Asesores dudan de que la “amnistía fiscal” cumpla el objetivo del Gobierno

Los despachos de asesores fiscales han intensificado su trabajo desde finales de verano por un motivo muy concreto. La amnistía fiscal decretada por el Gobierno para regularizar rentas y dividendos en el extranjero para el periodo 2008-2010 concluye dentro de 10 días, y todo apunta a que el Ejecutivo no va a llegar a su objetivo recaudatorio de 2.500 millones de euros. Esa es al menos la opinión de Joan Pons, secretario general de la Asociación Europea de Asesores Financieros (EFPA). "Los cálculos del Gobierno fueron demasiado optimistas", señala Pons (también socio de la consultora fiscal Lintax), quien apunta dos motivos para explicar su postura: primero, que el gravamen del 10% fijado para la regularización se aplica sólo a las rentas brutas obtenidas de la cifra que pretenden legalizar (lo que disminuye la posible recaudación); y segundo, que la medida no se aplica a patrimonios prescritos y a otros impuestos, como donaciones o sucesiones, que plantea, además, dudas jurídicas. Caso práctico: si una persona cuenta con un patrimonio en Suiza de dos millones de euros desde 2008 que quiere regularizar y que le ha generado 100.000 euros de rentas, dicha persona sólo tendrá que pagar 10.000 euros, y no 210.000 euros (el 10% de la cantidad total) para estar en paz con la Agencia Tributaria. El patrimonio anterior a 2008 se considera prescrito. Pero el Gobierno sigue insistiendo en que se llegará al objetivo, a pesar de que fuentes del sector de asesoría fiscal aseguran que el Ejecutivo "está recaudando muchísimo menos" de lo que tenía previsto el 30 de marzo, cuando dio luz verde al proceso. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, señaló ayer que el 80% "de los clientes de los intermediarios que están operando con el mecanismo (de regularización)" ya está tramitando la regularización extraordinaria, de la que no se contempla ninguna prórroga. Hasta el último minuto El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget), Juan José de los Mozos, explica que han detectado que la inmensa parte de los interesados en regularizar rentas y dividendos del exterior han estado estudiando el decreto ley desde el verano y esperando a que se aclarara la letra pequeña antes de tomar una decisión. "Casi nadie ha optado por la regularización desde antes del verano -continúa- y muchos tomarán la decisión definitiva en el último momento". De los Mozos puntualiza que el proceso de regularización puede llevar a los dueños de grandes fortunas a plantearse un cambio definitivo de residencia iscal o de sus principales unidades de negocio, sobre todo aquellos con rentas superiores a los 500.000 euros, a otros lugares con una tributación menos gravosa para sus rentas. Incurrir en delito fiscal El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, advirtió ayer de que la consecuencia para quienes no regularicen su situación podría ser que incurrieran en posible delito iscal. También tendrían que pagar el tipo marginal máximo de IRPF, que ronda el 50% del valor de los activos conflictivos; así como el pago de una sanción del 150% de la cuantía del impuesto a pagar, y los intereses correspondientes de cuatro años como máximo plazo. Hacienda sólo había recaudado 50,4 millones hasta julio por la amnistía.