esta decisión implicaría que se percibiera una gran inseguridad jurídica entre inversores españoles e internacionales. 3. Los expertos creen que la mayor parte de las reducciones de capital se han efectuado ya durante los últimos años.
El 30% de las sicav tiene tres meses para esquivar la nueva fiscalidad
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