Bruselas propone elevar un 36,42% los impuestos especiales del gasóleo.

Más voracidad fiscal, camuflada bajo la piel de cordero de las ecotasas. La Comisión Europea presentó ayer una propuesta legislativa para modificar la Directiva de 2003 sobre fiscalidad de la energía, que en España se aplica a través del impuesto especial sobre hidrocarburos y el impuesto sobre ventas minoristas. Como el lunes adelantó "El Economista", subirán los impuestos sobre el gasóleo, el gas natural, el gas licuado y el carbón. La gasolina no variará, y los biocarburantes saldrán ganando. Según Bruselas, el impuesto mínimo sobre el gasóleo en toda la UE pasará de los actuales 330 euros por cada mil litros, a 412 euros en 2018. Cada estado del club será libre de ir más arriba, pero nadie podrá mantenerse por debajo del listón armonizado. Este gravamen sobre el gasóleo está actualmente en España en 331 euros por mil litros. Así que el alza para el bolsillo de los consumidores españoles será de 8 céntimos por litro, y el tributo subirá un 24,47 por ciento. Camiones, autoacares y taxis sufrirán un aumento aún mayor: Bruselas propone suprimir el gasóleo profesional y que paguen igual que los particulares. De modo que su cruz pasaría de los actuales 302 euros por mil litros a los 412 euros en 2018, un 36,42 por ciento más. El alza del gasóleo ha alarmado, entre otros, a los fabricantes alemanes de automóviles. Y ha provocado el rechazo del Gobierno de Alemania. Bruselas argumenta que los motores diesel consumen menos, y seguirán siendo rentables para los consumidores que recorran distancias largas. El impuesto especial sobre la gasolina será el mismo: 359 euros por mil litros ahora y en 2018. El queroseno pasará de 330 euros por mil litros a 386 en 2018. El gas licuado pasará de 125 euros por mil kilogramos a 501 euros, lo que supone multiplicar por cuatro. Y el gas natural pasará de 2,6 euros por gigajulio a 10,8 euros, también cuatro veces más caro. El propósito es equiparar la fiscalidad de todos los combustibles -gas, carbón, gasolina, gasóleo y biocarburantes-, que dejarán de ser gravados en función de la cantidad consumida. A cambio, soportarán 20 euros por tonelada de CO2 emitida para penalizar a los más contaminantes como el carbón; además de un segundo tramo según su contenido energético: 9,6 euros por cada gigajulio. La Comisión Europea se esforzó ayer en presentar la cara más amable de su propuesta. La reforma no se aplicará antes de 2013 ó 2014, y se introducirá escalonadamente hasta 2023 para dar tiempo a adaptarse a los sectores implicados. Quedan fuera el grueso de la industria, la aviación y el sector marítimo que están o estarán en breve sometidos al sistema de coemrcio de emisiones de CO2. Sí afectará al transporte por tierra y a las calefacciones: cada Estado será libre de aplicar o no una exención total a los hogares. A los agricultores, hasta ahora exentos en España del impuesto sobre hidrocarburos, se les perdonará parte del aumento si ejecutan planes alternativos para reducir su emisión de CO2. La propuesta debe aún ser renegociada por los Gobiernos nacionales y el Parlamento Europeo, y aceptada por unanimidad: todo país puede vetarla. Bruselas recomienda que los Estados aprovechen el aumento de recaudación para rebajar los impuestos sobre las rentas del trabajo y las cotizaciones sociales.