Dudas empresariales tras el pacto para relajar la presión fiscal de EEUU.

Con gran escepticismo han recibido las empresas españolas con intereses en EEUU, especialmente las entidades financieras, la posibilidad de acuerdo anunciada ayer según la cual España y otros cuatro grandes países europeos (Reino Unido, Alemania, Francia e Italia) se comprometerían con Washington a servir de puente para el intercambio de información fiscal entre las propias entidades y el todopoderoso IRS (la agencia tributaria de EEUU). La banca ve positivo el futuro acuerdo, pero teme que el documento final -aún por concretar- se limite a reducir las cargas burocráticas que generaría la remisión directa de la información de la banca al IRS, sin rebajar el riesgo y las consecuencias de un incumplimiento no buscado por las propias entidades. ¿De dónde viene el problema? En marzo de 2010 (ver NEGOCIO del 26/04/10), la administración Obama lanzan Facta, una norma mediante la cual el IRS pasaría a imponer a la banca extranjera una retención del 30% sobre el importe bruto de rendimientos de todo tipo -intereses, dividendos, cánones, e incluso alquileres, salarios y comisiones- obtenidos en EEUU. Para evitar esta sangría fiscal, las entidades debían firmar un acuerdo con el IRS mediante el cual se comprometían a informar, entre otras cosas, sobre las cuentas que, directa o indirectamente, estén en manos de residentes estadounidenses. El fin último del IRS era claro: forzar a la banca extranjera -bajo amenaza de una retención fiscal que duplica, o triplica, según la fuente de renta, la prevista en el convenio tributario de EEUU y España actualmente en revisión- a aflorar las identidades y cuentas de contribuyentes estadounidenses que podrían estar ocultos a los ojos de las autoridades tributarias del país de las barras y estrellas. La información imposible Sin embargo, y dado que Fatca sigue el principio del beneficiario último de las cuentas sujetas a transparencia, la norma llevaba, por ejemplo, a que una sociedad española con intereses en EEUU tuviese que investigar en sus clientes más allá de lo que admiten la ley de protección de datos española, o incluso que, sencillamente, no lograra tener acceso a toda la información requerida. El diálogo abierto por España y los otros cuatro grandes países europeos "no parece", según entienden las entidades financieras consultadas, que resuelva este problema, aunque sí que podría rebajar la carga burocrática del procedimiento, dado que permitiría a la banca informar según los protocolos de Fatca, pero a la agencia tributaria nacional -la AEAT, en el caso de España-, siendo el organismo público quien trasladaría luego esa información de forma automática al IRS. A partir de aquí, cada administración, de acuerdo con el IRS, etiquetaría a las entidades como meras "participantes" en el acuerdo, o como "cumplidoras"; es decir, como instituciones "con bajo riesgo de evasión fiscal", caso en el que se eliminaría el sistema de retención y se obtendrían otras ventajas adicionales, como la eliminación de la retención del llamado "pago de paso" (passthru). En este sentido, el acuerdo de España y Washington permitiría que una entidad española afectada por Fatca no tuviese que aplicar la retención del 30% sobre los pagos efectuados a otras entidades españolas -o de alguno de los otros cuatro países firmantes- también afectadas por Fatca. Ahora bien; todo apunta, advierten fuentes expertas consultadas, que si finalmente la banca no logra cumplir las exigencias informativas, el IRS aplicará igualmente la retención, de manera que la protección de la administración española quedaría muy limitada. Desde el ámbito financiero se advierte de que, hoy por hoy -la ley estadounidense entra en vigor en 2013 y tendrá efectos prácticos de manera sucesiva en los años siguientes, según los casos-, "la empresa que no firme Facta está muerta en el mercado financiero estadounidense". En cualquier caso, la banca ve en el futuro acuerdo con Washington un paso adelante. Quizá no sin cierta ironía, el portavoz de los inspectores de Hacienda, Francisco de la Torre asegura estar "sorprendido" ante el interés mostrado por las entidades españolas en cumplir con Fatca, cuando, en cambio, son "totalmente reacias" a identificar a sus clientes en otros ámbitos. El comentario del inspector llega después de que el pasado martes NEGOCIO hiciera públicos los intentos empresariales para levantar el cerco de Hacienda contra la colocación de deuda sin identificación del bonista. El futuro acuerdo incluye, por otra parte, el compromiso de los cinco países para mejorar Fatca de la mano de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, de manera que la polémica ley se pudiera adaptar "a medio plazo" a un modelo común de intercambio automático de información de acuerdo con el estándar internacional. A la inversa De momento, las agencias tributarias de España, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia obtienen una cierta contraprestación en el futuro acuerdo: EEUU también remitirá de forma automática la información sobre cuentas estadounidenses en manos de residentes en estos cuatro países. Según De la Torre, este principio de reciprocidad puede resultar "útil" a los inspectores españoles, al aumentar la información sujeta a un intercambio automático. Otras fuentes consultadas no lo ven de igual forma. Apuntan que, por ejemplo, a España lo que realmente le interesaría obtener es la información de un nacional que invierte en EEUU a través de un paraíso fiscal, datos que, previsiblemente, no entran en este futuro acuerdo. Además, remarcan que las entidades de EEUU no se enfrentan a castigo alguno por no facilitar este principio de reciprocidad, de manera que la situación de la banca, a un lado y otro del Atlántico, es manifiestamente desigual.