Bruselas ataca el régimen fiscal español de no residentes

La deducibilidad del fondo de comercio financiero que aprovechaban las empresas para su crecimiento orgánico en Europa, el céntimo sanitario que viene reforzando las arcas autonómicas y ahora le toca el turno a un viejo protagonista de las peleas tributarias entre Bruselas y Madrid. La Comisión Europea lanzó ayer dos dictámenes motivados -segunda fase del procedimiento de infracción del Tratado de la Unión - contra España por los blindajes creados para evitar el fraude a Hacienda por parte de nacionales que dejan de serlo a efectos fiscales, y por el diferente trato que reciben los no residentes frente a los residentes en diversas rentas. Recientemente, la Comisión ya había ganado a Madrid una importante batalla en materia de discriminación de extranjeros frente a nacionales con motivo de las diferencias existentes en la tributación de los fondos de pensiones. Ahora Bruselas va mucho más allá, poniendo, según fuentes expertas consultadas, en auténtica tela de juicio el propio modelo de fiscalidad diseñado desde hace años en nuestro país para los no residentes. Como marcan las reglas europeas en estos casos, España cuenta con dos meses para revisar la normativa criticada por el Ejecutivo comunitario o, en caso contrario, iniciar una pugna que, previsiblemente, acabaría en el Tribunal de Justicia de la UE. Por un lado, Bruselas se queja del llamado "impuesto de salida" español, una figura -similar a la de otros estados miembros - mediante la cual, como explica la Comisión, los contribuyentes nacionales que transfieran su residencia fiscal al extranjero están obligados a registrar y liquidar impuestos por todos los ingresos pendientes de imputar en el momento en que se produce el cambio de residencia. El último peaje. El Ejecutivo comunitario contrapone este modelo al existente en "disposiciones especiales" que contemplan la posibilidad del diferimiento de impuestos, en lugar de gravar los ingresos en el momento en que se perciben. Es aquí donde la Comisión Europea entiende que España "penaliza" a aquellas personas que optan por abandonar el país. Al darles un trato menos favorable que a aquellos que permanecen fiscalmente en el territorio nacional, explica Bruselas, se les puede "disuadir" de ejercer su derecho a la libre circulación dentro de la UE, vulnerando, por tanto, el Tratado. Según las fuentes consultadas, dos ejemplos calaros de los regímenes que Bruselas considera una barrera a la salida son el de las operaciones a plazo -en las cuales la tributación de las plusvalías se va aplicando en cada periodo de cobro - y el de las plusvalías por fondos de inversión. En este segundo caso, un contribuyente que permanezca no deberá pagar al Fiscal por sus ganancias mientras reinvierta en otro fondo, pero esa cadena de diferimiento se rompe cuando el inversor abandona el país. El otro procedimiento contra España al que Bruselas dio ayer un espaldarazo habla de "discriminación" hacia los no residentes que operan en nuestro país sin establecimiento permanente. El régimen español les exige impuestos por sus rentas brutas y no por las netas. En el caso concreto de las plusvalías la Comisión reconoce que Hacienda ha hecho por evitar diferencias, pero subraya que las mantiene para ciertos supuestos como, por ejemplo, -apuntan las mismas fuentes - los coeficientes reductores de tributación en IRPF, que sólo benefician al nacional. En Hacienda aseguran que el Gobierno lleva "meses" intercambiando documentación con Bruselas para justificar los regímenes cuestionados por la Comisión, y se muestran prudentes, pero optimistas.