Así son las reformas laboral y de pensiones que el Gobierno plantea en Bruselas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha remitido esta semana a la Comisión Europea las dos últimas grandes reformas pendientes de enviar de la treintena de iniciativas y/o proyectos de inversión con los que pretende abrir la espita del fondo europeo de recuperación y acceder a los 140.000 millones que le corresponden a España entre ayudas directas y créditos. Eso sí, a cambio de una clara condicionalidad económica, admitida a regañadientes por el Ejecutivo. Esas dos reformas rezagadas son la del mercado laboral y la del sistema público de pensiones, dos cuestiones de gran calado y muy espinosas. Primero, porque son dos de las grandes exigencias de Bruselas, que vigilará los cambios con lupa.

Y segundo, porque hay diferentes intereses y sensibilidades en juego, tanto en el seno del propio Gobierno de coalición, donde el PSOE tiene que hilar muy fino para esquivar el rechazo de su socio, Unidas Podemos, como en el ámbito socioeconómico ante la promesa del Ejecutivo de pactar esos cambios con los agentes sociales, en un contexto en el que los sindicatos ya han anunciado sus primeras movilizaciones contra Sánchez.

Reformas genéricas

En este escenario, de arenas movedizas para el Gobierno socialista, los documentos remitidos a Bruselas y trasladados a los agentes sociales, a los que ha tenido acceso EXPANSIÓN, representan un planteamiento genérico, un compendio de las líneas maestras del pacto de coalición (sobre todo en el ámbito laboral, donde Podemos sigue exigiendo la derogación completa de la reforma de 2012), con una redacción medida pero cuestiones poco detalladas. Justo lo contrario de lo que pide el Ejecutivo comunitario, al que la música del plan de recuperación y reformas que el lunes presentó ante Bruselas la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, le sonó bien, pero reclamó más concreción en los “detalles, fechas, objetivos y metas”. He aquí las principales propuestas remitidas por el Ejecutivo a sus socios comunitarios.

Reforma del mercado laboral

En el marco de la reforma laboral, con la que el Ejecutivo de Sánchez promete un mercado de trabajo “dinámino, resiliente e inclusivo”, el Gobierno contempla una inversión pública de 2.400 millones en 2021-2023 y un conjunto de 17 reformas, “la mayoría de las cuales deben ser abordadas en el marco del diálogo social”. Mientras que Podemos insiste en una contrarreforma integral de los cambios introducidos por el Gobierno de Rajoy, el PSOE insiste en derogar solo sus aspectos más lesivos, consciente de que la UE no vería con buenos ojos una involución en el ámbito laboral. De hecho, en el año transcurrido de Gobierno de coalición solo dos aspectos del marco laboral anterior se han tumbado: el despido por la acumulación de bajas médicas y el despido objetivo por absentismo.

Negociación colectiva: convenio sectorial frente al de empresa. El Gobierno promete ante Bruselas la “modernización de la negociación colectiva”, abordando para ello la ultraactividad de los convenios, la “relación entre convenios sectoriales y de empresa”, fijando “mecanismos de consulta y negociación en los supuestos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo y el refuerzo de la representatividad de las partes negociadoras y la seguridad jurídica en su aplicación”. En esta difusa afirmación subyace la intención del Ejecutivo de devolver la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa, que le fue arrebatada en la reforma de 2012, reforzando así la capacidad negociadora de los sindicatos con independencia de la situación particular de cada compañía.

Generalizar los contratos indefinidos y penalizar los temporales. Una de las exigencias recurrentes de Bruselas es acabar con la dualidad laboral, un mal endémico del mercado español. Para ello, el Gobierno plantea simplificar las modalidades de contrato, generalizando la contratación indefinida y “devolviendo la causalidad al contrato temporal, adecuando la regulación de los contratos de formación y prácticas y revisando la aplicación del contrato fijo-discontinuo”. Esto es, se sugiere un endurecimiento de las condiciones de acceso a estos modos de contratación. De hecho, el Ejecutivo admite abiertamente su intención de penalizar “el uso excesivo de contratos de muy corta duración”. Es más, en el marco de esta ofensiva contra la temporalidad, el Ejecutivo proyecta revisar las subvenciones y bonificaciones a la contratación, que representan el 25% del gasto en políticas activas de empleo y que, asegura, “tienen una eficacia limitada”, reorientándolas hacia la empleabilidad de los parados “y siempre para contratos indefinidos”.

ERTE permanentes. El documento trasladado a los agentes sociales y enviado a Europa recoge también la intención del Ejecutivo de convertir los ERTE en una herramienta estructural, un “modelo permanente” para evitar que cada crisis se traduzca en despidos masivos. Eso sí, diseñando nuevos mecanismos para hacer frente a su financiación, con la creación de un Fondo tripartito para afrontar el pago de las prestaciones y la compensación de las cotizaciones de los trabajadores en ERTE, en un contexto en el que actualmente hay más de 750.000 personas en esa situación. El propio ministro de Inclusión y Seguridad Social, Jose Luis Escrivá, cifró ayer en 5.000 millones el coste de prorrogar los ERTE hasta el próximo 31 de mayo.

Golpe a la subcontratación. El Ejecutivo prepara un duro golpe para la subcontratación. Con el argumento de evitar una merma de los “estándares laborales de los trabajadores de las empresas subcontratistas”, asegura que desicentivará “los supuestos en los que es un mero instrumento de reducción de costes”. Su intención es “avanzar hacia la equiparación entre trabajadores subcontratados y reforzar la responsabilidad de las empresas contratistas o subcontratistas”. Una medida de gran trascendencia, ya que puede poner en jaque modelos de negocios basados en determinadas prestaciones de servicios.

Regulación de los repartidores. El Gobierno instó ayer a la patronal y a los sindicatos a cerrar un acuerdo para llevar la reforma a un próximo Consejo de Ministros. Se trata de la regulación del sector de los repartidores a domicilio de grandes plataformas digitales como Uber, Deliveroo o Glovo. Su objetivo, es “garantizar un trato justo y equitativo en materia de condiciones de trabajo”, dando acceso “a protección social y formación a estas personas”, también conocidas como riders. Las plataformas digitales deben ajustarse al marco laboral español y a la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que ha considerado falsos autónomos a los repartidores. También se trata de saber cuántas empresas hay en el sector, con el control de los algoritmos, con un observatorio del sector.

Teletrabajo, digitalización del SEPE y otras medidas. En el catálogo de reformas del Gobierno figuran algunas ya implementadas, como la del teletrabajo, que permite a empresas y empleados pactar el trabajo a distancia; además de otras muchas medidas sin demasiada concreción, como la modernización y digitalización del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE); el refuerzo de la formación para el empleo, medidas para cerrar la brecha de género, o la revisión de la Estrategia Española de Activación para el Empleo y su aprobación para el periodo 2021-2024.

Reforma de las pensiones

Y si el Gobierno ha hecho un notable ejercicio de equilibrismo en la reforma laboral comunicada a los agentes sociales y a Europa, no menos contemporadizadora ha sido su propuesta para reformar el sistema público de pensiones, donde pisa con pies de plomo para atemperar los ánimos de los sindicatos y no tensar su relación con Podemos.

Ampliación del periodo de cálculo. Así, en la propuesta remitida al Ejecutivo comunitario no figura la eventual ampliación de 25 a 35 años del periodo de cómputo para la jubilación, una de las principales de medidas de ahorro contempladas en la reforma con la que el Gobierno promete apuntalar “la sostenibilidad financiera del sistema en el corto, medio y largo plazo”. El propio Escrivá aseguró ayer que la ampliación del periodo de cálculo de 25 a 35 años es una medida que “ni ha existido ni va a existir”, mientras que el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, celebró esa omisión como “una victoria de la sociedad” al interpretar que en la propuesta “enviada por Moncloa a Bruselas, finalmente no haya ninguna propuesta de recorte”. A pesar de estas afirmaciones y de la ausencia de cualquier referencia temporal, el texto enviado a Bruselas deja claro que ésa es la dirección en la que quiere avanzar el Gobierno socialista (no así Podemos, que se opone porque la ampliación del periodo de cálculo supondría en la práctica un recorte). “Se plantea ampliar y adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora por encima de los actuales de manera progresiva junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas en la carrera profesional”, reza el documento, que aún lo expresa más claramente: “La posibilidad de ampliar el periodo de cálculo de la pensión, permitiendo simultáneamente descartar los años” más negativos de cara a la futura prestación. En este sentido, el Gobierno anticipa que esta reforma “iría en paralelo con una revisión del procedimiento actual de integración de lagunas de cotización, que es inadecuado para las carreras más intermitentes, especialmente asociadas a la temporalidad”.

Destope gradual de las cotizaciones. En una larga perífrasis argumentativa, el documento del Gobierno apunta hacia un destope gradual de las cotizaciones sociales, mediante una “adecuación de la base máxima de cotización del sistema” que cree necesaria porque el “aumento de los salarios en la cola superior de la distribución no es adecuadamente trazado por la mera indexación de la base máxima del sistema al IPC y requiere de una adaptación que tenga en cuenta la evolución de toda la distribución”. En otras palabras, a juicio del Gobierno, el incremento periódico de la base máxima de cotización (que en 2019 y 2020 se situó en 4.070 euros mensuales o 48.841 anuales y que este año se han congelado ahí por la crisis) no es suficiente, lo que augura subidas en el futuro. En 2013 y 2014, el Gobierno de Rajoy elevó la base máxima un 5% en cada ejercicio, hasta situarse al final del periodo en 3.597 euros mensuales. En 2015, la aumentó otro 0,25% y en 2016 un 1% más, dejándola en 3.642 euros. En 2017 la incrementó un 3%, hasta los 3.751,2 euros, cuantía que se mantuvo en 2018.

Traspaso al Estado de los “gastos impropios”. Se refiere a aquellas partidas de gasto que no están directamente vinculadas con las pensiones de jubilación (prestaciones no contributivas, reducciones de cuotas, políticas de apoyo a familias o gastos de funcionamientos). El Ejecutivo quiere que sea el Estado el que asuma estas partidas de gasto “impropio”, que según sus cálculos asciende a 20.000 millones de euros, “de los que tres cuartas partes han sido ya asumidos en los Presupuestos para 2021”. El Gobierno estima que en 2023 se producirá la asunción completa de estos gastos, que han contribuido a que la deuda de la Seguridad Social se disparase en noviembre pasado por encima de los 85.000 millones.

Subida con el IPC. El Gobierno insiste en vincular la revalorización de las pensiones con la inflación, por lo que su intención es derogar definitivamente el factor de revalorización del Ejecutivo de Rajoy, que durante cinco años (2014-2018) limitó el alza de las pensiones a un 0,25% anual. Así, anticipa un “replanteamiento del mecanismo de revalorización que permita garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante una fórmula que la vincule con el IPC y que simultáneamente evite la necesidad de reducciones nominales en el eventual caso de que se produjeran ganancias puntuales de poder adquisitivo, por inflación negativa, por ejemplo”. En este contexto, no verá la luz el factor de sostenibilidad aprobado en 2013 por el gabinete de Rajoy, aunque su entrada en vigor se pospuso a 2023. El Gobierno de Sánchez quiere sustituir este factor, que vinculaba la pensión con factores como la esperanza de vida o la evolución de las cuentas públicas y de la economía, por un “mecanismo de equidad intergeneracional” cuyos parámetros fundamentales serán “objeto de revisión periódica en función de la evolución de la demografía y del equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista”.

Alinear la edad efectiva de jubilación con la edad legal. Otro de los objetivos del Gobierno es hacer converger “la edad efectiva de jubilación con la edad legalmente establecida”. Asimismo, anticipa la creación de incentivos para espolear el retraso de la edad jubilación, lo que hará precisos “cambios en el sistema de coeficientes reductores de la jubilación anticipada para eliminar distorsiones, incluyendo su carácter regresivo, y racionalizar el recurso a esta modalidad”. El Ejecutivo anticipa además beneficios para las empresas que mantengan en sus plantillas a esos trabajadores mayores “y se fomentará su capacitación permanente para mejorar su empleabilidad”.

El documento también recoge otras reformas, como la revisión de los sistemas complementarios de pensiones “con el fin de impulsar los planes de pensiones de empleo en el ámbito de la negociación colectiva, preferentemente sectorial “. 

Fuente: EXPANSION